Amador Pastor: «En Castilla-La Mancha no nos planteamos que 1º y 2º de la ESO vuelvan a cursarse en los colegios»

El consejero de Educación responde a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM ante el inicio del curso escolar 2025/2026.
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Son días intensos para Amador Pastor (Villar de Olalla, Cuenca, 1980). El consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha ultima junto a todo su equipo los últimos detalles ante el inminente comienzo del curso escolar, que arranca este lunes 8 de septiembre en los colegios e institutos de la región.

Pese a ello, recibe a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM en su despacho sin límite de tiempo. Se extiende en sus respuestas y su actitud afable denota que, desde su responsabilidad actual, conserva esa ilusión previa a la ‘vuelta al cole’, que se nace en la infancia entre el olor de la goma de borrar recién comprada y el rato de disfrute forrando en familia los libros de texto.

Pastor es uno de esos políticos que ha sido cocinero antes que fraile, de los que son especialistas de la materia que gestionan. Diplomado en Magisterio y licenciado en Psicopedagogía, fue durante más de una década maestro, jefe de estudios y director en un colegio rural de la pequeña localidad conquense de Palomares del Campo. Antes de llegar a ser consejero del Ejecutivo de Page, que lo nombró tras ganar las elecciones autonómicas de 2023, fue concejal en su Villar de Olalla natal, director provincial de Educación en Cuenca, director general y viceconsejero en la Consejería que ahora lidera.

Durante la charla, defiende un modelo educativo de calidad, en el que la estabilidad de las plantillas docentes está «blindada» y en el que los alumnos no se queden atrás por sus circunstancias familiares o económicas. Para ello, repasa algunas medidas de apoyo como la gratuidad del primer año de universidad, el banco de libros o la educación infantil sin coste para todos los alumnos de 2/3 años en los municipios de menos de 10.000 habitantes.

Frente a las críticas sindicales por los recortes no revertidos desde la etapa de Cospedal, argumenta que «en Castilla-La Mancha no partíamos de cero, sino de menos 10», y defiende el cumplimiento de una senda de mejoras progresiva y pactada. Asimismo, aborda desafíos como la climatización de los centros, la convivencia en las aulas o la polémica por la construcción de un instituto en Noblejas (Toledo), cuyo alcalde llegó a ponerse en huelga de hambre para reclamar la infraestructura.

P. El curso 2025/2026 arrancará este lunes en Castilla-La Mancha con 3.000 alumnos menos y 530 profesores más que el anterior. ¿Esta situación puede considerarse una excepción o es un escenario que se mantendrá durante los próximos años?

R. En Castilla-La Mancha hemos llegado a esta situación, que puede parecer paradójica, porque políticamente hemos tomado medidas para salvaguardar y blindar la estabilidad de las plantillas docentes pese al descenso de la natalidad. Me refiero a las bajadas de ratios; de no haberse producido, la bajada del número de alumnos hubiese supuesto la desaparición de muchas unidades y, por consiguiente, de puestos de trabajo.

Hace unos años estábamos a 28 alumnos por aula en Educación Infantil y ahora estamos a 22. Y en Bachillerato hemos bajado de 40 a 32, por ejemplo. Son bajadas que hemos comprometido con los sindicatos y que estamos llevando a cabo convencidos de que es lo que tenemos que hacer para seguir mejorando la calidad de nuestra educación.

Este Gobierno también ha decidido que con solo cuatro alumnos se mantengan abiertas las escuelas rurales, lo que le está suponiendo a esta Consejería una inversión muy importante, pero es algo que nos parece de justicia.

P. Tras varios ejercicios en los que las oposiciones a maestros y profesores en Castilla-La Mancha han ofrecido más plazas que nunca, ¿Castilla-La Mancha tiene necesidad y capacidad de seguir contratando docentes al mismo ritmo?

R. Los últimos años hemos ido al 120 % de la tasa de reposición, porque era lo comprometido con los sindicatos y porque la ley nos lo ha permitido. Tendremos que ver si esto sigue siendo así, pero nuestro objetivo en las siguientes ofertas de empleo público es ir siempre, como mínimo, al 100 %.

