Fernando Sainz de la Maza nos cita en Linyola , un pueblecito de los llanos de Urgel (Lérida) donde se yergue lo que un día fue su granja de vacas lecheras. La instalación es inmensa y pese al paso del tiempo y el abandono todavía se adivinan los mimbres de una explotación señera, con capacidad para alojar un millar de animales que daban trabajo a veinticinco personas. Con cierta dificultad y una mueca de nostalgia -o de rabia- en el rostro, Fernando se abre paso con las manos por un bosque de hierbajos y nos lleva de una nave a la siguiente. Hileras interminables de ordeñadores, bebederos, dormideros y cubículos en tándem conforman una infraestructura complejísima, hoy tomada por la herrumbre, las cagarrutas de paloma y los insectos, en un alegre zurriburri que evoca aquel pasaje final de ‘Cien años de soledad’ en el que la naturaleza devora la casa del último de los Buendía.Mucho se ha escrito sobre el llamado ‘ cártel de la leche ‘ desde que allá por julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara a Puleva, Danone, Nestlé, Lactalis y otras tantas por convenir los precios que iban a pagar a sus proveedores, en un arreglo que existió entre los años 2000 y 2013 -aunque en distintos periodos en función de la empresa- y se llevó por delante un sinfín de explotaciones. Sin embargo, hay que pasearse por una granja como la de Fernando para hacerse cargo de la dimensión humana de este caso y de lo que sucede cuando un mercado no es verdaderamente libre y competitivo. «Nos enfrentamos a multinacionales; fue un David contra Goliat«, explica. El caso vuelve a estar de actualidad porque en apenas unos días hasta 2.000 ganaderos van a irrumpir en los juzgados con un paquete de reclamaciones de indemnización por valor de 500 millones de euros , el primero de una larga lista de pleitos que -según cálculos de este diario- podría costarle hasta 2.000 millones de euros a la industria. Fernando es apenas uno más de los cerca de 12.000 profesionales que se estima fueron víctimas del cártel, aunque dos cosas le hacen distinto. Una, que durante diez años fue miembro del consejo rector de una cooperativa, extremo que le permitió descubrir de primera mano que las gerencias estaban «muy bien comunicadas» -dice-; y dos, es uno de los pocos que se atrevieron a denunciar. « Nadie se va a quejar de la mano que le da de comer » y menos aún sabiendo que el sector operaba como un único actor, dice el ganadero: «Si te querías ir, nadie te recogía la leche».Un ‘pacto de no agresión’Lo que describe este leridano no es ciencia ficción, pues las 150 páginas del expediente de la CNMC están repletas de pruebas sobre el modo en que los compradores acordaban la cotización de la leche y mantenían una suerte de ‘pacto de no agresión’ que impedía que el proveedor que estaba descontento pudiera tratar con otra empresa. En la resolución, Competencia describió un mecanismo de «control absoluto del mercado» que obligaba a los ganaderos a «plegarse a las exigencias de la industria» y que -y quizá esto sea lo más grave- hundió los precios.La granja de Sainz de la Maza tenía capacidad para alojar un millar de animales que daban trabajo a veinticinco personas. Miquel MuñozLe pedimos a Fernando que cuente su historia, y empieza por noviembre de 1985, cuando se lanzó al ruedo con un puñado de vacas y ni una peseta de cuota lechera, que es como decir sin derecho a vender producto porque por aquel entonces ya estaba en vigor un reglamento europeo que obligaba a los productores lácteos a adquirir derechos para poder comercializar, con ánimo de evitar la sobreproducción. Reconoce que al inicio el negocio «era fácil», pero en un momento dado sobrevino una caída de precios que se fue agudizando día a día hasta el punto de que los números «no salían». Para este hombre, el punto de no retorno fue septiembre de 2013 , cuando dejó marchar las últimas 400 cabezas de ganado que le quedaban en Linyola simplemente porque no les podía dar de comer, con el agravante de que tenía un pasivo de siete millones de euros en cuotas que apenas un par de años después pasarían a ser papel mojado con la liberalización del sector impuesta por Bruselas.Con algo de santo orgullo, Fernando insiste en que antes de irse pagó lo que debía a todo el mundo -bancos incluidos- y, más importante, se fue a Madrid a «explicar lo que estaba ocurriendo» . Contactó con un conocido del que sabía que estaba pasando un apuro -nadie le compraba el producto- y aparecieron en la sede de Competencia para dejar constancia de lo que ya muchos sospechaban. «Ya diremos algo», fue lo que les comunicaron y, según él, quince días después recibió un telefonazo.Un viacrucis judicialLo que esta pareja no sabía era que desde 