Bruselas limitará los pisos turísticos, pero descarta los topes al alquiler como medida para aliviar los precios de la vivienda

La Comisión Europea presentará este miércoles su ley de vivienda asequible, que aguarda importantes restricciones para los pisos turísticos, tras años de imparable eclosión en todo el continente. El Ejecutivo europeo propondrá una regulación para permitir a los ayuntamientos y las comunidades autónomas poner coto a los alquileres de corta duración en segundas residencias y restringir la compra de vivienda por inversión, siempre que esté debidamente justificado en base a unos parámetros que definirán si un territorio se puede calificar como zona tensionada . En cambio, Bruselas ha descartado incluir entre su receta para resolver la crisis habitacional los límites a los precios al alquiler que se aplican en España, y así lo hace constar en el reglamento.El nuevo marco europeo, que será presentado mañana por la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, solo salvará de las limitaciones a los pisos turísticos a los arrendamientos que los anfitriones realicen en sus residencias principales y deja claro que en el reglamento no se contemplan normativas referidas al control de alquileres, beneficios fiscales, impuestos, normas de edificación, entre otros, según consta en el borrador de la norma al que ha tenido acceso este periódico.Pero no habrá barra libre para restringir los alquileres turísticos y la compra por inversión. Bruselas fijará unos parámetros comunes para que los estados miembros puedan considerar que una zona residencial está tensionada, unos requisitos bastantes más estrictos que los que se fijaron en la ley de Vivienda que el Gobierno sacó adelante en mayo de 2023. Para Bruselas, un territorio podrá ser intervenido cuando la media del precio de transacción de una vivienda sobre la renta disponible mediana sea igual o superior a 8; cuando este ratio haya aumentado a lo largo de los 10 años anteriores y cuando existan evidencias «objetivas» de que dicha tensión no remitirá en los próximos 3 años, analizando la dinámica poblacional y las tendencias de oferta y demanda de vivienda.Junto a ello, para poder intervenir el mercado, las autoridades locales y regionales también deberán demostrar que los servicios de alquiler de corta duración y la compra de viviendas para fines no residenciales de corta duración en la zona sometida a tensión han tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda en esa zona durante, al menos, los tres años anteriores a la adopción de la medida. Las medidas, en todo caso, deberán ser proporcionadas y limitarse a un ámbito territorial concreto, que puede incumbir a distritos, municipios, áreas metropolitanas o áreas urbanas funcionales. Además, las administraciones deberán demostrar que ninguna otra medida menos restrictiva sería igualmente «suficiente para mejorar de forma eficaz y rápida la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda». Además, las autoridades competentes deberán revisar las medidas restrictivas al menos cada 5 años y retirarlas «de inmediato» si dejan de cumplirse las condiciones, por lo que la vocación de las medidas tomadas nunca será permanente. Descontento de los propietariosLa norma, en principio, supone todo un varapalo para las plataformas de reservas como Airbnb y Booking porque permitirá a los ayuntamientos restringir la comercialización de los alquileres vacacionales sin temor a grandes demandas, y también para los propietarios con casas en en el mercado del alquiler de corta duración, aunque en algunos casos se ha acogido el texto con especial optimismo. Sucede con los propietarios en Barcelona, una de las ciudades donde el debate está más abierto. Al respecto, Apartur, patronal de los apartamentos turísticos en la ciudad, considera que el futuro reglamento europeo cuestiona la eliminación de los cerca de 10.000 pisos turísticos de Barcelona prevista para 2028. Según la asociación, el borrador comunitario exige que cualquier restricción se base en datos que acrediten un efecto negativo sobre la disponibilidad o el precio de la vivienda durante, al menos, los tres años anteriores. Las medidas deberán ser proporcionadas, limitarse a lo estrictamente necesario y adoptarse solo cuando no existan alternativas menos restrictivas, recuerdan. También deberán respetar la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de los titulares, hacerse públicas y revisarse cada cinco años. Apartur sostiene que estas condiciones no se cumplen en el Decreto-ley catalán 3/2023 y rechaza una eliminación generalizada que no distinga entre propietarios u operadores. La entidad recuerda que las restricciones al alquiler turístico no solucionan por sí solas la escasez estructural y deben acompañarse de más vivienda social, rehabilitación, movilización de inmuebles y agilización urbanística.Con todo, la aprobación de estas medidas no se efectuará de manera inmediata y necesitará meses para su validación definitiva, porque antes debe recibir también el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo. Este último aprobó en el primer trimestre del año una propuesta en materia de vivienda, pero basada en medidas fiscales y de reducción de la burocracia para agilizar la construcción de vivienda. Esas medidas también podrían aparecer mañana como parte de las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario quiere ofrecer -junto a la propuesta de regulación- a los estados miembro con el fin de solventar la crisis habitacional que asola a los países miembro de la Unión Europea. La Comisión Europea presentará este miércoles su ley de vivienda asequible, que aguarda importantes restricciones para los pisos turísticos, tras años de imparable eclosión en todo el continente. El Ejecutivo europeo propondrá una regulación para permitir a los ayuntamientos y las comunidades autónomas poner coto a los alquileres de corta duración en segundas residencias y restringir