El Partido Popular trabaja en la configuración de un plan de rebajas fiscales urgentes para aliviar a corto plazo la situación financiera de las familias en el caso de que llegara a gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las medidas irían encaminadas a rebajar el coste del recibo de la luz, abaratar la factura de la cesta de la compra y reforzar el respaldo fiscal que el Estado reconoce a las familias con hijos a cargo y se estima que tendrían un impacto equivalente a una devolución fiscal de en torno a 800 euros por familia a lo largo del año 2027.La clave de bóveda y la medida más ambiciosa de ese paquete fiscal de emergencia ya ha sido planteada en alguna ocasión por los populares, como su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, recordó en una entrevista publicada la semana pasada en ABC: la mejora hasta el doble de su actual valor de los mínimos por descendientes del Impuesto sobre la Renta, que no se actualizan desde el año 2015 y que han contribuido al sobrecoste de en torno a 500 euros que año tras año soportan las familias por la negativa del Gobierno a adaptar las principales cifras del IRPF a la inflación, según las estimaciones realizadas por el Registro de Asesores Fiscales.En la práctica, la medida supone ensanchar para los padres con hijos a cargo la porción de su base imponible que no está sometida a tributación por entenderse que es el mínimo necesario para atender la manutención de sus descendientes. La propuesta del PP es elevar desde los 2.400 euros actuales a 4.800 euros el mínimo por el primer hijo -de 2.800 a 5.600 euros si es menor de tres años-; de 2.700 a 5.400 euros el mínimo por el segundo; de 4.000 a 8.000 euros la exención por el tercer hijo; y de 4.500 a 9.000 euros la base a tipo cero por el cuarto hijo y siguientes. El efecto no es menor. Un contribuyente con dos hijos pasaría de tener un mínimo exento de tributación de 10.650 euros, agregando su mínimo personal y los mínimos por hijos, a uno de 15.750 euros; y si uno de ellos fuera menor de tres años pasaría de 10.750 a 15.950 euros. En caso de un contribuyente con tres hijos mayores de tres años la exención pasaría de los 14.650 euros actuales a 23.750. El ahorro fiscal sería sustancial, de 630 euros para un contribuyente con dos hijos mayores de tres años, de 650 euros si uno de ellos fuera menor de tres y de cerca de 1.000 euros en el caso de un contribuyente con tres hijos.«La política fiscal del Gobierno ha perjudicado de forma muy especial a las familias con hijos», denunciaba Alberto Nadal en estas páginas y con esta medida lo que pretenden los populares es reconocer «de forma estructural el coste adicional que soportan los hogares con hijos». Calculan que la medida tendría un coste fiscal asumible para las arcas públicas, de unos 1.700 millones de euros.La luz y la compraMás allá de ese alivio estructural a las familias con hijos, el PP entiende que es urgente utilizar la política fiscal para contener dos de los focos de gasto que más están exigiendo a las economías domésticas: el recibo de la luz y la cesta de la compra.El PP está decidido a liquidar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que el Gobierno de Rajoy instauró en 2013 en un contexto de necesidad acuciante de recursos fiscales, pero que hoy ve como una figura obsoleta, que sin embargo el Gobierno actual se ha negado a eliminar. Según estimaciones realizadas por el sector eléctrico la existencia de este impuesto añade entre un 5% y un 6% de coste al recibo, por lo que su supresión supondría un ahorro de unos 5 euros mensuales y unos 70 euros al año por familia.Los populares entiende que las familias con hijos han sido uno de los colectivos más perjudicados por la política fiscal del Gobierno de Pedro SánchezEl tercer flanco es la cesta de la compra y la herramienta en que piensa el PP para actuar ahí es el IVA. Los populares entienden que mientras exista una presión inflacionista tan severa como la actual procede rebajar el tipo del IVA de los alimentos básicos, de la carne y el pescado al 0%, aprovechando, dicen, que España no necesitaría solicitar una excepción extraordinaria a Bruselas. Esta medida sería, eso sí, temporal y se aprobaría por tres meses a la espera de la evolución. El coste estimado para las arcas públicas es de 1.750 millones de euros por cada trimestre y el alivio para una familia tipo de cuatro miembros rondaría los 200 euros por trimestre.Giro en viviendaLa herramienta fiscal también será relevante en los planes que el PP tiene para acometer el acuciante problema de la vivienda. La promesa de Feijóo de facilitar la construcción de un millón de vivienda se acompañará de un plan para afrontar los acuciantes problemas de acceso a la vivienda en el corto