2011 la CNMC ya estaba sobre la pista del ‘cártel’, tras recibir un informe del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León y una denuncia de una organización agraria gallega (Unións Agrarias). Hubo registros en las sedes de las principales industrias del sector y, tras un viacrucis judicial que se demoró seis años, en 2019 llegó la sanción: un total de 80,6 millones de euros a pagar entre Danone, Nestlé, Puleva, Pascual, Capsa (el fabricante de Central Lechera Asturiana), la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera Galicia, Lactalis (el fabricante de Président), Schreiber Foods y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL).El ganadero leridano muestra a ABC las instalaciones otrora señeras. Miquel MuñozSin embargo, lo que trae de cabeza a las sancionadas no es la multa, sino las indemnizaciones que se exponen a pagar. En las próximas semanas, la plataforma financiada por el fondo de litigación Ramco, que ya ha levantado y coordinado litigios relevantes en España, desembarcará en los tribunales con acciones de peso que podrían alcanzar montantes muy significativos, y solo son la punta del iceberg de una pelea judicial que podría durar años. Hacia el final de nuestro paseo, Fernando se detiene ante una pizarra en la que milagrosamente ha sobrevivido el garabato con la numeración de la última vaca que pasó por Linyola. Le preguntamos si algún día reabrirá la granja; nos dice que sí, porque lo lleva «en la sangre», y que continuará peleando por la justa retribución del productor. Fernando Sainz de la Maza nos cita en Linyola , un pueblecito de los llanos de Urgel (Lérida) donde se yergue lo que un día fue su granja de vacas lecheras. La instalación es inmensa y pese al paso del tiempo y el abandono todavía se adivinan los mimbres de una explotación señera, con capacidad para alojar un millar de animales que daban trabajo a veinticinco personas. Con cierta dificultad y una mueca de nostalgia -o de rabia- en el rostro, Fernando se abre paso con las manos por un bosque de hierbajos y nos lleva de una nave a la siguiente. Hileras interminables de ordeñadores, bebederos, dormideros y cubículos en tándem conforman una infraestructura complejísima, hoy tomada por la herrumbre, las cagarrutas de paloma y los insectos, en un alegre zurriburri que evoca aquel pasaje final de ‘Cien años de soledad’ en el que la naturaleza devora la casa del último de los Buendía.Mucho se ha escrito sobre el llamado ‘ cártel de la leche ‘ desde que allá por julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara a Puleva, Danone, Nestlé, Lactalis y otras tantas por convenir los precios que iban a pagar a sus proveedores, en un arreglo que existió entre los años 2000 y 2013 -aunque en distintos periodos en función de la empresa- y se llevó por delante un sinfín de explotaciones. Sin embargo, hay que pasearse por una granja como la de Fernando para hacerse cargo de la dimensión humana de este caso y de lo que sucede cuando un mercado no es verdaderamente libre y competitivo. «Nos enfrentamos a multinacionales; fue un David contra Goliat«, explica. El caso vuelve a estar de actualidad porque en apenas unos días hasta 2.000 ganaderos van a irrumpir en los juzgados con un paquete de reclamaciones de indemnización por valor de 500 millones de euros , el primero de una larga lista de pleitos que -según cálculos de este diario- podría costarle hasta 2.000 millones de euros a la industria. Fernando es apenas uno más de los cerca de 12.000 profesionales que se estima fueron víctimas del cártel, aunque dos cosas le hacen distinto. Una, que durante diez años fue miembro del consejo rector de una cooperativa, extremo que le permitió descubrir de primera mano que las gerencias estaban «muy bien comunicadas» -dice-; y dos, es uno de los pocos que se atrevieron a denunciar. « Nadie se va a quejar de la mano que le da de comer » y menos aún sabiendo que el sector operaba como un único actor, dice el ganadero: «Si te querías ir, nadie te recogía la leche».Un ‘pacto de no agresión’Lo que describe este leridano no es ciencia ficción, pues las 150 páginas del expediente de la CNMC están repletas de pruebas sobre el modo en que los compradores acordaban la cotización de la leche y mantenían una suerte de ‘pacto de no agresión’ que impedía que el proveedor que estaba descontento pudiera tratar con otra empresa. En la resolución, Competencia describió un mecanismo de «control absoluto del mercado» que obligaba a los ganaderos a «plegarse a las exigencias de la industria» y que -y quizá esto sea lo más grave- hundió los precios.La granja de Sainz de la Maza tenía capacidad para alojar un millar de animales que daban trabajo a veinticinco