Los números cantan y la cosa viene de lejos. O en la provincia de Huesca los docentes son más rebeldes que los vikingos, o algo pasa. Un total de 48 expedientes ha abierto la inspección educativa en el Altoaragón frente a los 21 de Zaragoza y 11 de Teruel. Más del doble -en los últimos tres años- que la provincia de la capital, donde se concentra el grueso de la población y de la comunidad docente. Uno de ellos, con 10 meses de sanción de empleo y sueldo a un profesor sindicalista del IES Ramón y Cajal de Huesca, ha sido la gota que ha colmado un vaso. Hasta el punto de que esta semana, seis sindicatos han ido a la huelga para pedir el cese del inspector responsable, Ignacio Polo. Una protesta inédita, con un unidad sorprendente -CSIF, CCOO, CGT, ANPE, HUSTE-STEA- y por un motivo más llamativo todavía.
Seis sindicatos, docentes y asociaciones de padres piden el cese de este cargo por el aluvión de sanciones cuestionables, mientras la consejería defiende su independencia
Los números cantan y la cosa viene de lejos. O en la provincia de Huesca los docentes son más rebeldes que los vikingos, o algo pasa. Un total de 48 expedientes ha abierto la inspección educativa en el Altoaragón frente a los 21 de Zaragoza y 11 de Teruel. Más del doble -en los últimos tres años- que la provincia de la capital, donde se concentra el grueso de la población y de la comunidad docente. Uno de ellos, con 10 meses de sanción de empleo y sueldo a un profesor sindicalista del IES Ramón y Cajal de Huesca, ha sido la gota que ha colmado un vaso. Hasta el punto de que esta semana, seis sindicatos han ido a la huelga para pedir el cese del inspector responsable, Ignacio Polo. Una protesta inédita, con un unidad sorprendente -CSIF, CCOO, CGT, ANPE, HUSTE-STEA- y por un motivo más llamativo todavía.
“Menos sanciones, más soluciones”, o “Los centros arden, el Polo [en alusión al apellido del inspector] se derrite” fueron algunos lemas que podían leerse en las pancartas el pasado miércoles, cuando la comunidad educativa de toda la provincia oscense estaba convocada a la huelga para pedir la destitución de este responsable. Con unos servicios mínimos fijados del 25%, el 60% secundaron el paro según los sindicatos, frente al 30% que calculó la Consejería de Educación. Pero lo cierto es que, porcentajes al margen, el malestar contra el celo de esta inspección se ha convertido en clamor.
Según los asistentes a la multitudinaria manifestación del pasado miércoles, “el clima es de miedo por los abusos de la inspección y no vamos a normalizarlo”.“Ningún docente se debería tener que preguntar ‘qué me va a pasar si digo esto”, dice Sergio Martínez Pichardo, el profesor del IES Ramón y Cajal con el expediente y la sanción más grave -de momento paralizada- de 10 meses sin empleo y sueldo por ejercer su labor sindical como secretario provincial de CGT. “Sólo defendí a los trabajadores, pero este inspector solo ha recrudecido la persecución y el ataque a todos los agentes de la provincia con su método de actuación”, afirma.
No es el único. Lola Giménez, también profesora y orientadora de este instituto, epicentro del volcán en esta protesta, ha sido apercibida y tiene expediente abierto. Según ella, “sólo pedimos recursos para los alumnos, como un aula de castellano, pero en vez de asesorar y ayudar, lo que hacen es apercibirnos”. A otros se les ha aplicado la misma medida sólo por apoyar a los expedientados, pasar una encuesta o recoger firmas. Los testimonios de los sancionados coinciden con los de muchos de sus compañeros y también de alumnos y padres y madres que acudieron a arroparlos. Y luego están los datos.
Las comparaciones entre provincias, dentro de la misma comunidad, son difíciles de explicar en Huesca, hasta el punto de que este verano motivó una pregunta y una iniciativa parlamentaria en las Cortes de Aragón. La presentó CHA, pidiendo conocer el número de expedientes para ver si las cifras respaldaban este malestar. El hecho de que fuera más del doble en Huesca que en Zaragoza hizo que la formación aragonesista presentara una Proposición no de Ley exigiendo una explicación política. Según la diputada Isabel Lasobras, “la disparidad ya resulta significativa en términos proporcionales, pero la dimensión puede ser mucho mayor teniendo en cuenta que hay procedimientos también abiertos que no han llegado a convertirse en expedientes disciplinarios”. Este partido quiere saber, todavía hoy, “por qué la consejería continúa protegiendo al inspector jefe de Educación de Huesca después de más de dos años consecutivos de polémicas, conflictos y malestar” y les pide criterios homogéneos y una evaluación independiente de la actuación de esta Inspección.
Cuestiones parecidas reclamaron los manifestantes esta semana. Además de la destitución de Ignacio Polo, los sindicatos y la comunidad educativa reclaman el mismo rasero -o criterios de inspección- para las tres provincias aragonesas y que se eviten así tantas diferencias. Asimismo, demandan que la Inspección no exija a los colegios de Huesca tantos informes y papeleos, porque consideran que “aumentan la burocracia y restan autonomía pedagógica en los centros”. Pero la consejería defiende la “independencia técnica” de la Inspección.
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