Hacienda ignora el coste real de casi la mitad de los incentivos fiscales en vigor

Es un dato a menudo ignorado pero la Hacienda española renuncia a uno de cada cinco euros que potencialmente podría recaudar por las exenciones, los incentivos y las bonificaciones que están operativas en los diferentes impuestos que recauda el Estado. Por citar las más relevantes, ahí se contabilizan la reducción por rendimientos del trabajo , que aligera la factura fiscal de las rentas inferiores a 19.747,50 euros; la deducción por compra de vivienda; o la exención sobre las pensiones de invalidez, en el IRPF; la reducción aplicable en Sociedades sobre los beneficios empresariales que se destinan a capitalizar la compañía; o los tipos reducidos del IVA . En total, más de 45.000 millones de euros, según la última estimación oficial de los Presupuestos de 2023.El Tribunal de Cuentas cree que para suponer una cuantía tan relevante, Hacienda no les presta suficiente atención. En su último informe sobre el asunto, lamenta que el Gobierno no valore alternativas antes de aprobar estas ayudas, que no se les ponga fecha de caducidad para evitar que se perpetúen en el sistema fiscal, que no tengan recursos suficientes para evaluar si cumplen sus objetivos o no y sobre todo que se desconozca el coste para las arcas públicas del 43% de los cerca de medio millar de incentivos en vigor.El informe ha obligado a reaccionar a Hacienda, que reconoce ignorar el importe asociado a esos incentivos, si bien advierte que en muchos casos es imposible de determinar bien por no existir referencias previas sobre su posible utilización, cuando se trata de un incentivo de nueva creación, o porque operan en tributos cuya incidencia presupuestaria es mínima. De hecho, en sus alegaciones al informe del órgano fiscalizador alegan que el importe de los mismos no alteraría sustancialmente el presupuesto estimado, ya que alrededor de la mitad de los incentivos cuyo coste no tienen controlado se concentran en impuestos cuya relevancia recaudatoria es marginal para el Estado, como Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o los tributos sobre el juego.Hacienda admite, no obstante, que desconoce el coste real de 210 de los 486 incentivos fiscales que hay en el sistema tributario estatal, de los cuales 64 corresponden a los grandes impuestos estatales, IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA; y el resto a impuestos menores.El Tribunal de Cuentas insta al Ministerio de Hacienda a fijar una fecha de terminación para todos los incentivos que apruebe, y este dice que cerca de la mitad de los existentes vencerán de aquí a 2028Llueve sobre mojado porque no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas pone en cuestión el control por parte de la Administración del Estado sobre las ayudas fiscales que reconoce a ciudadanos y empresas. En un informe anterior la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda respondió a las acusaciones de falta de control del órgano fiscalizador diciendo que no disponía de recursos suficientes para evaluar ni el coste económico ni el cumplimiento de los objetivos marcados para cada uno de ellos.Luego llegaron los ‘spending review’ y los análisis detallados por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Estos han servido, según admite el Tribunal de Cuentas, para conocer con mayor detalle tanto el consumo de recursos presupuestarios como la eficacia de los principales incentivos fiscales existentes en España, si bien sus recomendaciones, lamenta el tribunal, no han sido aplicadas en su totalidad por el Gobierno.El tribunal también expresa sus dudas sobre el posible cumplimiento del compromiso adquirido con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, de revisar los incentivos fiscales y liberar de este modo en torno a 1.700 millones de euros en ingresos para los Presupuestos del Estado, un objetivo sobre el que dicen no tener información alguna.El Tribunal de Cuentas pide un proceso más garantista en la aprobación de nuevos incentivos fiscales. Que se estudien las alternativas, que se descarten si no es la elección más eficiente desde el punto de vista presupuestario y también que se les ponga fecha de caducidad. El Ministerio de Hacienda asegura, respecto a este punto, que cerca de la mitad de los incentivos fiscales que hay actualmente en vigor decaerán entre el momento actual y finales de 2028. Es un dato a menudo ignorado pero la Hacienda española renuncia a uno de cada cinco euros que potencialmente podría recaudar por las exenciones, los incentivos y las bonificaciones que están operativas en los diferentes impuestos que recauda el Estado. Por citar las más relevantes, ahí se contabilizan la reducción por rendimientos del trabajo , que aligera la