Lo que puede parecer un asunto técnico puede tener consecuencias muy reales para todos: desde los hogares que quieren instalar placas solares hasta las empresas que necesitan energía para crecer. Y el problema no es menor.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo que regula el sector eléctrico— ha propuesto nuevas reglas que, según analistas y expertos, castigan a las empresas encargadas de llevar la electricidad desde las grandes líneas de alta tensión hasta nuestras casas y negocios. Mientras tanto, el monopolio que se ocupa de las autopistas de alta tensión (Redeia, la antigua Red Eléctrica de España) sale ganando, y mucho. Esto ha generado un profundo malestar en el sector y un temor creciente: si no se cambia el enfoque, la electrificación de España puede estancarse.Las alarmas han saltado tras la publicación de dos propuestas clave por parte de la CNMC. Estas propuestas afectan a las redes de distribución —las que llegan a los consumidores— y recortan drásticamente la rentabilidad para las compañías que deberían encargarse de reforzarlas y ampliarlas. Se les pagará menos por invertir, y lo que se les pague dependerá de si efectivamente consiguen nuevos clientes. Es decir: si una empresa instala una línea para un futuro polígono industrial, no cobrará nada hasta que una empresa se conecte, lo que podría tardar ocho años. Con ese modelo, muchas inversiones dejarán de hacerse.Mientras tanto, Redeia, que gestiona las redes de transporte, ha recibido un modelo completamente diferente y mucho más favorable. A partir de 2026, sus ingresos aumentarán un 52%, y sus inversiones se retribuirán por el coste real auditado. Además, el recorte en sus costes operativos será del 6%, frente al 24% que se aplica a las distribuidoras. En resumen, Redeia recibe estabilidad, visibilidad y rentabilidad, mientras que las eléctricas distribuidoras tendrán que asumir más riesgo, más incertidumbre y menos ingresos.Esta desigualdad tiene consecuencias directas para los consumidores. Si se invierte solo en las grandes redes de transporte, pero no en las de distribución, muchas zonas quedarán desconectadas o saturadas, sin capacidad para acoger nuevos clientes, placas solares, puntos de carga para coches eléctricos o proyectos industriales. La paradoja es que podríamos tener más líneas eléctricas de alta tensión cruzando el país, pero sin posibilidad de llevar la energía hasta donde se necesita.Las eléctricas denuncian la inseguridad jurídica que genera el nuevo modelo de la CNMCEl impacto es aún mayor en regiones industriales o en zonas donde la red ya está al límite. Si las empresas no pueden conectarse o tienen que asumir sobrecostes por falta de capacidad, podrían optar por invertir en otros países. Esto no solo frena la electrificación: puede traducirse en pérdida de empleo, deslocalización industrial y encarecimiento de la energía para todos.Contra la política energética del GobiernoUn informe realizado por la consultora PwC sobre estas propuestas advierte que el nuevo modelo de la CNMC «ignora las prioridades de política energética del Gobierno», entre ellas el impulso a la electrificación y la atracción de capital privado para modernizar la red. Además, alerta de que más de 60 GW de nueva demanda —necesaria para descarbonizar el país— podrían quedarse sin conectar. Es decir, el país podría fallar en su objetivo climático no por falta de tecnología o financiación, sino por una regulación mal diseñada.Otro punto crítico es la tasa de retribución financiera (TRF), que establece el «precio» que se paga por invertir en redes. Aunque la CNMC la ha subido al 6,46%, los expertos coinciden en que sigue siendo baja si se compara con otros países europeos. Italia, por ejemplo, ofrece un 8,1%, Suecia un 7,3% y Dinamarca un 7,2%. En un mundo donde la inversión en redes es clave para la transición energética, España corre el riesgo de perder atractivo frente a sus vecinos.Las eléctricas también denuncian la inseguridad jurídica que genera este nuevo modelo. No saben cómo evolucionarán los parámetros que determinan cuánto se les pagará ni cómo se aplicarán en cada caso. La rentabilidad dependerá de factores externos, como el número de nuevos clientes o la evolución del mercado, lo que dificulta la planificación de inversiones a largo plazo.Si se invierte en redes de transporte, pero no en las de distribución, muchas zonas quedarán saturadasLa CNMC defiende que está introduciendo mejoras técnicas y criterios de eficiencia, pero si no ajusta las condiciones para reflejar el riesgo real de estas inversiones, podría estar construyendo un muro en lugar de un puente hacia el futuro energético. La electrificación no se logrará solo con discursos y metas ambiciosas. Hace falta una red moderna, amplia y bien remunerada. Y si las empresas que deben construirla no ven garantías ni retorno, simplemente no lo harán.Por eso, en palabras llanas, el problema es claro: si no se corrige el rumbo de la regulación, España se quedará sin red suficiente para sostener su electrificación. Y eso, tarde o temprano, lo pagaremos todos. Lo