personas. Miquel MuñozLe pedimos a Fernando que cuente su historia, y empieza por noviembre de 1985, cuando se lanzó al ruedo con un puñado de vacas y ni una peseta de cuota lechera, que es como decir sin derecho a vender producto porque por aquel entonces ya estaba en vigor un reglamento europeo que obligaba a los productores lácteos a adquirir derechos para poder comercializar, con ánimo de evitar la sobreproducción. Reconoce que al inicio el negocio «era fácil», pero en un momento dado sobrevino una caída de precios que se fue agudizando día a día hasta el punto de que los números «no salían». Para este hombre, el punto de no retorno fue septiembre de 2013 , cuando dejó marchar las últimas 400 cabezas de ganado que le quedaban en Linyola simplemente porque no les podía dar de comer, con el agravante de que tenía un pasivo de siete millones de euros en cuotas que apenas un par de años después pasarían a ser papel mojado con la liberalización del sector impuesta por Bruselas.Con algo de santo orgullo, Fernando insiste en que antes de irse pagó lo que debía a todo el mundo -bancos incluidos- y, más importante, se fue a Madrid a «explicar lo que estaba ocurriendo» . Contactó con un conocido del que sabía que estaba pasando un apuro -nadie le compraba el producto- y aparecieron en la sede de Competencia para dejar constancia de lo que ya muchos sospechaban. «Ya diremos algo», fue lo que les comunicaron y, según él, quince días después recibió un telefonazo.Un viacrucis judicialLo que esta pareja no sabía era que desde 2011 la CNMC ya estaba sobre la pista del ‘cártel’, tras recibir un informe del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León y una denuncia de una organización agraria gallega (Unións Agrarias). Hubo registros en las sedes de las principales industrias del sector y, tras un viacrucis judicial que se demoró seis años, en 2019 llegó la sanción: un total de 80,6 millones de euros a pagar entre Danone, Nestlé, Puleva, Pascual, Capsa (el fabricante de Central Lechera Asturiana), la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera Galicia, Lactalis (el fabricante de Président), Schreiber Foods y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL).El ganadero leridano muestra a ABC las instalaciones otrora señeras. Miquel MuñozSin embargo, lo que trae de cabeza a las sancionadas no es la multa, sino las indemnizaciones que se exponen a pagar. En las próximas semanas, la plataforma financiada por el fondo de litigación Ramco, que ya ha levantado y coordinado litigios relevantes en España, desembarcará en los tribunales con acciones de peso que podrían alcanzar montantes muy significativos, y solo son la punta del iceberg de una pelea judicial que podría durar años. Hacia el final de nuestro paseo, Fernando se detiene ante una pizarra en la que milagrosamente ha sobrevivido el garabato con la numeración de la última vaca que pasó por Linyola. Le preguntamos si algún día reabrirá la granja; nos dice que sí, porque lo lleva «en la sangre», y que continuará peleando por la justa retribución del productor.
Fernando Sainz de la Maza nos cita en Linyola, un pueblecito de los llanos de Urgel (Lérida) donde se yergue lo que un día fue su granja de vacas lecheras. La instalación es inmensa y pese al paso del tiempo y el abandono todavía … se adivinan los mimbres de una explotación señera, con capacidad para alojar un millar de animales que daban trabajo a veinticinco personas. Con cierta dificultad y una mueca de nostalgia -o de rabia- en el rostro, Fernando se abre paso con las manos por un bosque de hierbajos y nos lleva de una nave a la siguiente. Hileras interminables de ordeñadores, bebederos, dormideros y cubículos en tándem conforman una infraestructura complejísima, hoy tomada por la herrumbre, las cagarrutas de paloma y los insectos, en un alegre zurriburri que evoca aquel pasaje final de ‘Cien años de soledad’ en el que la naturaleza devora la casa del último de los Buendía.
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Mucho se ha escrito sobre el llamado ‘cártel de la leche‘ desde que allá por julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara a Puleva, Danone, Nestlé, Lactalis y otras tantas por convenir los precios que iban a pagar a sus proveedores, en un arreglo que existió entre los años 2000 y 2013 -aunque en distintos periodos en función de la empresa- y se llevó por delante un sinfín de explotaciones. Sin embargo, hay que pasearse por una granja como la de Fernando para hacerse cargo de la dimensión humana de este caso y de lo que sucede cuando un mercado no es verdaderamente libre y competitivo. «Nos enfrentamos a multinacionales; fue un David contra Goliat«, explica.
