José Luis Ábalos y Koldo García asistieron este jueves en silencio a la audiencia preliminar del juicio por la supuesta trama en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia que el Tribunal Supremo prevé celebrar en los próximos meses. El exministro y quien fuera su asesor fueron trasladados a primera hora desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) y, con gesto serio y sentados el uno al lado del otro, aunque sin interactuar entre ellos, escucharon cómo sus defensas alineaban sus argumentos con un mismo propósito: conseguir anular el procedimiento que ha desembocado en la apertura de juicio contra ambos o, al menos, forzar al alto tribunal a enviar la causa a la Audiencia Nacional, lo que retrasaría el juicio y, según los abogados, debería implicar la excarcelación de Ábalos y García. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, liderada por el PP, les acusaron de querer dilatar la causa.
El exministro y su asesor denuncian un pacto “opaco” entre Aldama y Anticorrupción y estos lo niegan
José Luis Ábalos y Koldo García asistieron este jueves en silencio a la audiencia preliminar del juicio por la supuesta trama en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia que el Tribunal Supremo prevé celebrar en los próximos meses. El exministro y quien fuera su asesor fueron trasladados a primera hora desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) y, con gesto serio y sentados el uno al lado del otro, aunque sin interactuar entre ellos, escucharon cómo sus defensas alineaban sus argumentos con un mismo propósito: conseguir anular el procedimiento que ha desembocado en la apertura de juicio contra ambos o, al menos, forzar al alto tribunal a enviar la causa a la Audiencia Nacional, lo que retrasaría el juicio y, según los abogados, debería implicar la excarcelación de Ábalos y García. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, liderada por el PP, les acusaron de querer dilatar la causa.
La vista, que se extendió durante casi cuatro horas, dejó la primera imagen del exministro y su antiguo asesor desde que ingresaron en prisión provisional el pasado 27 de noviembre. Junto a ellos estaba también el tercer acusado, Víctor de Aldama, considerado el conseguidor de la trama, pero que es el único que está en libertad. El comisionista se ha beneficiado de una rebaja de pena considerable (las acusaciones piden para él siete años de cárcel, frente a los hasta 30 que reclaman para Ábalos y García) por autoinculparse y aportar información sobre cómo funcionaba la red que supuestamente tejieron durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes para adjudicar contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.
Esa estrategia de Aldama fue puesta en cuestión por el abogado de Ábalos, Marino Turiel, quien sugirió que la defensa del empresario y la Fiscalía tienen cerrado, de forma extraoficial, un pacto de conformidad para rebajar la pena del comisionista. “Exigimos que se nos informe de cuál ha sido el acuerdo, en qué ha consistido”, reclamó Turiel. El letrado de Aldama, José Antonio Choclan, y el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, lo negaron tajantemente. “No hay acuerdo ni amplio ni total ni parcial”, enfatizó el fiscal, que aseguró que, cuando el empresario confesó en la Audiencia Nacional, la Fiscalía desconocía lo que iba a decir.
Luzón explicó que pide mucha menos cárcel para Aldama que para los otros dos acusados —siete años frente a los 24 que reclama para Ábalos y los 19 y medio para García— porque la ley permite atenuar la pena si se colabora con la justicia; y porque no se le atribuyen los mismos delitos que al exministro y su asesor. A ellos les acusa de pertenencia a organización criminal, uso de información privilegiada, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que al empresario, solo de los tres primeros. En cualquier caso, subrayó, será el Supremo el que valore en su justa medida las palabras del comisionista.
Choclán también fue enfático en este punto. “No existe ningún acuerdo de conformidad”, dijo, y precisó que la Fiscalía y él comparten algunos de los hechos y discrepan de otros. “Lo que ha hecho Aldama no es firmar un acuerdo opaco, es acogerse a una norma penal”, la ideada para miembros de organizaciones criminales que ayudan a desmantelarlas, puntualizó el abogado.
