Nuevo paso en la lenta operación para despojar a los Franco de la Casa Cornide, el valioso edificio público de A Coruña que fue entregado al dictador en 1962 a través de una subasta amañada y una falsa venta. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves por unanimidad que siga adelante el procedimiento administrativo para anular los acuerdos municipales que hace 64 años permitieron la puja que privatizó el histórico inmueble. La mansión fue primero adquirida por el empresario franquista Pedro Barrié de la Maza, cómplice también en la operación del pazo de Meirás, y en apenas tres días pasó a engordar la fortuna de los Franco.
PSOE, PP y BNG se unen para proseguir con la anulación de la subasta amañada que en 1962 entregó al dictador el histórico edificio público
Nuevo paso en la lenta operación para despojar a los Franco de la Casa Cornide, el valioso edificio público de A Coruña que fue entregado al dictador en 1962 a través de una subasta amañada y una falsa venta. El pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves por unanimidad que siga adelante el procedimiento administrativo para anular los acuerdos municipales que hace 64 años permitieron la puja que privatizó el histórico inmueble. La mansión fue primero adquirida por el empresario franquista Pedro Barrié de la Maza, cómplice también en la operación del pazo de Meirás, y en apenas tres días pasó a engordar la fortuna de los Franco.
PSOE, PP y BNG han unido sus votos para rechazar la petición de los herederos de Francisco Franco de declarar la caducidad del expediente por haberse rebasado el plazo de tramitación marcado por la ley. Así lo solicitó el pasado junio el tercer nieto del dictador, Francisco Franco Martínez-Bordiu, conocido como Francis Franco, a través de la sociedad Pristina, SL y en representación de sus hermanos. Lo hizo después de que sus alegaciones fueran refutadas por el Ayuntamiento ocho meses antes. La corporación desestima ahora esa caducidad alegando que, tal y como recoge la doctrina del Tribunal Supremo, el periodo establecido legalmente puede ser superado si existe “una cuestión de interés general”. En este caso, estaría justificado por la gravedad de los hechos y la necesidad de devolver la Casa Cornide al patrimonio público.
Según fuentes conocedoras del procedimiento, los pasos siguientes que debería dar el gobierno de la socialista Inés Rey consisten en anular definitivamente en pleno los acuerdos que propiciaron la privatización del edificio y acudir a la vía civil para lograr la declaración de dominio que anule el contrato de compraventa de los Franco. El equipo de Rey ha declinado responder a las preguntas de EL PAÍS sobre los escenarios y plazos que maneja para un proceso que inició hace más de seis años.
La “confesión del fraude”
La Casa Cornide, un caserón del siglo XVIII emplazado en plena Ciudad Vieja de A Coruña que Carmen Polo y su hija frecuentaron durante décadas, era a principios de los sesenta de propiedad estatal y fue cedida al Ayuntamiento para acoger un conservatorio de música. Sin embargo, el plan cambió de manera repentina. El inmueble fue desafectado y subastado. A través de un acuerdo plenario del 3 de julio de 1962 se aprobó una puja que restringía las obras en la Casa Cornide y prohibía que el beneficiario la vendiese a un tercero. Solo un mes después, el 2 de agosto, el pleno dio luz verde a adjudicar la mansión a Barrié de la Maza y a retirar esos dos requisitos que desalentaban a otros posibles interesados. El 6 de agosto, el fundador del Banco Pastor y de Unión Fenosa le traspasó el edificio a Carmen Polo.
Para desmontar esta operación de la dictadura fue crucial el hallazgo del historiador Emilio Grandío. Encontró una carta del 1 de agosto de 1962 en la que un colaborador del dictador le confiesa a un alto cargo del Gobierno franquista el fraude orquestado para que Franco se hiciera con el edificio público. Reza así:
“Hoy por fin ha terminado el plazo para la subasta de la célebre casa que tanto deseaba Su Excelencia. Hoy también se reúne el pleno [del Ayuntamiento] para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo. Los señores están encantados porque han logrado el deseo de poder tener una casa en La Coruña, para que cuando tenga que desplazarse la Señora no haya necesidad de abrir el Pazo de Meirás que tantas molestias origina, por lo grande que es esta residencia y el número de criados y servidores que se necesita”.
“Es la confesión del fraude”, subraya Carlos Aymerich, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de A Coruña y autor de la estrategia jurídica que sustenta el proceso para recuperar la Casa Cornide. En el informe que elaboró el pasado noviembre, Aymerich detecta diversos vicios de nulidad en la operación que entregó el inmueble a los Franco, entre ellos que esa “modificación sobrevenida” de las condiciones de la subasta “es ilegal”. La normativa tampoco permitía que el jefe de Estado fuese adjudicatario de una puja. Aunque fue Carmen Polo la que recibió el edificio, estaban casados en gananciales y él, en virtud del régimen franquista que restringía la libertad de las mujeres, tuvo que autorizar que su esposa ejecutase la compra. El Código Civil le llamaba a aquello “licencia marital regulada”.
Obras con dinero público
La convocatoria de las sesiones plenarias que aprobaron la operación también estuvo plagada de irregularidades, entre ellas plazos incumplidos, falta de motivación de la urgencia la reunión de la comisión informativa el mismo día de celebración del pleno.
El proceso para devolver la Casa Cornide a patrimonio público acumula seis años de trámites y, conociendo la trayectoria de los Franco, se prevé que la batalla administrativa y judicial sea larga. La Fundación Barrié, heredera del empresario que ayudó a Franco en esta operación y en la de Meirás, no ha presentado alegaciones al expediente municipal. Por contra, la familia del dictador ha llegado a alegar ante el consistorio coruñés que la Casa Cornide actual incluye una finca que compró Carmen Polo posteriormente y por la que deberían ser indemnizados. Toda la documentación oficial certifica, sin embargo, que la obra de ampliación del edificio original sobre la finca anexa fue contratada y costeada por el Ayuntamiento de A Coruña. A aquellos trabajos se destinó casi un millón de pesetas de dinero público, el triple que las 305.000 pesetas que pagó Barrié de la Maza por el edificio y 38 veces más que las 25.000 pesetas que Polo le dio al empresario amigo para quedarse con la mansión.
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