P. Usted ha presumido de que la ‘vuelta al cole’ en Castilla-La Mancha va a ser de las más económicas de España. ¿Qué medidas novedosas se han incorporado a este curso 2025/2026 para aliviar la carga económica que tienen que soportar las familias?

R. En este sentido, nuestro principal objetivo es acompañar a las familias para aliviar las cargas económicas que supone la educación en su conjunto, no solo las puramente académicas. Para ello, hemos implementado varias medidas muy importantes. Por un lado, hemos consolidado el banco de libros, que ya está extendido en la práctica totalidad de los centros y sustituye al anterior sistema de becas, aunque mantenemos ayudas directas para los niveles que aún no están cubiertos.

Además de esto, garantizamos que el transporte escolar sea totalmente gratuito y, como novedad, estamos ultimando la extensión de esta gratuidad al alumnado de Bachillerato de las zonas más afectadas por la despoblación, como un gesto más de discriminación positiva a estos territorios.

También hemos puesto un énfasis especial en la Educación Infantil, la de cero a tres años. Aquí estamos avanzando de forma decidida en la gratuidad progresiva, que este curso beneficia ya a casi el 70 % del alumnado en municipios de menos de 10.000 habitantes, y hemos creado nuevas plazas públicas donde antes no existían. Y complementamos este apoyo con un refuerzo de los beneficios fiscales, duplicando la deducción autonómica en la declaración de la renta por gastos en escuelas infantiles privadas, que pasa del 15 % al 30 %, con un máximo de 500 €.

Este año, por primera vez, 5.100 alumnos van a comenzar su primer curso universitario con la matrícula gratuita. A los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) les supondrá un ahorro medio de 1.000 euros y a los de la Universidad de Alcalá (UAH) de 1.150 euros.

En definitiva, es todo este paquete de medidas, junto a otras como el fomento de los idiomas, lo que nos sitúa como una de las comunidades con el inicio de curso más económico. Y no es que lo digamos nosotros, sino que así lo aseguran los estudios de la OCU.

P. Sin embargo, este curso el precio del menú en los comedores escolares de Castilla-La Mancha ha subido un 16 %, muy por encima del IPC, pasando de 4,65 a 5,40 euros. Aunque se van a conceder más de 16.500 becas para las familias más desfavorecidas, ¿este incremento está justificado?

R. Aun con la subida de 80 céntimos, seguimos siendo la comunidad autónoma con el precio de comedor más barato. Otras regiones han ido aplicando pequeños incrementos cada año que, acumulados, han supuesto más de un euro en algunos casos. Alguien podría pensar que ha sido un error político no «camuflar» esa subida poco a poco, como han hecho otras comunidades, pero no era de justicia.

Hasta ahora existían medidas que compensaban los costes de las empresas, como la exención de IVA en alimentos o la rebaja del precio de la energía. Esas ayudas han desaparecido y no ha quedado más remedio que repercutirlo. Aun así, nos hemos marcado como objetivo mantenernos como la comunidad con el comedor más barato.

Es cierto que la subida se nota de golpe, pero en Castilla-La Mancha mantenemos el compromiso de seguir siendo los más asequibles y, además, con el mayor número de alumnos becados. Casi el 66 % del alumnado recibe beca: de los 16.546 beneficiarios, la mitad paga solo el 50 % del coste y la otra mitad no paga nada. Solo abona el comedor quien tiene un nivel de renta suficiente.

También estamos ampliando la red de comedores, incluyendo zonas rurales, lo que implica costes añadidos. Por eso reconocemos la subida, pero queremos destacar que, incluso con ella, seguimos teniendo el precio más bajo del país y ese dato está medido.

P. Antes hacía referencia a la gratuidad de la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años, que en Castilla-La Mancha se está implementando de manera progresiva y este curso beneficiará a los alumnos del curso de 2/3 años en municipios de menos de 10.000 habitantes. El PP se queja de que no se está avanzando suficientemente rápido y ha prometido que todo el ciclo, de manera universal, será gratuito si Paco Núñez es presidente en 2027. ¿Es una promesa realista y asumible por el Gobierno actual?

R. Yo se le decía en el pleno del pasado jueves a una diputada del Partido Popular: en el programa de Gobierno de la legislatura 2023-2027 no se habla de gratuidad universal, sino de crear plazas públicas, especialmente en municipios que no cuentan con escuelas infantiles. Ahora bien, desde el Gobierno hemos querido ir un paso más allá y hemos empezado a implantar un sistema de gratuidad.