factura fiscal de las rentas inferiores a 19.747,50 euros; la deducción por compra de vivienda; o la exención sobre las pensiones de invalidez, en el IRPF; la reducción aplicable en Sociedades sobre los beneficios empresariales que se destinan a capitalizar la compañía; o los tipos reducidos del IVA . En total, más de 45.000 millones de euros, según la última estimación oficial de los Presupuestos de 2023.El Tribunal de Cuentas cree que para suponer una cuantía tan relevante, Hacienda no les presta suficiente atención. En su último informe sobre el asunto, lamenta que el Gobierno no valore alternativas antes de aprobar estas ayudas, que no se les ponga fecha de caducidad para evitar que se perpetúen en el sistema fiscal, que no tengan recursos suficientes para evaluar si cumplen sus objetivos o no y sobre todo que se desconozca el coste para las arcas públicas del 43% de los cerca de medio millar de incentivos en vigor.El informe ha obligado a reaccionar a Hacienda, que reconoce ignorar el importe asociado a esos incentivos, si bien advierte que en muchos casos es imposible de determinar bien por no existir referencias previas sobre su posible utilización, cuando se trata de un incentivo de nueva creación, o porque operan en tributos cuya incidencia presupuestaria es mínima. De hecho, en sus alegaciones al informe del órgano fiscalizador alegan que el importe de los mismos no alteraría sustancialmente el presupuesto estimado, ya que alrededor de la mitad de los incentivos cuyo coste no tienen controlado se concentran en impuestos cuya relevancia recaudatoria es marginal para el Estado, como Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones o los tributos sobre el juego.Hacienda admite, no obstante, que desconoce el coste real de 210 de los 486 incentivos fiscales que hay en el sistema tributario estatal, de los cuales 64 corresponden a los grandes impuestos estatales, IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA; y el resto a impuestos menores.El Tribunal de Cuentas insta al Ministerio de Hacienda a fijar una fecha de terminación para todos los incentivos que apruebe, y este dice que cerca de la mitad de los existentes vencerán de aquí a 2028Llueve sobre mojado porque no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas pone en cuestión el control por parte de la Administración del Estado sobre las ayudas fiscales que reconoce a ciudadanos y empresas. En un informe anterior la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda respondió a las acusaciones de falta de control del órgano fiscalizador diciendo que no disponía de recursos suficientes para evaluar ni el coste económico ni el cumplimiento de los objetivos marcados para cada uno de ellos.Luego llegaron los ‘spending review’ y los análisis detallados por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Estos han servido, según admite el Tribunal de Cuentas, para conocer con mayor detalle tanto el consumo de recursos presupuestarios como la eficacia de los principales incentivos fiscales existentes en España, si bien sus recomendaciones, lamenta el tribunal, no han sido aplicadas en su totalidad por el Gobierno.El tribunal también expresa sus dudas sobre el posible cumplimiento del compromiso adquirido con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, de revisar los incentivos fiscales y liberar de este modo en torno a 1.700 millones de euros en ingresos para los Presupuestos del Estado, un objetivo sobre el que dicen no tener información alguna.El Tribunal de Cuentas pide un proceso más garantista en la aprobación de nuevos incentivos fiscales. Que se estudien las alternativas, que se descarten si no es la elección más eficiente desde el punto de vista presupuestario y también que se les ponga fecha de caducidad. El Ministerio de Hacienda asegura, respecto a este punto, que cerca de la mitad de los incentivos fiscales que hay actualmente en vigor decaerán entre el momento actual y finales de 2028.  

Es un dato a menudo ignorado pero la Hacienda española renuncia a uno de cada cinco euros que potencialmente podría recaudar por las exenciones, los incentivos y las bonificaciones que están operativas en los diferentes impuestos que recauda el Estado. Por citar las más relevantes, … ahí se contabilizan la reducción por rendimientos del trabajo, que aligera la factura fiscal de las rentas inferiores a 19.747,50 euros; la deducción por compra de vivienda; o la exención sobre las pensiones de invalidez, en el IRPF; la reducción aplicable en Sociedades sobre los beneficios empresariales que se destinan a capitalizar la compañía; o los tipos reducidos del IVA. En total, más de 45.000 millones de euros, según la última estimación oficial de los Presupuestos de 2023.

 RSS de noticias de economia