Dejar de realizar excursiones o convivencias el próximo curso es una de las amenazas de los docentes que más titulares está generando. El colectivo sabe que no solo se puede vivir de huelgas y manifestaciones para lograr mejoras laborales y ha optado por innovar en el catálogo de medidas de presión. Enviar los informes de evaluación sin completar, no realizar fiestas de final de curso, dejar de publicar en las redes sociales o vestir de amarillo todos los miércoles son algunas de las iniciativas que se están planteando y, de hecho, algunas ya se están aplicando.
Los docentes buscan extender el conflicto a otros sectores económicos para forzar la reacción del Govern
Dejar de realizar excursiones o convivencias el próximo curso es una de las amenazas de los docentes que más titulares está generando. El colectivo sabe que no solo se puede vivir de huelgas y manifestaciones para lograr mejoras laborales y ha optado por innovar en el catálogo de medidas de presión. Enviar los informes de evaluación sin completar, no realizar fiestas de final de curso, dejar de publicar en las redes sociales o vestir de amarillo todos los miércoles son algunas de las iniciativas que se están planteando y, de hecho, algunas ya se están aplicando.
Los impulsores de la iniciativa de dejar de hacer excursiones -centros del Maresme, pero que ya suscriben más de 500– admiten que la propuesta no busca perjudicar a los alumnos, sino que lo ven como una medida de presión, ya que afectando a sectores económicos como los autocares o las casas de colonias, esperan que el Govern reaccione y reinicie las negociaciones para lograr mejoras laborales y de las condiciones en las aulas.
El boicoteo a las salidas no surgió de ningún sindicato, sino de las asambleas de docentes. Igual que otra de las acciones que algunas familias notaron antes de las vacaciones de Samana Santa: recibir boletines de notas incompletos o sin comentarios personalizados del tutor. Los centros aseguran que se trata de una medida de protesta “por el exceso de carga burocrática”, una de las quejas del colectivo desde hace años y que los ha llevado a salir a la calle en huelgas masivas en febrero y marzo, junto a la reivindicación de la subida salarial, la reducción de ratios o más plantilla para atender a los alumnos con necesidades.
“Se trata de medidas de los docentes, que no han salido de los sindicatos, pero que se han extendido rápidamente”, admitía este jueves la portavoz del sindicato mayoritario Ustec, Iolanda Segura. De hecho, Ustec se ha encargado de aglutinar estas ideas en una especie de guía con una veintena de “acciones de resistencia”. Además de las mencionadas anteriormente, se propone dejar de renovar licencias con editoriales o con empresas como Innovamat, enviar a las familias una carta pidiendo su apoyo, dejar de hacer tutorías a los alumnos de universidad que realizan las prácticas en escuelas, colgar carteles reivindicativos y hacer manifiestos y mociones buscando el apoyo de ayuntamientos y de las asociaciones de familias.
De hecho, se trata de medidas que causan diferencia de opiniones entre las familias. Más de un centenar de AFAs ya se han adherido a un manifiesto impulsado por los docentes para que estas asociaciones den su apoyo a las huelgas educativas. Pero otras no entienden que las reivindicaciones de los docentes acaben perjudicando a sus hijos.
La proliferación de estas medidas de presión, que se pueden hacer notar especialmente hacia final de curso, empieza a preocupar al Departamento de Educación. La consejera Esther Niubó, que acaba de reincorporarse al cargo tras dos meses de baja por un cáncer de timo, se ha pronunciado este jueves sobre las acciones que afectan especialmente a la evaluación. “Confío en la profesionalidad de los docentes y que no se colapsará el sistema”, ha asegurado en una entrevista a SER Catalunya. Asimismo, Niubó ha apelado a mantener las escuelas “como espacios de convivencia”, y evitar así “casos puntuales de señalamiento” entre representantes de sindicatos opuestos o implicar a las criaturas en las reivindicaciones (por ejemplo, haciéndolas vestir de amarillo, el color que simboliza la lucha educativa). “Se puede hablar en clase de la situación de la educación, pero si se va más allá se corre el riesgo de romper la convivencia porque las familias pueden pensar de distinta forma”, ha apuntado.
Los sindicatos no dudan de que estas medidas de presión irán a más si no se resuelve el conflicto educativo; y de momento no da visos de hacerlo. Tras su reincorporación, Niubó ha iniciado esta semana una ronda de contactos con sindicatos, directores, asociaciones de familias o entidades pedagógicas. Ante los sindicatos mayoritarios ha defendido el pacto firmado hace un mes con CC OO y UGT, minoritarios en el sector, y ha descartado reabrir las negociaciones. “No nos planteamos tocar el acuerdo, sino desplegarlo”, ha subrayado Niubó. La consejera considera que el pacto “es el mejor posible” y ha concretado que el próximo septiembre ya se notarán algunas mejoras: más manos para atender a alumnos con necesidades, no habrá sobrerratios en las aulas y se espera mejorar aplicaciones de gestión para que no colapsen. Antes, en este último trimestre, los docentes recibirán una paga extraordinaria de 800 euros, correspondiente al aumento del complemento autonómico mensual, congelado durante 25 años, y que se abonará en un solo pago. Por su parte, los sindicatos anunciarán en los próximos días nuevas movilizaciones si, efectivamente, no se reabren las negociaciones.
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