La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, han lanzado un nuevo pulso conjunto para endurecer la política migratoria europea. En una carta firmada por ambas dirigentes y publicada en sus redes sociales, relacionan explícitamente la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia y utilizan ese argumento para reclamar más expulsiones y la creación de centros de deportación en terceros países.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, publican un comunicado en el que afirman que los inmigrantes sin papeles cometen “delitos violentos”, “narcotráfico” y “violencia sexual”
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, publican un comunicado en el que afirman que los inmigrantes sin papeles cometen “delitos violentos”, “narcotráfico” y “violencia sexual”
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La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, han lanzado un nuevo pulso conjunto para endurecer la política migratoria europea. En una carta firmada por ambas dirigentes y publicada en sus redes sociales, relacionan explícitamente la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia y utilizan ese argumento para reclamar más expulsiones y la creación de centros de deportación en terceros países.
“Nadie puede negar los efectos negativos de la inmigración ilegal sobre nuestras sociedades”, sostienen Meloni y Frederiksen. Sin aportar fuentes, estadísticas o estudios que sustenten sus tesis, entre esos efectos citan el aumento de la criminalidad, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
A las dos jefas de Gobierno les une desde hace tiempo una llamativa sintonía política, especialmente en materia migratoria, acentuada tras la crisis desatada en Ceuta, pese a proceder de tradiciones ideológicas muy distintas. Meloni y Frederiksen fueron de las primeras mandatarias en pedir la suspensión temporal de España del espacio Schengen tras la entrada de miles de ciudadanos desde Marruecos a territorio ceutí el pasado 31 de julio.
Ahora, han vuelto a mostrar esa conexión para defender de nuevo un endurecimiento de las políticas migratorias de la UE y reclamar nuevas medidas para facilitar las expulsiones de migrantes en situación irregular.
Las dos mandatarias ponen un énfasis especial en los inmigrantes en situación irregular, “que carecen del derecho a permanecer en nuestros países” y que “cometen delitos violentos, trafican con drogas o son autores de agresiones sexuales”. Se trata de un vínculo entre inmigración y seguridad que se ha convertido en uno de los pilares de sus respectivos discursos políticos, aunque a menudo formulan estas afirmaciones sin aportar datos o estudios concretos que las respalden.
“Somos conscientes de que muchos podrían cuestionarse nuestra colaboración. Procedemos de posiciones políticas muy diferentes y, sin duda, no estamos de acuerdo en todo. Somos las dos únicas mujeres al frente de un gobierno en la UE. Una de nosotras dirige un gran país del sur; la otra, un pequeño país del norte. Pero nos une nuestro deseo de defender Europa”, se justifican.
En una carta que presentan como “un conjunto de reflexiones sobre el futuro de Europa, la seguridad de sus ciudadanos y la necesidad de defender nuestros valores y nuestro modo de vida”, ambas dirigentes defienden que Europa debe disponer de más instrumentos para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en territorio comunitario. En este sentido, reivindican los avances logrados para facilitar las deportaciones y reclaman ir un paso más allá con la creación de centros de retorno en países terceros, donde serían trasladados los inmigrantes pendientes de expulsión.
“Juntas hemos logrado modificar el equilibrio en la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos respecto a los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves. En consecuencia, ahora deberían aumentar las expulsiones”, señalan. Y agregan: “¿Y qué más podemos hacer ahora? Es necesario crear centros de repatriación en terceros países, así como otras soluciones innovadoras fuera de Europa. Estamos trabajando en ello con ahínco”.
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