La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han aliado para ceder gratis por 70 años una parcela de 8.000 metros cuadrados de suelo público en la capital que está valorada en más de dos millones de euros, con el objetivo de que una empresa invierta en construir y equipar una residencia que podrá explotar por dos vías. Una, a precio decidido por la Administración, pues tendrá 80 plazas públicas (60 de residencia y 20 de centro de día). Otra, la mayoritaria, a precio de mercado, con 120 plazas privadas (90 de residencia y 30 de centro de día). La apuesta, según documentación consultada por EL PAÍS, es la punta de lanza de un proyecto para construir una cuarentena de centros de este tipo por toda la región. Un plan lleno de ventajas para el concesionario: en este caso, por ejemplo, la Administración calcula que la empresa ganadora del concurso deberá invertir 16,7 millones de euros en levantar y equipar el centro, lo que recuperará con los 2 millones anuales que podría llegar a cobrar por las plazas públicas, a los que se añadirán los ingresos de las plazas privadas, cafetería, párking y otros servicios. Además, la concesión del terreno podrá prorrogarse desde los 70 años iniciales a los 75, el máximo permitido por la ley.
La Comunidad saca a concurso un terreno de 8.000 metros cuadrados del Ayuntamiento de Madrid que se explotará con un modelo parecido al de la educación concertada
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han aliado para ceder gratis por 70 años una parcela de 8.000 metros cuadrados de suelo público en la capital que está valorada en más de dos millones de euros, con el objetivo de que una empresa invierta en construir y equipar una residencia que podrá explotar por dos vías. Una, a precio tasado, pues tendrá 80 plazas públicas (60 de residencia y 20 de centro de día). Otra, la mayoritaria, a precio de mercado con 120 plazas privadas (90 de residencia y 30 de centro de día). La apuesta, según documentación consultada por EL PAÍS, es la punta de lanza de un proyecto para construir una cuarentena de centros de este tipo por toda la región. Un plan lleno de ventajas para el concesionario: en este caso, por ejemplo, la Administración calcula que la empresa ganadora del concurso deberá invertir 16,7 millones de euros en levantar y equipar el centro, lo que recuperará con los 2 millones anuales que podría llegar a cobrar por las plazas públicas, a los que se añadirán los ingresos de las plazas privadas, cafetería, párking y otros servicios. Además, la concesión del terreno podrá prorrogarse desde los 70 años iniciales a los 75, el máximo permitido por la ley.
“El concesionario no tendrá limitación alguna en su actividad más allá de la existencia de plazas contratadas por la Comunidad de Madrid y de precio tasado establecidas en los pliegos (para las públicas)”, se lee en la documentación del concurso, que detalla que la empresa ganadora pondrá a disposición de los usuarios y familiares, servicios funerarios, de podología, peluquería, cafetería y parking. “La Concesión se otorga por un plazo de SETENTA (70) AÑOS a contar desde la firma del documento en que se formalice la misma”, se explicita. “No obstante, el plazo de la concesión podrá ser prorrogado por un período adicional de CINCO AÑOS por común acuerdo de las partes hasta el máximo legal previsto para este título habilitante”, se añade. Y se reconoce: “No existe como tal un valor de contraprestación establecido para la concesión”.
En consecuencia, la Comunidad exime al concesionario de pagar una tasa por explotar un terreno público (que habría sido de 103.821,80 euros) al considerar suficientes los 654.626 que perderá cada año como resultado de no explotar las plazas públicas como privadas. “La contraprestación es de tal magnitud que anula el pago de la tasa por parte del concesionario a la Administración”, se defiende en la documentación oficial. Un cálculo que desconoce que la residencia no se podría levantar, y ninguna plaza existiría, de no mediar la cesión del terreno público.
Así, la nueva residencia de la calle Oslo, en el distrito de San Blas-Canillejas, inaugura un modelo que se replicará por toda la región, y que a lo largo de 2026 se traducirá en una veintena de concursos similares para la cesión de parcelas. Porque tras la cesión de este primer terreno llegarán, como poco, el de otros 13 en distintos distritos de la capital, así como otros tantos en los municipios de Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz. Todas esas parcelas formarán parte del Plan de Residencias y centros de día 40-40, con equipos de exploración médica para telemedicina y habitaciones con oxígeno. El 40% de las plazas se reserva para uso de la red pública de la Comunidad de Madrid, mientras que al 60%, se podrá acceder a través de la prestación económica comúnmente conocida como cheque servicio, que ofrece el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Las residencias sumarían 4.215 camas a las algo más de 56.000 ya operativas en Madrid. La Comunidad se reserva 2.400 plazas y las empresas podrán ofertar 1.755 en el mercado libre. Un jugoso negocio sobre parcelas públicas que ahora se pone en marcha, y que anunció la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante el último debate del estado de la región.
Oposición del PSOE
Por su parte, el PSOE adoptó una resolución contra ese programa autonómico en el congreso de febrero que aupó al nuevo líder de los socialistas en Madrid, Óscar López. Eso supuso un giro drástico para algunas agrupaciones socialistas, como la de Leganés, que habían pedido postularse para el programa de Ayuso, visto por muchos como una respuesta necesaria al envejecimiento demográfico. En contraste, la resolución adoptada recordó que el último programa electoral ya apostaba por construir residencias de gestión pública: “Sin duda estamos ante una gran operación de privatización de servicios públicos, en este caso residencias de mayores”.
El modelo que se aplica ahora a las residencias remite irremediablemente al de la educación concertada. Allí también se apostó durante el gobierno de Esperanza Aguirre (2003-2012) por ceder terrenos públicos durante décadas a empresas privadas a cambio de que levantaran colegios y ofrecieran plazas públicas mientras cobraban por las privadas en etapas no obligatorias, como Infantil o Bachillerato. Al calor de ese modelo ha llegado tiempo después una lluvia de dinero público bajo la forma de becas para esos cursos. Una decisión con el sello de Díaz Ayuso, que también decidió recuperar la cesión de parcelas públicas para colegios concertados, que se frenó bajo el mando de Cristina Cifuentes (2015-2018).
La desorientación sobre si las nuevas 40 residencias son públicas, concertadas o privadas puede deberse a la variedad de modelos entre las 515 residencias madrileñas. Entre ellas hay 25 públicas de gestión directa y 18 públicas de gestión privada. Los centros que promueve ahora el Gobierno de Ayuso no se parecen a este segundo modelo, sino más bien a otras 32 residencias que fueron inauguradas a principio de siglo en lo que se conoció como el Plan Velocidad. Esas residencias, gestionadas por grupos como Orpea, Amavir o DomusVi, son consideradas privadas. Fueron construidas sobre suelo público cedido durante 50 años y la Comunidad se reservó plazas, de forma parecida a la actual.
Feed MRSS-S Noticias