Cubrir todo el ciclo supondría cerca de 200 millones de euros, una cifra que ningún presupuesto autonómico puede asumir de un año para otro. Por eso hemos establecido una senda progresiva que permita garantizar la escolarización. Además, no queremos hacerlo solos: confiamos en que el Estado, sea del partido que sea, aporte financiación a las comunidades autónomas para alcanzar ese horizonte. Cuándo podrá lograrse, no sabría decirlo, pero lo que sí está claro es el esfuerzo que ya hace Castilla-La Mancha. A diferencia de otros programas financiados con fondos europeos o estatales, la gratuidad de las plazas de 2 a 3 años en nuestra región se financia con fondos propios.

Las críticas del Partido Popular forman parte del juego político. Sin embargo, ningún ayuntamiento gobernado por ellos ha rechazado estas ayudas; al contrario, todos las han solicitado porque son beneficiosas. Estamos avanzado a buen ritmo, implantando la gratuidad curso a curso y alcanzando a un porcentaje importante del alumnado. Y lo estamos haciendo sin condiciones: no se tienen en cuenta ni los niveles de renta ni el número de alumnos en las aulas, se trata simplemente de extender la gratuidad.

Es cierto que el esfuerzo en Castilla-La Mancha ha sido mayor que en otras comunidades. Primero hemos tenido que reforzar la oferta creando escuelas. Mientras otras regiones ya contaban con una red más amplia, aquí hemos invertido 38 millones de euros para generar 3.773 nuevas plazas, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo.

P. El pasado verano, el sindicato CCOO se sumó a UGT y ANPE suscribiendo el segundo bloque del Acuerdo de Mejoras del Profesorado pactado con la Consejería que usted dirige. ¿Qué balance hace y cómo cree que repercute dicha rúbrica en la mejoría de la calidad educativa de Castilla-La Mancha?

R. Una de las medidas que más me satisface es la bajada de ratios. Menos alumnos por aula supone más capacidad del profesorado para llegar a cada estudiante y, al mismo tiempo, una mejor atención para el alumnado. Para mí, es una de las mejores decisiones adoptadas.

Otra medida clave es la oferta de empleo público. El Gobierno se ha comprometido a convocarlas todos los años, tras un periodo de cuatro en el que desaparecieron. Esto facilita que el profesorado pueda conseguir destino y plaza definitiva. Además, contamos con una red amplia de interinos que permite reforzar las plantillas, algo que no ocurre en otros territorios.

También es fundamental la reducción del horario lectivo. Quien no conozca a fondo el sistema educativo quizás no lo entienda, pero los profesionales sabemos lo que supone disponer de más horas complementarias para planificar, programar, corregir y organizar. Todo ello repercute directamente en la calidad de la enseñanza.

Es cierto que algunos sindicatos no firmantes reprochan que «llegamos tarde». Pero es que en Castilla-La Mancha no partíamos de cero, sino de menos 10: mientras en otras comunidades el horario siempre fue de 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Primaria, aquí estaba en 20 y 25 desde que lo subió Cospedal. Bajar una sola hora en Secundaria cuesta 35 millones de euros anuales, lo que equivale a dejar de construir 10 institutos. Los recortes de aquella época fueron tantos que no se pueden revertir de golpe, pero lo estamos haciendo de forma progresiva.

Ese es precisamente el acuerdo alcanzado con los sindicatos: una senda de trabajo que permite implementar cada año nuevas medidas de manera asumible para el presupuesto.

P. Los sindicatos no firmantes, como CSIF o STE, se muestran críticos con el acuerdo y denuncian «males endémicos» en la educación castellanomanchega. Hablan de ratios que siguen siendo «muy elevadas”, interinos que «siguen sin cobrar» el verano y una burocracia «desbordante». ¿Qué más puede hacer la Junta para mejorar estas cuestiones?

R. Hace unos años las reivindicaciones eran más de 20 y ahora usted está poniendo tres sobre la mesa. O sea que la letanía se ha reducido notablemente, pero vamos a seguir haciendo un esfuerzo sostenido por mejorar la calidad educativa en Castilla-La Mancha, incluso frente a limitaciones económicas y estructurales.

