El Canal de Isabel II ha fracasado en su expansión nacional (a Lanzarote y Cáceres) e internacional (a Brasil, República Dominicana, México o Colombia), generando unas pérdidas multimillonarias que hacen aconsejable reconducir la situación a la mayor velocidad posible. Así se recoge en un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS que insta a la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, junto al Metro, a “en la medida de lo posible, acelerar la enajenación de las entidades radicadas en Iberoamérica, particularmente de aquellas que generan gastos” y a “procurar que las concesiones de Lanzarote y de Cáceres alcancen el equilibrio financiero”. Es el último clavo en el ataúd de un proyecto diseñado en la época del boom de ladrillo, investigado judicialmente por las mordidas cobradas en el caso Lezo de corrupción, y descartado por la propia empresa tras largos años de pérdidas, conflictos jurídicos con las autoridades americanas y pleitos pendientes de resolución en organismos de arbitraje internacional. Un fracaso que el gobierno intenta aminorar con la promesa de ingresos por ventas y laudos favorables.
Un informe refleja el fracaso de la expansión de la empresa pública, salpicada por el ‘caso Lezo’ de corrupción y que el PSOE exige investigar en la Asamblea
El Canal de Isabel II ha fracasado en su expansión nacional (a Lanzarote y Cáceres) e internacional (a Brasil, República Dominicana, México o Colombia), generando unas pérdidas multimillonarias que hacen aconsejable reconducir la situación a la mayor velocidad posible. Así se recoge en un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS que insta a la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, junto al Metro, a “en la medida de lo posible, acelerar la enajenación de las entidades radicadas en Iberoamérica, particularmente de aquellas que generan gastos” y a “procurar que las concesiones de Lanzarote y de Cáceres alcancen el equilibrio financiero”. Es el último clavo en el ataúd de un proyecto diseñado en la época del boom de ladrillo, investigado judicialmente por las mordidas cobradas en el caso Lezo de corrupción, y descartado por la propia empresa tras largos años de pérdidas, conflictos jurídicos con las autoridades americanas y pleitos pendientes de resolución en organismos de arbitraje internacional. Un fracaso que el gobierno intenta aminorar con la promesa de ingresos por ventas y laudos favorables.
¿A cuánto asciende el agujero económico? La Cámara de Cuentas detecta 90 millones de euros de pérdidas acumuladas a 2024 solo en la empresa brasileña Emissão. Pero el agujero económico es mucho mayor, y supera fácilmente los 100 millones, según calcula la oposición y se deduce de que el informe apunte también pérdidas acumuladas en Canal Extensia, o en la Triple A dominicana. El Canal no da una cifra exacta para la madeja que forman sus empresas, y se remite a la información publicada en su página web.
“Tal y como señala el propio informe de la Cámara de Cuentas, el Grupo se encuentra ejecutando un proceso de reordenación y desinversión internacional de forma ordenada, jurídicamente sólida y orientada a la protección de los intereses de la Hacienda Pública madrileña”, explica un portavoz de la compañía. “Las operaciones en Brasil se mantienen fundamentalmente para agotar las reclamaciones judiciales contra entidades públicas brasileñas, con un valor total reclamado superior a 65,5 millones de euros aproximadamente”, precisa. “Estos procesos se encuentran en distintas fases y su resolución favorable (en algún caso ya en segunda instancia) podría representar una recuperación significativa para la empresa”.
Esto contraponen en la oposición. “Ante lo que desnuda este informe cabe exigir la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para depurar responsabilidades políticas por el fracaso de las inversiones iberoamericanas y la gestión de la concesión de Lanzarote. No puede ser que estas pérdidas no tengan ningún responsable”, lamenta Diego Cruz, diputado del PSOE especializado en esta empresa pública. “¿Dónde estaban los consejeros del PP?“, se pregunta sobre la formación que sostiene al gobierno desde 1995. Y se contesta: ”Fue este partido quien modificó la ley en 2012 para eliminar la autorización previa del Consejo de Gobierno. Fue su desregulación la que permitió este desastre. El dinero que debía invertirse en mejorar el agua en Madrid se dilapidó en Brasil, Colombia, Perú, Panamá y República Dominicana».
2001. Alberto Ruiz-Gallardón preside la Comunidad de Madrid. Las empresas públicas de la región (también el Metro) se ponen a hacer negocios en el extranjero. Y el Canal compra Inassa, en Colombia, para apuntalar su internacionalización, que le lleva hasta Brasil, Ecuador, República Dominicana, México o Uruguay.
El escándalo estalla en 2017, cuando el caso Lezo explota con la detención de Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública. Casi un decenio después, el expresidente regional está a la espera de juicio por presuntamente haberse repartido más de cuatro millones de euros en mordidas logradas a través del sobreprecio pagado por la compra de la compañía brasileña Emissao. El proceso de compra se dilató entre 2012 y 2014, cuando González estaba al frente de la Comunidad de Madrid.
En paralelo, esta empresa está al borde de la quiebra, según dos auditorías entregadas por Ernst & Young al gobierno regional, y adelantadas por EL PAÍS, pues se enfrenta a “una incertidumbre material que podría generar una duda significativa acerca de la capacidad de la Compañía para continuar en operación”.
Finalmente, el Canal, que perdió un contrato millonario en Santo Domingo (República Dominicana) por “lesionar” los intereses estatales, está pendiente de una reclamación en la Corte de Arbitraje contra el Gobierno de Colombia por la expropiación de una filial del Canal de Isabel II aplicando una ley antinarco. El laudo correspondiente no llegará, como pronto, hasta finales de 2027, según documentación de la propia empresa.
Fiasco en Lanzarote
Ese es uno más de la larga lista de fiascos que recogen en detalle las últimas cuentas anuales publicadas por la empresa, y correspondientes a 2024. Hay pleitos de distinto tipo en España, Uruguay, Brasil, Panamá o Perú. Se busca el reequilibrio económico de la concesión de la gestión del agua de Cáceres (Extremadura), vigente hasta 2039. Y Canal Gestión Lanzarote también está en problemas. Esta última concesión comenzó en 2013 y debe terminar en 2043. Pero lleva años siendo un auténtico quebradero de cabeza para los gestores de la empresa pública, según se desprende del informe del órgano fiscalizador.
“Desde su inicio, se han venido poniendo de manifiesto las dificultades para el cumplimiento de la senda financiera prevista al momento de la obtención de la concesión del Consorcio de Aguas de Lanzarote”, reconoce la Cámara de Cuentas sobre un negocio que, señala, debía haber empezado a dar beneficios a partir de los ejercicios 2020-2021. “Tales previsiones han demostrado no ser realistas, lo que, además, coincide con el incumplimiento del pactado incremento de tarifas”, sigue el ente fiscalizador. “De esta forma, la Concesión ha entrado en pérdidas recurrentes”, añade. Y remata: “En fin de 2024, la deuda con el Canal ascendía ya a 145 millones de euros. Por otra parte, en el ejercicio 2024, se firmó una nueva adenda al préstamo participativo por la que se elevó el importe máximo del mismo a 184 millones de euros, lo que (…) grava a la matriz con unas obligaciones financieras elevadas en un momento en el que la acentuación de las exigencias medioambientales de la Unión Europea exige fuertes inversiones en la Comunidad de Madrid”.
Es un mensaje que suena como una suerte de zapatero a tus zapatos. Al Canal le toca volver a concentrarse en la región capital de España.
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