El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para cofinanciar “casi” 2.000 nuevas plazas en pisos compartidos para universitarios con zonas comunes de las que pueda disfrutar toda la comunidad; aunque Pedro Sánchez los ha descrito como “residencias”. Anteriormente, el Gobierno cifró el proyecto en 1.525 plazas. Encontrar alojamiento se convierte en una odisea por la escasa y cara oferta de residencias y colegios mayores, los precios del alquiler disparados y la competencia de los pisos turísticos. Por ello, el techo de los universitarios se ha convertido en una de las reivindicaciones de la acampada por una vivienda justa en la Puerta del Sol.
La inversión permitirá ampliar la oferta de pisos con zonas compartidas en campus de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña
La inversión permitirá ampliar la oferta de pisos con zonas compartidas en campus de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Cataluña
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interviene en el acto de firma de la ‘Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario’ este lunes.Jaime Villanueva
El presidente del Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para cofinanciar “casi” 2.000 nuevas plazas en pisos compartidos para universitarios con zonas comunes de las que pueda disfrutar toda la comunidad; aunque Pedro Sánchez los ha descrito como “residencias”.Anteriormente, el Gobierno cifró el proyecto en 1.525 plazas. Encontrar alojamiento se convierte en una odisea por la escasa y cara oferta de residencias y colegios mayores, los precios del alquiler disparados y la competencia de los pisos turísticos. Por ello, el techo de los universitarios se ha convertido en una de las reivindicaciones de la acampada por una vivienda justa en la Puerta del Sol.
La propuesta, avanzada por EL PAÍS en julio, fue detallada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a finales de agosto. Así lo ha apuntado este lunes Sánchez durante la firma de la declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario. “No es algo abstracto, sino que vamos a concretarlo en siete proyectos concretos”, ha remarcado.
“El Gobierno no es inmune a uno de los grandes problemas de este país que es el acceso a la vivienda”, ha asegurado. “Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que la Universidad deja de ser ese motor de prosperidad e igualdad de oprtunidades que todos y todas queremos que sea”.
En cinco años los universitarios que se matriculan en una provincia o país distinto al del domicilio familiar han crecido en más de 110.000 en España, hasta los 523.300. Por contra, apenas hay 132.000 plazas en colegios mayores y residencias, con unas tarifas oscilan entre 119 euros de una residencia pública muy subvencionada por su universidad, a los 2.100 en una privada con las comodidades de un hotel de muchas estrellas.
Este real decreto, que no necesitará convalidación parlamentaria, estaba pendiente de ser aprobado y ha sido consensuado por todas las partes. Gracias al acuerdo, la Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones; el Campus de Albacete de la UCLM 8,19; la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) 6,5, la Universidad de Burgos 5,94; la Jaume I de Castellón 4,45; la Universidad de Jaén 3,56 y el Ayuntamiento de Lleida (constructor del edificio), 2,97.
No son residencias, sino habitaciones con zonas comunes para una biblioteca, una sala de estudio o un pequeño gimasio y con precios asequibles. El proyecto ha sido fraguado entre tres ministerios (Vivienda, Ciencia y Economía) desde 2024. Las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible. La tarifa máxima incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.
La fijación del Ministerio de Vivienda ha sido agilizar plazos, por lo que ha mantenido reuniones con la conferencia de rectores (CRUE) y ha seleccionado los proyectos más adelantados, que contaban ya con el suelo propio o concedido, cronograma y un proyecto. La implicación de los ayuntamientos u otras administraciones resulta vital para facilitar el proceso.
“El acuerdo entre los tres ministerios abre la vía de la colaboración público-privada. Nos permite dar la subvención a la empresa que gane la licitación y que el precio que ponga quien explote los pisos sea realmente social”, explicó el nuevo presidente de la conferencia de rectores (CRUE) Julián Garde en conversación con este diario.
Esta no es la primera medida que toma el Gobierno para facilitar el alojamiento de los estudiantes. El decreto de creación de universidades, de 2021, obliga a que los nuevos campus presenciales dispongan “de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de titulaciones oficiales”. Desde entonces se han abierto siete centros forzados a cumplir la norma.
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