La fotografía de Salvador Illa y Carles Puigdemont reunidos en Bruselas, el pasado lunes, ha tenido tantas lecturas como interrogantes alberga el contenido real de su conversación. Pero si hay algo seguro es que el apretón de manos que ambos exhibieron era impensable hace muy pocos años. La reunión entre el actual presidente de la Generalitat y el expresident a más de 1.000 kilómetros de distancia de Barcelona certifica el nuevo tiempo político en Cataluña y apuntala, no sin pocas incógnitas, la apuesta socialista por regresar a la normalidad política y social tras la etapa frenética del procés.
Madrid y otras comunidades son las que apuestan ahora por la confrontación en torno a la identidad o la financiación
La fotografía de Salvador Illa y Carles Puigdemont reunidos en Bruselas, el pasado lunes, ha tenido tantas lecturas como interrogantes alberga el contenido real de su conversación. Pero si hay algo seguro es que el apretón de manos que ambos exhibieron era impensable hace muy pocos años. La reunión entre el actual presidente de la Generalitat y el expresident a más de 1.000 kilómetros de distancia de Barcelona certifica el nuevo tiempo político en Cataluña y apuntala, no sin pocas incógnitas, la apuesta socialista por regresar a la normalidad política y social tras la etapa frenética del procés.
La Diada de este jueves será un termómetro en esa distensión, mientras el eje de la polarización territorial se desplaza a Madrid y otras comunidades autónomas en manos del PP, que ahora recurren a la confrontación en torno a la identidad o la financiación para imponer su agenda.
“El clima político en Cataluña no es el mismo de hace cinco años”, certifica Belén López, secretaria general de CC.OO. de Cataluña. “Por fin, en el centro de la agenda política y social se ubican los temas a los que es necesario dar respuesta, como el acceso a la vivienda”, explica. Esa apuesta por la política cotidiana también tiene reflejo en las encuestas. Entre 2017 y la pandemia, la relación entre Cataluña y España encabezó de forma ininterrumpida el listado de preocupaciones ciudadanas recogidas por el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat. Llegó a obtener un 39%, mientras que el pasado julio ocupaba la quinta posición (5,6%), casi empatada con el desempeño de la economía. El acceso a la vivienda está ahora en cabeza, con más de dos de cada diez encuestados.
Los datos, recuerda Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, se solapan con la caída del apoyo a la independencia. El no a la secesión encadena, según el CEO, seis años como opción mayoritaria (en julio la preferían el 51%, frente a un 40%). “El shock de realidad tras el fracaso del procés, sumado al cambio de la opinión pública y la alternancia del poder en ambos gobiernos han obligado a los partidos independentistas a centrarse ahora en otros temas para proyectarse adelante”, explica. La decisión de la CUP de negociar y apoyar, el pasado abril, el control de precios de los pisos de temporada del Govern puso fin a la política de bloques.
No es lo único que ha cambiado dentro del independentismo, donde la movilización constante también se ha diluido. Nada hace prever que la manifestación de la Diada de este jueves, convocada por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, repita los impresionantes datos de asistencia de años anteriores. El procés esté superado, recuerda Simón, pero es un error equiparar eso con el fin del independentismo.
La instalación en el agravio territorial, maximizada por la retórica de choque propia de 2017, ha quedado desactivada no solo por la llegada de los socialistas a la Generalitat y su apuesta por “la concordia”. Los dos partidos independentistas son indispensables en el Congreso y pugnan por ponerse la medalla de quién logra más concesiones, lo que hace que el relato basado solamente en el agravio haya quedado desfasado. De ahí, también, que el cumplimiento de esos compromisos sea indispensable para Junts y ERC.
Una cita como la del martes era impensable hace seis años, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. La reacción territorialmente diferenciada sobre el encuentro, opina el politólogo Oriol Bartomeus, director del Instituto ICPS, demuestra que en Cataluña, a diferencia de Madrid, se está ya en una fase “olvidante del procés”. “Mientras que esa foto se leía desde aquí como la constatación del cambio, en parte del resto del Estado se lee como un elemento de claudicación y es deconstruida a favor de la bronca”, explica.
El PP y Vox, coinciden Bartomeus y Simón, centran en el apoyo de Junts y ERC (y Bildu) su estrategia de desgaste parlamentario. A la caricaturización nada nueva de los catalanes como insolidarios y siempre en busca de privilegios, se suma ahora el intento por reducir cualquier elemento de distensión o avance político a la mera sumisión de Pedro Sánchez. Ese sería el caso, por ejemplo, de la quita de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o del intento de reformar el modelo de financiación.
Simón cree que, tras la campaña agresiva del PP en contra de la quita, está el dilema interno de rechazar unos recursos que las comunidades necesitan, más allá de no estar de acuerdo con el método de reparto. Bartomeus ve ciertas similitudes con la manera como se atacaron en su día las reformas de la financiación o del Estatuto de Cataluña. “De la bronca del PP y su decisión de llevarlo al Tribunal Constitucional, el partido pasó a replicar parte del contenido en las reformas estatutarias”, recuerda.
“La cuestión territorial siempre va a estar inflamada, enfrenta la apuesta por la descentralización en la izquierda y por la centralización en la derecha”, advierte Simón. “Pero hay una paradoja: a la derecha le viene de maravilla porque los suyos salen a votar y eso erosiona a PSOE en territorios que no son plurilingües, como Andalucía. Pero si el PP y Vox no llegan a la mayoría absoluta, les será muy complicado pactar. En la izquierda hay más amigos, aunque la derecha tenga más votantes”, explica.
“Estamos mejor pero no se puede decir que hay normalidad total, porque la reunión se hizo en Bruselas”, asegura el líder de UGT de Cataluña, Camil Ros. Una opinión que comparte López. El choque entre los poderes públicos a cuenta de la Ley de Amnistía tiene en la situación de líder de Junts su nudo gordiano. Su figura se mira de manera distinta en Cataluña que en el resto del Estado y eso marcará también el desenlace jurídico. “Tiene menos apoyo la vía de la amnistía que la de los indultos y eso se ve reflejado en el salto cualitativo de la protesta”, cree Simón.
Presupuestos
El relato de la normalización de Illa se enfrenta, en la práctica, con los Presupuestos. Poner fin a dos prórrogas depende de los votos de ERC y Comunes. Una debilidad interna que acompasa con muestras de lealtad al Gobierno —que la oposición interpreta como falta de exigencia, por ejemplo con las incidencias en Rodalies— y con una defensa del modelo autonómico. Para Bartomeus, “el voto en las generales ya no es un voto al PSOE, el capital electoral es también del PSC y de Illa”. “En Madrid ya son conscientes de la importancia del voto catalán para la supervivencia de la mayoría progresista”.
Esa influencia, acompañada de la buena relación personal con Sánchez, ha llevado a Illa a empezar cruzadas inéditas. Junts y gran parte del independentismo critica la “desnacionalización” del Govern de Illa, mientras él se va de gira por España a explicar el nuevo modelo de financiación e intentar desmontar tópicos como el de la insolidaridad, aprovechando los réditos de haber sido el ministro de la pandemia. “Que lo consiga es muy difícil. Pero debe pensar que vale la pena probar algo que no se ha intentado. No tiene nada que perder”, apunta Bartomeus.
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