En cuanto a las ratios, ya estamos en la senda de su reducción y hemos empezado con primero de Primaria, con la intención de continuar hasta cubrir toda la etapa. El mayor esfuerzo económico se realiza el primer año; una vez creada la estructura de grupos, mantener las ratios consume menos profesorado que si se hiciera de golpe. Sabíamos los riesgos económicos al firmar el acuerdo en 2023: el fin de los fondos europeos, la consolidación de parte del gasto estructural y las limitaciones presupuestarias tanto autonómicas como estatales. Por eso pactamos con sinceridad: solo reflejamos lo que no corría riesgo.

Respecto a los interinos, antes ninguno cobraba el verano. Desde hace dos años, aquellos con vacante completa ya lo perciben, cubriendo prácticamente todo el curso. Estamos trabajando además en el reconocimiento de contrato a curso completo, que puede llegar muy pronto, algo importante para la puntuación en futuros procesos selectivos.

Sobre la burocracia, reconocemos que sigue siendo un problema, no solo aquí, sino en todo el sistema educativo español. Muchas cargas proceden de leyes estatales que apenas han cambiado en la última década. Sin embargo, la digitalización ha permitido avances significativos: el cuaderno de evaluación por competencias, la eliminación de documentos duplicados y aplicativos que facilitan la elaboración de programaciones y memorias, así como matrículas online para las familias. Cada curso seguimos revisando junto a equipos directivos, profesorado y sindicatos qué tareas y procedimientos se pueden simplificar.

P. Hay colegios en Castilla-La Mancha que hace unos años se incorporaron al programa Carmenta, sustituyeron los libros de texto en papel por tablets, y ahora están optando por volver lo tradicional. ¿Es una tendencia generalizada en la región?

R. No hay una tendencia clara y manifiesta, aunque sí es cierto que el Banco de Libros ha supuesto un alivio económico para muchas familias y ha impulsado de nuevo los libros de papel. También existe ahora un intenso debate social sobre el uso de dispositivos digitales por parte de los menores, pero no se limita a lo que ocurre cinco horas al día en el colegio, sino al uso que hacen los niños en su vida cotidiana. El riesgo no está tanto en el aula, donde hay un control pedagógico, como en el uso ilimitado de pantallas y redes sociales fuera de ella.

Muchos centros optaron hace unos años libremente por digitalizarse, porque en su momento apostar por las tablets parecía más cómodo y porque también estaba muy presente la necesidad de aliviar el peso de las mochilas. Ahora, también de forma voluntaria, algunos están en proceso de volver al libro en papel. Nosotros no cuestionamos nada y, sin ir más lejos, a finales de junio y principios de julio autorizamos sin ningún tipo de problema la desescalada digital a 15 centros que lo solicitaron. Eso sí, esa desescalada debe hacerse de forma progresiva, igual que se hizo la incorporación, porque la Consejería tiene que planificar la compra y distribución de libros.

Lo que tenemos medido es que optar por libros físicos o digitales no supone diferencias significativas en el éxito educativo, que medimos en tasas de idoneidad, repetición, etc.

P. CSIF denuncia que la mitad de los docentes ha sufrido insultos, agresiones o conflictos en redes sociales. ¿El acceso de los menores a dichas redes ha generado un problema de convivencia en las aulas de Castilla-La Mancha?

R. Disponemos de la Unidad de Atención al Profesorado, que recibe denuncias por insultos, agresiones o vídeos difamatorios, muchos de ellos a través de redes sociales. Incluso me da miedo pensar hasta dónde puede llegar el uso de la inteligencia artificial, pero yo no diría que en las aulas de Castilla-La Mancha haya un problema generalizado de convivencia.

Aunque los ataques ocurran casi siempre fuera del horario lectivo, no podemos ignorarlos. Por eso, estamos preparando un decreto de convivencia escolar que quiere reforzar las medidas preventivas y favorecer climas de convivencia positiva en los centros, implicando a toda la sociedad.

No se puede tolerar que una discrepancia por una nota o por un método de enseñanza desemboque en agresiones, difamaciones en redes o menosprecios hacia el profesorado.