La sesión de este jueves evidenció la brecha que se ha ido creando a lo largo de la instrucción entre Aldama —cabecilla de la supuesta trama corrupta, pero que ha llegado al juicio con un relato más cercano al de las acusaciones— y Ábalos y Koldo —que niegan todos los hechos que se les atribuyen—. Las defensas del exministro y su antiguo asistente unieron sus fuerzas para intentar frenar in extremis la celebración de la vista oral. Esgrimieron una batería de razones que, a su juicio, deberían derivar en la nulidad de la causa y cuestionaron la competencia del Supremo para juzgar este caso una vez que Ábalos ha renunciado al acta de diputado y, con ello, ha dejado de ser aforado. La abogada de García, Leticia de la Hoz, incluso registró, minutos antes del inicio de la vista, un escrito en el que reclama al Supremo que pregunte al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) qué órgano es el competente para juzgar a Ábalos. El tribunal debe ahora estudiar esta petición que, en caso de admitirse, implicaría la suspensión del juicio hasta que el TJUE resolviera.
En su turno de palabra, la Fiscalía, la acusación popular y la defensa de Aldama se opusieron radicalmente a la intención de Ábalos y García de enviar la causa a la Audiencia Nacional. Luzón y el abogado del PP, Alberto Durán, advirtieron de que el objetivo real de esas defensas es dilatar el procedimiento. El fiscal alertó de que, si el Supremo –que prevé comenzar el juicio después de Semana Santa— accede a desprenderse del caso, los hechos no se juzgarán inmediatamente en la Audiencia Nacional, sino que se reabrirá la investigación para hacer ajustes, “con toda la dilación evidente que produciría”. El resultado es que no habría juicio “en un plazo razonable”, avisó.
Además, el fiscal afeó a la defensa de García sus “contradicciones”, ya que inicialmente intentó el camino contrario, que todas las pesquisas recalaran en el Supremo. De hecho, puso de relieve que el antiguo asesor podría haber pedido en cualquier momento instrucción que se le investigara solo en la Audiencia —donde comenzaron las indagaciones—, dado que entonces el único aforado era el exministro. No obstante, para el fiscal, la conducta de ambos es “inescindible”: “Koldo era el alter ego de Ábalos”. En este mismo argumento incidió el abogado del PP. “Su suerte va unida a Ábalos. Juntos delinquieron y juntos tienen que ser juzgados”, dijo en referencia a Koldo García.
Las acusaciones también contrarrestaron otro de los motivos invocados por el exministro y quien fuera su asesor para pedir que se anule el procedimiento: que Ábalos fue investigado antes de que el Congreso levantara su inmunidad a petición del Supremo y que la instrucción ha ido mucho más allá de las pesquisas en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia, que era lo que autorizó la Cámara baja, según las defensas.
Para Anticorrupción, la inmunidad parlamentaria decae cuando se concede el suplicatorio. “De lo contrario nos adentraríamos en el ámbito de la inviolabilidad”, apuntó Luzón. En ese sentido, reivindicó también que la decisión sobre qué órgano es competente para juzgar un caso no puede depender de “una decisión libérrima del acusado”. “Me parece sencillamente descabellado”, apostilló. El fiscal tampoco dejó pasar la oportunidad de subrayar que el aforamiento es “un privilegio” que, “sin lugar a duda”, ha disfrutado Ábalos y que la competencia del Supremo “no cuelga de un mero acuerdo” de su Sala de lo Penal ―como aducen las defensas― “sino de una jurisprudencia pacífica”.
En este aspecto, la defensa de Aldama se sumó al alegato de las acusaciones. Para Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional, que el Supremo juzgue este caso no solo no es una merma de garantías sino “un privilegio” por tratarse del máximo tribunal. A eso sumó un argumento técnico: que “existe soporte normativo” suficiente para fijar la competencia del alto tribunal en el acto de apertura de juicio oral, más allá del acuerdo plenario de hace una década. El letrado aludió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta a una norma de 1912 para proteger los procedimientos penales de “los avatares” parlamentarios. En todo caso, incidió en que no se puede dejar la decisión al albur de “la voluntad del aforado”.
La audiencia preliminar también sirvió para que las partes modifiquen su petición de prueba de cara al juicio. El fiscal renunció a interrogar al hijo de Ábalos como testigo y las acusaciones populares hicieron lo mismo con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Como aspecto novedoso, la defensa de Koldo García pidió un careo con Aldama y que ambos se sometan a la prueba del polígrafo. La letrada del exasesor también reclamó la “contabilidad íntegra” de empresas de Aldama, para comprobar que hubo retiradas de efectivo cuando, según él, pagaba a García para que a su vez repartiera el dinero con Ábalos. Por su parte, Luzón instó a incorporar un informe policial del caso hidrocarburos como prueba de las “dádivas”. El tribunal resolverá sobre todo lo planteado en las próximas semanas.
Feed MRSS-S Noticias