Promedio de ganaderos
con entregas
60.294
29.251
Fuente: MAPA / ABC
Promedio de ganaderos con entregas
60.294
60.000
50.000
40.000
30.000
29.251
20.000
10.000
Fuente: MAPA / ABC
El caso vuelve a estar de actualidad porque en apenas unos días hasta 2.000 ganaderos van a irrumpir en los juzgados con un paquete de reclamaciones de indemnización por valor de 500 millones de euros, el primero de una larga lista de pleitos que -según cálculos de este diario- podría costarle hasta 2.000 millones de euros a la industria. Fernando es apenas uno más de los cerca de 12.000 profesionales que se estima fueron víctimas del cártel, aunque dos cosas le hacen distinto. Una, que durante diez años fue miembro del consejo rector de una cooperativa, extremo que le permitió descubrir de primera mano que las gerencias estaban «muy bien comunicadas» -dice-; y dos, es uno de los pocos que se atrevieron a denunciar. «Nadie se va a quejar de la mano que le da de comer» y menos aún sabiendo que el sector operaba como un único actor, dice el ganadero: «Si te querías ir, nadie te recogía la leche».
Un ‘pacto de no agresión’
Lo que describe este leridano no es ciencia ficción, pues las 150 páginas del expediente de la CNMC están repletas de pruebas sobre el modo en que los compradores acordaban la cotización de la leche y mantenían una suerte de ‘pacto de no agresión’ que impedía que el proveedor que estaba descontento pudiera tratar con otra empresa. En la resolución, Competencia describió un mecanismo de «control absoluto del mercado» que obligaba a los ganaderos a «plegarse a las exigencias de la industria» y que -y quizá esto sea lo más grave- hundió los precios.
(Miquel Muñoz)
Le pedimos a Fernando que cuente su historia, y empieza por noviembre de 1985, cuando se lanzó al ruedo con un puñado de vacas y ni una peseta de cuota lechera, que es como decir sin derecho a vender producto porque por aquel entonces ya estaba en vigor un reglamento europeo que obligaba a los productores lácteos a adquirir derechos para poder comercializar, con ánimo de evitar la sobreproducción.
Reconoce que al inicio el negocio «era fácil», pero en un momento dado sobrevino una caída de precios que se fue agudizando día a día hasta el punto de que los números «no salían». Para este hombre, el punto de no retorno fue septiembre de 2013, cuando dejó marchar las últimas 400 cabezas de ganado que le quedaban en Linyola simplemente porque no les podía dar de comer, con el agravante de que tenía un pasivo de siete millones de euros en cuotas que apenas un par de años después pasarían a ser papel mojado con la liberalización del sector impuesta por Bruselas.
Con algo de santo orgullo, Fernando insiste en que antes de irse pagó lo que debía a todo el mundo -bancos incluidos- y, más importante, se fue a Madrid a «explicar lo que estaba ocurriendo». Contactó con un conocido del que sabía que estaba pasando un apuro -nadie le compraba el producto- y aparecieron en la sede de Competencia para dejar constancia de lo que ya muchos sospechaban. «Ya diremos algo», fue lo que les comunicaron y, según él, quince días después recibió un telefonazo.
Un viacrucis judicial
Lo que esta pareja no sabía era que desde 2011 la CNMC ya estaba sobre la pista del ‘cártel’, tras recibir un informe del Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León y una denuncia de una organización agraria gallega (Unións Agrarias). Hubo registros en las sedes de las principales industrias del sector y, tras un viacrucis judicial que se demoró seis años, en 2019 llegó la sanción: un total de 80,6 millones de euros a pagar entre Danone, Nestlé, Puleva, Pascual, Capsa (el fabricante de Central Lechera Asturiana), la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (Aelga), Central Lechera Galicia, Lactalis (el fabricante de Président), Schreiber Foods y el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL).
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(Miquel Muñoz)
Sin embargo, lo que trae de cabeza a las sancionadas no es la multa, sino las indemnizaciones que se exponen a pagar. En las próximas semanas, la plataforma financiada por el fondo de litigación Ramco, que ya ha levantado y coordinado litigios relevantes en España, desembarcará en los tribunales con acciones de peso que podrían alcanzar montantes muy significativos, y solo son la punta del iceberg de una pelea judicial que podría durar años. Hacia el final de nuestro paseo, Fernando se detiene ante una pizarra en la que milagrosamente ha sobrevivido el garabato con la numeración de la última vaca que pasó por Linyola. Le preguntamos si algún día reabrirá la granja; nos dice que sí, porque lo lleva «en la sangre», y que continuará peleando por la justa retribución del productor.
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