que puede parecer un asunto técnico puede tener consecuencias muy reales para todos: desde los hogares que quieren instalar placas solares hasta las empresas que necesitan energía para crecer. Y el problema no es menor.La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo que regula el sector eléctrico— ha propuesto nuevas reglas que, según analistas y expertos, castigan a las empresas encargadas de llevar la electricidad desde las grandes líneas de alta tensión hasta nuestras casas y negocios. Mientras tanto, el monopolio que se ocupa de las autopistas de alta tensión (Redeia, la antigua Red Eléctrica de España) sale ganando, y mucho. Esto ha generado un profundo malestar en el sector y un temor creciente: si no se cambia el enfoque, la electrificación de España puede estancarse.Las alarmas han saltado tras la publicación de dos propuestas clave por parte de la CNMC. Estas propuestas afectan a las redes de distribución —las que llegan a los consumidores— y recortan drásticamente la rentabilidad para las compañías que deberían encargarse de reforzarlas y ampliarlas. Se les pagará menos por invertir, y lo que se les pague dependerá de si efectivamente consiguen nuevos clientes. Es decir: si una empresa instala una línea para un futuro polígono industrial, no cobrará nada hasta que una empresa se conecte, lo que podría tardar ocho años. Con ese modelo, muchas inversiones dejarán de hacerse.Mientras tanto, Redeia, que gestiona las redes de transporte, ha recibido un modelo completamente diferente y mucho más favorable. A partir de 2026, sus ingresos aumentarán un 52%, y sus inversiones se retribuirán por el coste real auditado. Además, el recorte en sus costes operativos será del 6%, frente al 24% que se aplica a las distribuidoras. En resumen, Redeia recibe estabilidad, visibilidad y rentabilidad, mientras que las eléctricas distribuidoras tendrán que asumir más riesgo, más incertidumbre y menos ingresos.Esta desigualdad tiene consecuencias directas para los consumidores. Si se invierte solo en las grandes redes de transporte, pero no en las de distribución, muchas zonas quedarán desconectadas o saturadas, sin capacidad para acoger nuevos clientes, placas solares, puntos de carga para coches eléctricos o proyectos industriales. La paradoja es que podríamos tener más líneas eléctricas de alta tensión cruzando el país, pero sin posibilidad de llevar la energía hasta donde se necesita.Las eléctricas denuncian la inseguridad jurídica que genera el nuevo modelo de la CNMCEl impacto es aún mayor en regiones industriales o en zonas donde la red ya está al límite. Si las empresas no pueden conectarse o tienen que asumir sobrecostes por falta de capacidad, podrían optar por invertir en otros países. Esto no solo frena la electrificación: puede traducirse en pérdida de empleo, deslocalización industrial y encarecimiento de la energía para todos.Contra la política energética del GobiernoUn informe realizado por la consultora PwC sobre estas propuestas advierte que el nuevo modelo de la CNMC «ignora las prioridades de política energética del Gobierno», entre ellas el impulso a la electrificación y la atracción de capital privado para modernizar la red. Además, alerta de que más de 60 GW de nueva demanda —necesaria para descarbonizar el país— podrían quedarse sin conectar. Es decir, el país podría fallar en su objetivo climático no por falta de tecnología o financiación, sino por una regulación mal diseñada.Otro punto crítico es la tasa de retribución financiera (TRF), que establece el «precio» que se paga por invertir en redes. Aunque la CNMC la ha subido al 6,46%, los expertos coinciden en que sigue siendo baja si se compara con otros países europeos. Italia, por ejemplo, ofrece un 8,1%, Suecia un 7,3% y Dinamarca un 7,2%. En un mundo donde la inversión en redes es clave para la transición energética, España corre el riesgo de perder atractivo frente a sus vecinos.Las eléctricas también denuncian la inseguridad jurídica que genera este nuevo modelo. No saben cómo evolucionarán los parámetros que determinan cuánto se les pagará ni cómo se aplicarán en cada caso. La rentabilidad dependerá de factores externos, como el número de nuevos clientes o la evolución del mercado, lo que dificulta la planificación de inversiones a largo plazo.Si se invierte en redes de transporte, pero no en las de distribución, muchas zonas quedarán saturadasLa CNMC defiende que está introduciendo mejoras técnicas y criterios de eficiencia, pero si no ajusta las condiciones para reflejar el riesgo real de estas inversiones, podría estar construyendo un muro en lugar de un puente hacia el futuro energético. La electrificación no se logrará solo con discursos y metas ambiciosas. Hace falta una red moderna, amplia y bien remunerada. Y si las empresas que deben construirla no ven garantías ni retorno, simplemente no lo harán.Por eso, en palabras llanas, el problema es claro: si no se corrige el rumbo de la regulación, España se quedará sin red suficiente para sostener su electrificación. Y eso, tarde o temprano, lo pagaremos todos.