P. Ese borrador ha generado polémica porque hay quien ha entendido que limita la capacidad de los profesores de actuar contra los alumnos que protagonizan comportamientos inadecuados. ¿Comparte ese análisis?

R. Nuestro objetivo no es tanto punitivo como preventivo, implicando a toda la comunidad educativa. Entiendo que algunos sindicatos lo hayan interpretado como una pérdida de autoridad del profesorado, pero no es la intención.

El decreto está en fase de borrador y, si algo no está bien expresado, se corregirá. De hecho, mantenemos reuniones individuales con cada sindicato para recoger sus observaciones y contamos también con el asesoramiento de expertos en convivencia. Pero aquí tiene que poner toda la sociedad de su parte, porque lo que ocurre en los centros no es más que un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, en el contexto y en el entorno.

Queremos, sobre todo, fomentar los buenos usos y modelos de convivencia. Ya funcionan muy bien experiencias como el aprendizaje entre iguales o el aprendizaje-servicio. En definitiva, buscamos aflorar buenos modelos que se están consolidando en determinados centros y que sirvan de modelo para los demás.

P. Existe una percepción bastante generalizada entre los padres y madres de que sus hijos ahora empiezan el instituto demasiado pronto, con 12 años. Otras regiones, como la Comunidad de Madrid, están experimentando con la incorporación de primero y segundo de la ESO a los colegios, como ocurría tiempo atrás. ¿Se ha valorado esa posibilidad en Castilla-La Mancha o está descartada?

R. Me hace gracia porque en Madrid lo presenten como algo novedoso, cuando en Castilla-La Mancha llevamos ya 25 años aplicando ese modelo en seis centros educativos. Se implantó en su día por motivos de aislamiento geográfico, y ahí sigue funcionando.

Es cierto que puede tener ventajas para las familias, sobre todo por la idea de que los hijos son aún muy jóvenes o inmaduros para el instituto, pero también presenta muchas limitaciones. Los modelos organizativos de la secundaria son distintos de los de primaria. Por ejemplo, las optativas de primero y segundo de la ESO no pueden desarrollarse con normalidad en los colegios, lo que reduce las posibilidades de elección de los alumnos. Además, la organización en ámbitos difiere mucho de la de un instituto, y esos alumnos, al llegar a tercero de la ESO, se incorporan a un modelo ordinario y normalizado. Habrá que evaluar cómo se adaptan en esa transición.

En definitiva, Madrid tendrá sus estudios, pero en Castilla-La Mancha vamos a seguir funcionando con el modelo actual. Y, salvo en esos casos de localidades aisladas donde se aplicó por necesidad, no nos hemos planteado extenderlo más. Otra cosa es que, si la ley educativa cambia en el futuro y nos obliga, tengamos que hacerlo. Por ahora, motu proprio, no nos planteamos avanzar en esa línea.

P. Con el cambio climático, cada vez hay más episodios de calor extremo en mayo, junio o septiembre, con alumnos y profesores en las aulas. ¿No le llama la atención que asumamos que en los colegios no haya aire acondicionado, cuando sería impensable en cualquier otro centro público?

R. Tenemos que contextualizar. Hace unos años las olas de calor se concentraban en julio y agosto, cuando los centros educativos estaban cerrados, y por eso nunca se había planteado la necesidad de climatizarlos. No ocurría lo mismo con centros de salud, ayuntamientos o residencias, por ejemplo, que sí tienen actividad todo el año.

Ahora, con olas de calor desde abril hasta octubre y cada vez más frecuentes, la situación ha cambiado. Por ello, la Consejería ha empezado a actuar progresivamente, dentro de los presupuestos disponibles. Ya hemos invertido 3,5 millones de euros en 114 centros de Secundaria y prácticamente la mitad de la red cuenta con algún sistema de climatización.

En el caso de los colegios, al ser titularidad municipal, son los ayuntamientos quienes deben implicarse. Desde la Consejería hemos sacado tres convocatorias, financiando con fondos europeos el 85 % de las actuaciones.

P. ¿Por qué hay ayuntamientos importantes que han concurrido a dichas ayudas de una manera muy tímida o directamente se han quedado fuera? ¿Qué ha fallado?