la compra de vivienda por inversión, siempre que esté debidamente justificado en base a unos parámetros que definirán si un territorio se puede calificar como zona tensionada . En cambio, Bruselas ha descartado incluir entre su receta para resolver la crisis habitacional los límites a los precios al alquiler que se aplican en España, y así lo hace constar en el reglamento.El nuevo marco europeo, que será presentado mañana por la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, y el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, solo salvará de las limitaciones a los pisos turísticos a los arrendamientos que los anfitriones realicen en sus residencias principales y deja claro que en el reglamento no se contemplan normativas referidas al control de alquileres, beneficios fiscales, impuestos, normas de edificación, entre otros, según consta en el borrador de la norma al que ha tenido acceso este periódico.Pero no habrá barra libre para restringir los alquileres turísticos y la compra por inversión. Bruselas fijará unos parámetros comunes para que los estados miembros puedan considerar que una zona residencial está tensionada, unos requisitos bastantes más estrictos que los que se fijaron en la ley de Vivienda que el Gobierno sacó adelante en mayo de 2023. Para Bruselas, un territorio podrá ser intervenido cuando la media del precio de transacción de una vivienda sobre la renta disponible mediana sea igual o superior a 8; cuando este ratio haya aumentado a lo largo de los 10 años anteriores y cuando existan evidencias «objetivas» de que dicha tensión no remitirá en los próximos 3 años, analizando la dinámica poblacional y las tendencias de oferta y demanda de vivienda.Junto a ello, para poder intervenir el mercado, las autoridades locales y regionales también deberán demostrar que los servicios de alquiler de corta duración y la compra de viviendas para fines no residenciales de corta duración en la zona sometida a tensión han tenido un efecto negativo sobre la disponibilidad o asequibilidad de la vivienda en esa zona durante, al menos, los tres años anteriores a la adopción de la medida. Las medidas, en todo caso, deberán ser proporcionadas y limitarse a un ámbito territorial concreto, que puede incumbir a distritos, municipios, áreas metropolitanas o áreas urbanas funcionales. Además, las administraciones deberán demostrar que ninguna otra medida menos restrictiva sería igualmente «suficiente para mejorar de forma eficaz y rápida la asequibilidad y disponibilidad de la vivienda». Además, las autoridades competentes deberán revisar las medidas restrictivas al menos cada 5 años y retirarlas «de inmediato» si dejan de cumplirse las condiciones, por lo que la vocación de las medidas tomadas nunca será permanente. Descontento de los propietariosLa norma, en principio, supone todo un varapalo para las plataformas de reservas como Airbnb y Booking porque permitirá a los ayuntamientos restringir la comercialización de los alquileres vacacionales sin temor a grandes demandas, y también para los propietarios con casas en en el mercado del alquiler de corta duración, aunque en algunos casos se ha acogido el texto con especial optimismo. Sucede con los propietarios en Barcelona, una de las ciudades donde el debate está más abierto. Al respecto, Apartur, patronal de los apartamentos turísticos en la ciudad, considera que el futuro reglamento europeo cuestiona la eliminación de los cerca de 10.000 pisos turísticos de Barcelona prevista para 2028. Según la asociación, el borrador comunitario exige que cualquier restricción se base en datos que acrediten un efecto negativo sobre la disponibilidad o el precio de la vivienda durante, al menos, los tres años anteriores. Las medidas deberán ser proporcionadas, limitarse a lo estrictamente necesario y adoptarse solo cuando no existan alternativas menos restrictivas, recuerdan. También deberán respetar la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de los titulares, hacerse públicas y revisarse cada cinco años. Apartur sostiene que estas condiciones no se cumplen en el Decreto-ley catalán 3/2023 y rechaza una eliminación generalizada que no distinga entre propietarios u operadores. La entidad recuerda que las restricciones al alquiler turístico no solucionan por sí solas la escasez estructural y deben acompañarse de más vivienda social, rehabilitación, movilización de inmuebles y agilización urbanística.Con todo, la aprobación de estas medidas no se efectuará de manera inmediata y necesitará meses para su validación definitiva, porque antes debe recibir también el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo. Este último aprobó en el primer trimestre del año una propuesta en materia de vivienda, pero basada en medidas fiscales y de reducción de la burocracia para agilizar la construcción de vivienda. Esas medidas también podrían aparecer mañana como parte de las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario quiere ofrecer -junto a la propuesta de regulación- a los estados miembro con el fin de solventar la crisis habitacional que asola a los países miembro de la Unión Europea.  

La Comisión Europea presentará este miércoles su ley de vivienda comunitaria, que aguarda importantes restricciones para los pisos turísticos, tras años de imparable eclosión en todo el continente. El Ejecutivo europeo propondrá una regulación para permitir a los ayuntamientos y las comunidades autónomas poner coto … a los alquileres de corta duración en segundas residencias y restringir la compra de vivienda por inversión, siempre que esté debidamente justificado en base a unos parámetros que definirán si un territorio se puede calificar como zona tensionada. En cambio, Bruselas ha descartado incluir entre su receta para resolver la crisis habitacional los límites a los precios al alquiler que se aplican en España, y así lo hace constar en el reglamento.

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