El uso de medios estatales para la extinción de incendios en la última década superó ampliamente en Castilla y León al del resto de autonomías con las que comparte riesgos en cuanto a masa forestal amenazada, según datos del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). La suma entre la ayuda estatal suministrada desde 2015 a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, también muy extensas y con amplias masas forestales, resulta prácticamente equitativa a la de Castilla y León.
La vicepresidenta Aagesen comparece en el Congreso con las conclusiones sobre los servicios extinción
Un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) al que ha accedido EL PAÍS revela cómo el uso de medios estatales para la extinción de incendios en la última década superó ampliamente en Castilla y León al del resto de autonomías con las que comparte riesgos en cuanto a masa forestal amenazada. La suma entre la ayuda estatal suministrada desde 2015 a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, también muy extensas y con amplias masas forestales, resulta prácticamente equitativa a la de Castilla y León.
Después de la oleada de incendios de este verano, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece este viernes en el Congreso, tras una intervención en el Senado a finales de agosto en la que ya apuntaba en esta dirección. Habló allí de que es un “hecho estructural” que con un porcentaje de superficie forestal similar respecto al total de toda España “determinadas comunidades autónomas utilizan la mayor parte del dispositivo nacional”, tomando como referencia el indicador de las horas de vuelo. “Reflexionemos”, dijo Aagesen, “porque comunidades autónomas con superficies forestales considerables tienen resultados diferentes con el apoyo y el refuerzo que reciben no solo del Ministerio de Transición Ecológica, sino también del Ministerio del Interior y del de Defensa”.
Hasta 600 efectivos de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (Brif) más 56 aeronaves componen los medios de refuerzo ministerial a las comunidades. Casi la mitad de ese dispositivo actuó el pasado mes de agosto sobre las más de las 140.000 hectáreas forestales abrasadas en Castilla y León. Las llamas se cebaron sobre las provincias de León, Zamora y Palencia y, aunque en otros territorios también ha habido múltiples frentes, esta autonomía ha recibido el principal soporte del Gobierno con el 47,9% de las 1.436 intervenciones efectuadas en toda España con estos recursos nacionales. La segunda comunidad que recibió más apoyo estatal ha sido Galicia, que requirió el 28%, también muy afectada por las llamas. Estos datos sobre el despliegue contrasta con las afirmaciones del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), quien esgrime que cuentan con un operativo “suficiente” y que la meteorología lo desbordó, aunque la Junta contaba con informes advirtiendo de un contexto fatal.
Este territorio es, a su vez, el más grande de España y concentra el 18% de la superficie forestal nacional en sus 5,1 millones de hectáreas forestales, cifra creciente por la despoblación y abandono del sector primario.
La Junta cuenta con 23 medios aéreos para luchar contra el fuego. Las 17 autonomías suman 214 aeronaves por 56 de apoyo que pone el ministerio. Castilla y León, por tanto, dispone de un 10,8% de los medios aéreos autonómicos totales pese a disponer del 18% del suelo forestal español.
Los registros desde 2015 revelan que en este periodo de tiempo, Castilla y León, territorio gobernado por el PP desde 1987, ha requerido el 24,2% de las horas de vuelo de refuerzo de brigadas del Ministerio: 12.134 de las 50.140 del país. Le sigue Galicia, con el 21,5% de las horas en los últimos 10 años (10.785) pese a contar con apenas el 7,1% de la superficie forestal estatal. La región gallega también ha necesitado respaldo especial este verano, con 405 intervenciones, el 28,2% del total, frente a las 688 del territorio de Mañueco.
El Ministerio cuenta con 10 bases de Brif, tres de las nueve de la península se sitúan en esta comunidad (León, Ávila y Soria). Algunos de estos brigadistas aseguran que la Junta cuenta con unos medios propios tan escasos porque asumen que en caso de dificultades dispondrán de los recursos materiales y humanos de estas tres unidades. A principios de verano, la asociación de bomberos forestales de Castilla y León denunció que un incendio en Cuéllar (Segovia) fue controlado con medios aéreos del ministerio porque la provincia no disponía de helicóptero propio pese a exigirlo la ley autonómica contra incendios.
Mañueco defendió primero los dispositivos autonómicos existentes contra el fuego pero, al aumentar la crisis, reclamó más ayuda al Estado y criticó que no la recibía con la rapidez necesaria. Sin embargo, en varias ocasiones no se emplearon estos servicios extra que suministraba el ministerio.
Portavoces de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León alegan que esos medios del ministerio “están a disposición de las comunidades para ser utilizados cuando resulta necesario” y que ellos “siguen de manera rigurosa los protocolos establecidos y, de ser preciso, se solicita el apoyo de estos recursos estatales”.
La Consejería de Medio Ambiente recuerda que administran la comunidad más extensa y con más superficie forestal y que aspiran a “ataques contundentes en los primeros momentos de un incendio, lo que implica la movilización de un importante número de medios desde el inicio”. “Castilla y León asume sus competencias en materia de incendios forestales y dota al operativo de los medios que considera adecuados, incluidos recursos aéreos complementarios”, destacan, y recuerdan que esa competencia sobre los medios aéreos de extinción de incendios se la reservó el Estado.
Andalucía, con menos superficie forestal que Castilla y León (4,4 millones de hectáreas frente a 5,1 millones) tiene 14 aeronaves más. Castilla-La Mancha con millón y medio menos de hectáreas forestales que Castilla y León tiene las mismas aeronaves contra el fuego.
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