R. La primera convocatoria quedó prácticamente desierta quizá por desconocimiento o por ciertos requisitos planteados por Industria, pero la segunda ya fue un éxito y participaron 129 ayuntamientos.

Es cierto que sorprende que haya municipios que no han solicitado ninguna ayuda, que otros con muchos centros solo la hayan pedido ayuda para climatizar uno de ellos o que algún que otro ayuntamiento haya incluso renunciado a la ayuda que tenía concedida. El sistema es sencillo: el ayuntamiento adelanta la inversión y se le devuelve el 85 %, quedando solo un 15 % a su cargo. Si el problema es tener que adelantar el dinero, incluso sé de algunas diputaciones que han estado dispuestas a financiar a los ayuntamientos y luego echar cuentas. No sé muy bien lo que les ha podido pasar.

Lo que quiero destacar es que queda una tercera convocatoria, que será en los mismos términos pero con más tiempo para preparar proyectos. Y quiero subrayar que la Consejería y las delegaciones provinciales de Educación estamos a disposición de cualquier ayuntamiento para resolver dudas, porque su éxito es también el nuestro. Solo pedimos que los proyectos se ajusten a lo previsto: climatización de aulas y de servicios complementarios como los comedores, nada más.

P. ¿Alguna vez pensó que un compañero suyo de partido se pondría en huelga de hambre para reivindicar la construcción de un instituto en su pueblo? Me refiero al alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, que estuvo sin comer durante la semana del 18 al 24 de agosto. ¿Cómo vivió la polémica esos días?

R. La viví con tristeza y desconcierto. Somos compañeros y me reprochaba públicamente que llevaba 17 meses sin contestarlo. Recibo diariamente muchos escritos que son filtrados y distribuidos por mi equipo, y me consta que el delegado provincial ha estado en contacto con el Ayuntamiento de Noblejas. Aun así, aplico autocrítica: cuando leí sus declaraciones le escribí una carta lamentando la situación y ofreciéndome a dedicar una tarde a planificar juntos.

Le pedí que me trasladara datos objetivos —crecimiento de población, planes urbanísticos, nuevas viviendas— que justificasen la construcción del instituto en Noblejas, porque la planificación educativa debe basarse en información clara y contrastada, no solo en percepciones. Su respuesta fue contestarme con otra carta de muy mala forma.

La realidad es tozuda. Hace unos años Noblejas tenía unos 64 alumnos de nuevo ingreso, hoy son 32 en la pública y siete en la concertada: un 40 % menos de alumnado. ¿Merece Noblejas un instituto si se dan las circunstancias? Nadie lo niega, pero necesitamos datos sólidos que lo justifiquen. En su momento la comarca requería más plazas escolares y se decidió ubicar el nuevo centro en la localidad con mayor crecimiento, en Ocaña, que ha ganado 4.000 habitantes en los últimos años. Noblejas, apenas 400.

No quiero entrar en confrontaciones, pero ni yo ni ninguno de los consejeros de Educación anteriores hemos planificado las infraestructuras educativas bajo criterios políticos. Todo parte de informes técnicos de Inspección, independientes y objetivos.

Hace unos años, Inspección concluyó que tenía sentido abrir un nuevo instituto en Ocaña, y en base a eso se actuó. Ni utilización política, ni ninguneo: solo respeto, transparencia y datos. Si en el futuro cambian las circunstancias, se estudiarán, y entonces podrá valorarse si Noblejas necesita o no un instituto.

P. ¿Han llegado a sospechar que el alcalde de Noblejas, que dice tener un discurso «de izquierdas» y no robar votos «en otras latitudes, ha forzado esta polémica para desgastar a Emiliano García-Page?

R. No. Nosotros somos muy serios en el trabajo y nos centramos en la reclamación, que en este caso es la petición de un instituto, como ocurre en cualquier otra localidad. No hacemos lecturas diferentes ni buscamos confrontación. Nuestro objetivo es atender los crecimientos donde realmente se producen, garantizar la estabilidad de la población y reforzar los servicios públicos.

Hemos actuado siempre con corrección y respeto. Cada uno tiene su forma de hacer política. Yo no quiero ni buscar ni alimentar una confrontación. Para mí ha sido una forma de reivindicar, aunque creo que hay muchas otras más constructivas.

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