plazo, que según datos del Banco de España mantienen a 750.000 familias que quieren tener una casa sin posibilidad de hacerlo por falta de oferta o capacidad financiera.Para resolver esta segunda contingencia el PP presentó hace un par de semana un plan fiscal que tiene como objetivo reducir en 26.000 euros las cargas fiscales que deben afrontar los jóvenes que toman la decisión de comprar. La idea es establecer fuertes bonificaciones (de hasta el 100%) en el IRPF para fomentar el ahorro para la vivienda, bajar del 10% al 4% el tipo de IVA aplicable y eximir las transferencias de recursos a familiares si estas son para adquirir una vivienda.Impulso a la colaboración público-privadaElevar el poder adquisitivo de las familias y facilitar el acceso a la vivienda son dos prioridades, pero hay otras en el plan económico del PP. Los populares entienden que la insuficiencia de conexiones eléctricas es ahora mismo «el principal cuello de botella para la actividad económica», en palabras de Alberto Nadal, y adoptarán medidas regulatorias para que en un plazo de 12 o 18 meses se resuelva ese atasco.También quieren recuperar el modelo concesional para el desarrollo de infraestructuras, como medida de choque para resolver el déficit generado en los últimos años sin poner en riesgo las cuentas públicas.Otro objetivo es cambiar el modelo de nombramientos para evitar la toma de órganos reguladores y empresas públicas por afines al Gobierno. El Partido Popular trabaja en la configuración de un plan de rebajas fiscales urgentes para aliviar a corto plazo la situación financiera de las familias en el caso de que llegara a gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las medidas irían encaminadas a rebajar el coste del recibo de la luz, abaratar la factura de la cesta de la compra y reforzar el respaldo fiscal que el Estado reconoce a las familias con hijos a cargo y se estima que tendrían un impacto equivalente a una devolución fiscal de en torno a 800 euros por familia a lo largo del año 2027.La clave de bóveda y la medida más ambiciosa de ese paquete fiscal de emergencia ya ha sido planteada en alguna ocasión por los populares, como su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, recordó en una entrevista publicada la semana pasada en ABC: la mejora hasta el doble de su actual valor de los mínimos por descendientes del Impuesto sobre la Renta, que no se actualizan desde el año 2015 y que han contribuido al sobrecoste de en torno a 500 euros que año tras año soportan las familias por la negativa del Gobierno a adaptar las principales cifras del IRPF a la inflación, según las estimaciones realizadas por el Registro de Asesores Fiscales.En la práctica, la medida supone ensanchar para los padres con hijos a cargo la porción de su base imponible que no está sometida a tributación por entenderse que es el mínimo necesario para atender la manutención de sus descendientes. La propuesta del PP es elevar desde los 2.400 euros actuales a 4.800 euros el mínimo por el primer hijo -de 2.800 a 5.600 euros si es menor de tres años-; de 2.700 a 5.400 euros el mínimo por el segundo; de 4.000 a 8.000 euros la exención por el tercer hijo; y de 4.500 a 9.000 euros la base a tipo cero por el cuarto hijo y siguientes. El efecto no es menor. Un contribuyente con dos hijos pasaría de tener un mínimo exento de tributación de 10.650 euros, agregando su mínimo personal y los mínimos por hijos, a uno de 15.750 euros; y si uno de ellos fuera menor de tres años pasaría de 10.750 a 15.950 euros. En caso de un contribuyente con tres hijos mayores de tres años la exención pasaría de los 14.650 euros actuales a 23.750. El ahorro fiscal sería sustancial, de 630 euros para un contribuyente con dos hijos mayores de tres años, de 650 euros si uno de ellos fuera menor de tres y de cerca de 1.000 euros en el caso de un contribuyente con tres hijos.«La política fiscal del Gobierno ha perjudicado de forma muy especial a las familias con hijos», denunciaba Alberto Nadal en estas páginas y con esta medida lo que pretenden los populares es reconocer «de forma estructural el coste adicional que soportan los hogares con hijos». Calculan que la medida tendría un coste fiscal asumible para las arcas públicas, de unos 1.700 millones de euros.La luz y la compraMás allá de ese alivio estructural a las familias con hijos, el PP entiende que es urgente utilizar la política fiscal para contener dos de los focos de gasto que más están exigiendo a las economías domésticas: el recibo de la luz y la cesta de la compra.El PP está decidido a liquidar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que el Gobierno de Rajoy instauró en 2013 en un contexto de necesidad acuciante de recursos fiscales, pero que hoy ve como