Desde que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llegó al poder en 2019, ha negado la asfixia financiera de las universidades públicas. Heredó el ahogamiento y ha vendido los pequeños incrementos presupuestarios como “históricos”. El martes cerró un acuerdo con los rectores menos generoso de lo que parece ―los 14.800 millones son en realidad 9.000 cuando se quitan conceptos como las matrículas o los 2.500 millones que tienen que recaudar los campus por sus medios, según los cálculos de las plataformas de la Universidad X la Pública― y lleno de interrogantes, porque solo ha trascendido una confusa nota de prensa. La oposición y las plataformas por la escuela pública no dudaban estos días de que el pacto sería un hecho antes de que este jueves Isabel Díaz Ayuso comparezca a petición propia para explicar por qué ha cambiado al consejero de Educación, Emilio Viciana, por la combativa Mercedes Zarzalejo.
Tras presentar un oscuro y confuso plan financiero, la presidenta quiere dar este jueves cerrojazo a la larga lista de desmanes educativos de la inexperta ‘troupe’
Desde que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso llegó al poder en 2019, ha negado la asfixia financiera de las universidades públicas. Heredó el ahogamiento y ha vendido los pequeños incrementos presupuestarios como “históricos”. El martes cerró un acuerdo con los rectores menos generoso de lo que parece ―los 14.800 millones son en realidad 9.000 cuando se quitan conceptos como las matrículas o los 2.500 millones que tienen que recaudar los campus por sus medios, según los cálculos de las plataformas de la Universidad X la Pública― y lleno de interrogantes, porque solo ha trascendido una confusa nota de prensa. La oposición y las plataformas por la escuela pública no dudaban estos días de que el pacto sería un hecho antes de que este jueves Isabel Díaz Ayuso comparezca a petición propia para explicar por qué ha cambiado al consejero de Educación, Emilio Viciana, por la combativa Mercedes Zarzalejo.
Viciana es miembro del clan de los pocholos, un grupo de cargos inexpertos y reaccionarios que, desde junio de 2023 y hasta el mes pasado, gestionaron los 7.000 millones porque su líder, el dramaturgo Antonio Castillo Algarra, era confidente de Ayuso. Este diario reveló su existencia en noviembre, aunque se han hecho célebres tras su salida. A Algarra se le atribuye el polémico e intrusivo anteproyecto de ley de educación superior (Lesuc) que ha caído con los pocholos o un intento de frenar el bilingüismo en las aulas madrileñas.
Ayuso tratará este jueves en la Asamblea de distanciarse de Algarra, objeto de muchas chanzas en los medios estos días, y sobre el que escribió en 2019: “Antonio, eres el rey. Te queremos”. En un escrito de ese año, el dramaturgo recuerda cómo se fraguó su estrecha relación: “Conocí a mi amiga Isabel Díaz Ayuso cuando preparaba la campaña de [Cristina] Cifuentes en las redes [2014 ó 2015]. Tuvo un gran éxito prácticamente sin medios ni apoyos. En nuestro primer encuentro le dije todo lo que pensaba de los errores del PP”.
“Ante mi avalancha de reproches, que como saben todos los que me conocen son duros y de fondo, Isa reaccionó escuchando, como ya escuchan pocos. No tenía por qué escucharme, pero lo hizo con verdadera atención (…)”, prosigue el texto que Algarra colgó en la red social X. “Desde entonces, nos hemos ido haciendo amigos, desde el único sitio que concibo la amistad, plena de crítica, exigencia, y lealtad entendida como búsqueda de lo mejor, para poder admirar al amigo, seguir siéndolo, aunque se piense diferente”. Tan amigos que le dio plenos poderes en la Consejería de Educación y estos son algunos de sus desmanes.
Más niños con autismo en clase, sin profesores
En el curso 2023/2024, con las clases empezadas, llegó una resolución a los centros que no había pasado ni por la mesa sectorial ni por los sindicatos. Se escolarizaría a cinco alumnos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) por aula, pero podrían ser hasta siete en casos excepcionales. Y los profesores especializados, que solo trabajan en aulas TEA, podrían cubrir bajas en el centro. Los padres de estos alumnos recogieron miles de firmas en contra de la medida y, de nuevo, la Comunidad dio un paso atrás en junio de 2024 y la dejó sin efecto. Viciana informó ese mismo día que incrustaría una escuela europea en el Ramiro de Maeztu, quitando espacio al instituto público.
Desprecio a 170 millones del Ministerio de Ciencia
Las competencias universitarias están transferidas, pero el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades lanzó en 2024 un programa, el María Goyri, para cofinanciar con las comunidades 5.600 plazas de profesores ayudante doctor durante seis años, con el compromiso autonómico de hacer fijos a esos investigadores después. Las comunidades del PP aceptaron gustosas un pacto muy favorable. Aunque al principio simularon estar descontentas para intentar que el Estado pagase el 100%, todas firmaron, menos Madrid.
Viciana tildó el pacto de “chantaje” y “una cacicada” y se negó a rubricarlo. La ministra Diana Morant hizo un llamamiento público, los rectores madrileños recordaron que se ahogaban y, finalmente, Ayuso le obligó a claudicar. Ahora cofinancian 1.091 plazas: el Estado aporta 169,8 millones y la Comunidad 112,3. Morant se vengó, obligando a Viciana a asistir a un acto de firma tensísimo, en el que él se mantuvo en sus trece: “Pedro Sánchez invita y las comunidades pagan. Es un chantaje”.
Sanciones millonarias a los estudiantes
Las primeras versiones del anteproyecto de la ley de educación superior madrileña (Lesuc), redactado siguiendo las directrices de Castillo Algarra, preveían unas sanciones desorbitadas e intimidatorias a los estudiantes por protestar en los campus. Las infracciones “muy graves”, vagamente enunciadas, acarrearían multas de entre 100.000 y un millón de euros por “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus”. Entre las faltas “leves”, se penaba con hasta 15.000 por poner una pancarta no autorizada. Cuatro expertos jurídicos consultados calificaron el proyecto de “desatino”, pues invadía competencias del Estado y entraba en “una materia ya regulada”. Era inconstitucional.
La presidenta reaccionó airada en X ante una portada de este diario. “Esta noticia es falsa”, dijo. El consejero, por su parte, publicó un vídeo que no desmentía. En versiones posteriores del proyecto, se rebajaron las penas.
250 doctorandos sin beca, por mala previsión
Los pocholos no incluyeron en los Presupuestos de 2026 una partida (29,1 millones en 2025) para que 250 investigadores trabajen durante cuatro años en sus tesis con un sueldo. La intención es que la convocatoria se falle a comienzos de 2027 y tenga mejores condiciones. Y, además, explica la consejería, así podrán presentar los que terminen los cursos de doctorado en junio. Si no se arregla el entuerto, va a resultar un caos. Pues van a echar los papeles predoctorales de dos promociones y los más antiguos con la desesperación de llevar esperando durante una eternidad. La Comunidad se ha ahorrado 29 millones, pero la pregunta es: ¿los pocholos quisieron recortar gastos o no han sido capaces de gestionar a tiempo cambios en las bases? Más Madrid va a intentar que Zarzalejo revierta esta situación, pero los frentes por cerrar son muchos.
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