Lo que puede parecer un asunto técnico puede tener consecuencias muy reales para todos: desde los hogares que quieren instalar placas solares hasta las empresas que necesitan energía para crecer. Y el problema no es menor.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —el organismo que regula el sector eléctrico— ha propuesto nuevas reglas que, según analistas y expertos, castigan a las empresas encargadas de llevar la electricidad desde las grandes líneas de alta tensión hasta nuestras casas y negocios. Mientras tanto, el monopolio que se ocupa de las autopistas de alta tensión (Redeia, la antigua Red Eléctrica de España) sale ganando, y mucho. Esto ha generado un profundo malestar en el sector y un temor creciente: si no se cambia el enfoque, la electrificación de España puede estancarse.
Las alarmas han saltado tras la publicación de dos propuestas clave por parte de la CNMC. Estas propuestas afectan a las redes de distribución —las que llegan a los consumidores— y recortan drásticamente la rentabilidad para las compañías que deberían encargarse de reforzarlas y ampliarlas. Se les pagará menos por invertir, y lo que se les pague dependerá de si efectivamente consiguen nuevos clientes. Es decir: si una empresa instala una línea para un futuro polígono industrial, no cobrará nada hasta que una empresa se conecte, lo que podría tardar ocho años. Con ese modelo, muchas inversiones dejarán de hacerse.
Mientras tanto, Redeia, que gestiona las redes de transporte, ha recibido un modelo completamente diferente y mucho más favorable. A partir de 2026, sus ingresos aumentarán un 52%, y sus inversiones se retribuirán por el coste real auditado. Además, el recorte en sus costes operativos será del 6%, frente al 24% que se aplica a las distribuidoras. En resumen, Redeia recibe estabilidad, visibilidad y rentabilidad, mientras que las eléctricas distribuidoras tendrán que asumir más riesgo, más incertidumbre y menos ingresos.
Esta desigualdad tiene consecuencias directas para los consumidores. Si se invierte solo en las grandes redes de transporte, pero no en las de distribución, muchas zonas quedarán desconectadas o saturadas, sin capacidad para acoger nuevos clientes, placas solares, puntos de carga para coches eléctricos o proyectos industriales. La paradoja es que podríamos tener más líneas eléctricas de alta tensión cruzando el país, pero sin posibilidad de llevar la energía hasta donde se necesita.
Las eléctricas denuncian la inseguridad jurídica que genera el nuevo modelo de la CNMC
El impacto es aún mayor en regiones industriales o en zonas donde la red ya está al límite. Si las empresas no pueden conectarse o tienen que asumir sobrecostes por falta de capacidad, podrían optar por invertir en otros países. Esto no solo frena la electrificación: puede traducirse en pérdida de empleo, deslocalización industrial y encarecimiento de la energía para todos.
Contra la política energética del Gobierno
Un informe realizado por la consultora PwC sobre estas propuestas advierte que el nuevo modelo de la CNMC «ignora las prioridades de política energética del Gobierno», entre ellas el impulso a la electrificación y la atracción de capital privado para modernizar la red. Además, alerta de que más de 60 GW de nueva demanda —necesaria para descarbonizar el país— podrían quedarse sin conectar. Es decir, el país podría fallar en su objetivo climático no por falta de tecnología o financiación, sino por una regulación mal diseñada.
Otro punto crítico es la tasa de retribución financiera (TRF), que establece el «precio» que se paga por invertir en redes. Aunque la CNMC la ha subido al 6,46%, los expertos coinciden en que sigue siendo baja si se compara con otros países europeos. Italia, por ejemplo, ofrece un 8,1%, Suecia un 7,3% y Dinamarca un 7,2%. En un mundo donde la inversión en redes es clave para la transición energética, España corre el riesgo de perder atractivo frente a sus vecinos.
Las eléctricas también denuncian la inseguridad jurídica que genera este nuevo modelo. No saben cómo evolucionarán los parámetros que determinan cuánto se les pagará ni cómo se aplicarán en cada caso. La rentabilidad dependerá de factores externos, como el número de nuevos clientes o la evolución del mercado, lo que dificulta la planificación de inversiones a largo plazo.
Si se invierte en redes de transporte, pero no en las de distribución, muchas zonas quedarán saturadas
La CNMC defiende que está introduciendo mejoras técnicas y criterios de eficiencia, pero si no ajusta las condiciones para reflejar el riesgo real de estas inversiones, podría estar construyendo un muro en lugar de un puente hacia el futuro energético. La electrificación no se logrará solo con discursos y metas ambiciosas. Hace falta una red moderna, amplia y bien remunerada. Y si las empresas que deben construirla no ven garantías ni retorno, simplemente no lo harán.
Por eso, en palabras llanas, el problema es claro: si no se corrige el rumbo de la regulación, España se quedará sin red suficiente para sostener su electrificación. Y eso, tarde o temprano, lo pagaremos todos.
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