una figura obsoleta, que sin embargo el Gobierno actual se ha negado a eliminar. Según estimaciones realizadas por el sector eléctrico la existencia de este impuesto añade entre un 5% y un 6% de coste al recibo, por lo que su supresión supondría un ahorro de unos 5 euros mensuales y unos 70 euros al año por familia.Los populares entiende que las familias con hijos han sido uno de los colectivos más perjudicados por la política fiscal del Gobierno de Pedro SánchezEl tercer flanco es la cesta de la compra y la herramienta en que piensa el PP para actuar ahí es el IVA. Los populares entienden que mientras exista una presión inflacionista tan severa como la actual procede rebajar el tipo del IVA de los alimentos básicos, de la carne y el pescado al 0%, aprovechando, dicen, que España no necesitaría solicitar una excepción extraordinaria a Bruselas. Esta medida sería, eso sí, temporal y se aprobaría por tres meses a la espera de la evolución. El coste estimado para las arcas públicas es de 1.750 millones de euros por cada trimestre y el alivio para una familia tipo de cuatro miembros rondaría los 200 euros por trimestre.Giro en viviendaLa herramienta fiscal también será relevante en los planes que el PP tiene para acometer el acuciante problema de la vivienda. La promesa de Feijóo de facilitar la construcción de un millón de vivienda se acompañará de un plan para afrontar los acuciantes problemas de acceso a la vivienda en el corto plazo, que según datos del Banco de España mantienen a 750.000 familias que quieren tener una casa sin posibilidad de hacerlo por falta de oferta o capacidad financiera.Para resolver esta segunda contingencia el PP presentó hace un par de semana un plan fiscal que tiene como objetivo reducir en 26.000 euros las cargas fiscales que deben afrontar los jóvenes que toman la decisión de comprar. La idea es establecer fuertes bonificaciones (de hasta el 100%) en el IRPF para fomentar el ahorro para la vivienda, bajar del 10% al 4% el tipo de IVA aplicable y eximir las transferencias de recursos a familiares si estas son para adquirir una vivienda.Impulso a la colaboración público-privadaElevar el poder adquisitivo de las familias y facilitar el acceso a la vivienda son dos prioridades, pero hay otras en el plan económico del PP. Los populares entienden que la insuficiencia de conexiones eléctricas es ahora mismo «el principal cuello de botella para la actividad económica», en palabras de Alberto Nadal, y adoptarán medidas regulatorias para que en un plazo de 12 o 18 meses se resuelva ese atasco.También quieren recuperar el modelo concesional para el desarrollo de infraestructuras, como medida de choque para resolver el déficit generado en los últimos años sin poner en riesgo las cuentas públicas.Otro objetivo es cambiar el modelo de nombramientos para evitar la toma de órganos reguladores y empresas públicas por afines al Gobierno.
El Partido Popular trabaja en la configuración de un plan de rebajas fiscales urgentes para aliviar a corto plazo la situación financiera de las familias en el caso de que llegara a gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Las medidas irían … encaminadas a rebajar el coste del recibo de la luz, abaratar la factura de la cesta de la compra y reforzar el respaldo fiscal que el Estado reconoce a las familias con hijos a cargo y se estima que tendrían un impacto equivalente a una devolución fiscal de en torno a 800 euros por familia a lo largo del año 2027.
La clave de bóveda y la medida más ambiciosa de ese paquete fiscal de emergencia ya ha sido planteada en alguna ocasión por los populares, como su vicesecretario de Economía, Alberto Nadal, recordó en una entrevista publicada la semana pasada en ABC: la mejora hasta el doble de su actual valor de los mínimos por descendientes del Impuesto sobre la Renta, que no se actualizan desde el año 2015 y que han contribuido al sobrecoste de en torno a 500 euros que año tras año soportan las familias por la negativa del Gobierno a adaptar las principales cifras del IRPF a la inflación, según las estimaciones realizadas por el Registro de Asesores Fiscales.
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En la práctica, la medida supone ensanchar para los padres con hijos a cargo la porción de su base imponible que no está sometida a tributación por entenderse que es el mínimo necesario para atender la manutención de sus descendientes. La propuesta del PP es elevar desde los 2.400 euros actuales a 4.800 euros el mínimo por el primer hijo -de 2.800 a 5.600 euros si es menor de tres años-; de 2.700 a 5.400 euros el mínimo por el segundo; de 4.000 a 8.000 euros la exención por el tercer hijo; y de 4.500 a 9.000 euros la base a tipo cero por el cuarto hijo y siguientes.
El efecto no es menor. Un contribuyente con dos hijos pasaría de tener un mínimo exento de tributación de 10.650 euros, agregando su mínimo personal y los mínimos por hijos, a uno de 15.750 euros; y si uno de ellos fuera menor de tres años pasaría de 10.750 a 15.950 euros. En caso de un contribuyente con tres hijos mayores de tres años la exención pasaría de los 14.650 euros actuales a 23.750. El ahorro fiscal sería sustancial, de 630 euros para un contribuyente con dos hijos mayores de tres años, de 650 euros si uno de ellos fuera menor de tres y de cerca de 1.000 euros en el caso de un contribuyente con tres hijos.
«La política fiscal del Gobierno ha perjudicado de forma muy especial a las familias con hijos», denunciaba Alberto Nadal en estas páginas y con esta medida lo que pretenden los populares es reconocer «de forma estructural el coste adicional que soportan los hogares con hijos». Calculan que la medida tendría un coste fiscal asumible para las arcas públicas, de unos 1.700 millones de euros.
La luz y la compra
Más allá de ese alivio estructural a las familias con hijos, el PP entiende que es urgente utilizar la política fiscal para contener dos de los focos de gasto que más están exigiendo a las economías domésticas: el recibo de la luz y la cesta de la compra.
El PP está decidido a liquidar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que el Gobierno de Rajoy instauró en 2013 en un contexto de necesidad acuciante de recursos fiscales, pero que hoy ve como una figura obsoleta, que sin embargo el Gobierno actual se ha negado a eliminar. Según estimaciones realizadas por el sector eléctrico la existencia de este impuesto añade entre un 5% y un 6% de coste al recibo, por lo que su supresión supondría un ahorro de unos 5 euros mensuales y unos 70 euros al año por familia.
Los populares entiende que las familias con hijos han sido uno de los colectivos más perjudicados por la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez
El tercer flanco es la cesta de la compra y la herramienta en que piensa el PP para actuar ahí es el IVA. Los populares entienden que mientras exista una presión inflacionista tan severa como la actual procede rebajar el tipo del IVA de los alimentos básicos, de la carne y el pescado al 0%, aprovechando, dicen, que España no necesitaría solicitar una excepción extraordinaria a Bruselas. Esta medida sería, eso sí, temporal y se aprobaría por tres meses a la espera de la evolución. El coste estimado para las arcas públicas es de 1.750 millones de euros por cada trimestre y el alivio para una familia tipo de cuatro miembros rondaría los 200 euros por trimestre.
Giro en vivienda
La herramienta fiscal también será relevante en los planes que el PP tiene para acometer el acuciante problema de la vivienda. La promesa de Feijóo de facilitar la construcción de un millón de vivienda se acompañará de un plan para afrontar los acuciantes problemas de acceso a la vivienda en el corto plazo, que según datos del Banco de España mantienen a 750.000 familias que quieren tener una casa sin posibilidad de hacerlo por falta de oferta o capacidad financiera.
Para resolver esta segunda contingencia el PP presentó hace un par de semana un plan fiscal que tiene como objetivo reducir en 26.000 euros las cargas fiscales que deben afrontar los jóvenes que toman la decisión de comprar. La idea es establecer fuertes bonificaciones (de hasta el 100%) en el IRPF para fomentar el ahorro para la vivienda, bajar del 10% al 4% el tipo de IVA aplicable y eximir las transferencias de recursos a familiares si estas son para adquirir una vivienda.
Impulso a la colaboración público-privada
Elevar el poder adquisitivo de las familias y facilitar el acceso a la vivienda son dos prioridades, pero hay otras en el plan económico del PP. Los populares entienden que la insuficiencia de conexiones eléctricas es ahora mismo «el principal cuello de botella para la actividad económica», en palabras de Alberto Nadal, y adoptarán medidas regulatorias para que en un plazo de 12 o 18 meses se resuelva ese atasco.
También quieren recuperar el modelo concesional para el desarrollo de infraestructuras, como medida de choque para resolver el déficit generado en los últimos años sin poner en riesgo las cuentas públicas.
Otro objetivo es cambiar el modelo de nombramientos para evitar la toma de órganos reguladores y empresas públicas por afines al Gobierno.
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