Centenares de personas están concentradas este miércoles por la mañana ante el edificio de la calle de Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, donde está previsto el desahucio de uno de los inquilinos, Txema Escorsa. La concentración comenzó el martes por la noche porque el bloque se ha convertido en un nuevo símbolo de la lucha de los inquilinos en la ciudad: fue comprado por un fondo de inversión en 2023 y desde entonces no se han renovado los contratos cuando finalizaban y los pisos han sido convertidos en colivings: alquiler de habitaciones por hasta 950 euros cada una. El caso es muy parecido al de la Casa Orsola del Eixample, que hace dos años también salvó la presión popular, primero, y la compra por parte del Ayuntamiento y una fundación, en última instancia. Con una crisis de vivienda que parece no tener fin, el martes el Ayuntamiento exigió a la propiedad, la empresa New Amsterdam Developers (NAD), que pare el desahucio. Y este miércoles el presidente de la Generalitat, Salvador Illa ha expresado la “oposición frontal” del Govern al desahucio. “En ninguna ciudad de Cataluña permitiremos actuaciones abusivas contra el derecho de los vecinos a vivir en su barrio”, ha escrito en las redes sociales. “Desde el Gobern estamos actuando contra iniciativas ilegales de la propiedad, que no cumplen la normativa. Hemos activado todos los mecanismos legales para proteger a los vecinos”.
Salvador Illa expresa el “rechazo frontal” de la Generalitat a la ejecución y defiende “el derecho de los vecinos a vivir en los barrios”. El Ayuntamiento de Barcelona exige parar el desalojo
El Ayuntamiento de Barcelona exige parar el desahucio
LORENA SOPENA – EUROPA PRESS
LORENA SOPENA – EUROPA PRESS (LORENA SOPENA – EUROPA PRESS)
Centenares de personas están concentradas este miércoles por la mañana ante el bloque Sant Agustí 14 de Barcelona, en el distrito de Gràcia, donde está previsto el desahucio de uno de los inquilinos, Txema Escorsa, después de que un fondo de inversión le haya demandado para construir colivings, un modelo de vivienda que consiste en alquilar habitaciones por un precio que puede alcanzar hasta los 950 euros, ha explicado.
Escorsa ha agradecido a todas las personas que se han movilizado para impedir este desahucio: “Si venimos aquí es para decir que no pasarán. Esto no es un problema personal ni del sindicato, es mucha gente que entiende que la vivienda tiene que ser un derecho y no un negocio”. Escorsa compareció en el juzgado el pasado enero al negarse abandonar su casa, en la que vive desde 2015, si bien ha detallado que el fondo compró el edificio en 2023 y en febrero de 2025 convocó a los vecinos para trasladarles que no les querían alegando que no eran el perfil de vecino que buscaba, según el inquilino. “La esperanza es lo último que se pierde”, ha declarado Escorsa, que ha precisado que hay muchos vecinos que están afectados por este tipo de práctica.
El Ayuntamiento de Barcelona solicitó este martes a la empresa New Amsterdam Developers (NAD) que “pare” el desahucio de Escorsa. El caso ha provocado la movilización de los colectivos de vivienda, como ocurrió con Casa Orsola en 2024. El comisionado de vivienda del consistorio, Joan Ramon Riera, habló “en nombre del Gobierno municipal” y expresó “el rechazo frontal a las actuaciones de la propiedad NAD”. Riera ha considerado “inadmisible continuar con el desahucio y no volver a la vía de diálogo que el consistorio inició el pasado mes de octubre”. “Exigimos parar todos los procesos judiciales, tanto el del señor Escorsa como el resto que ha promovido la empresa”, ha dicho y ha defendido “destinar los pisos a uso residencial”.
El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha celebrado que desde este martes por la noche la calle se “desbordara de gente” para ofrecer apoyo a Escorsa y ha criticado que se transformen pisos donde vive gente en colivings. “¿Cuántos policías está dispuesto a enviar el Govern? ¿Cuánto dinero público se gastarán en un dispositivo policial para que un fondo de inversión holandés convierta pisos en colivings que el Ayuntamiento ya ha dicho que son ilegales?”, ha expresado Aragonès.
De hecho, la primera teniente de alcalde y concejal de Gràcia, Laia Bonet, explicó en Comisión de Urbanismo el pasado mayo de 2025 que el consistorio ha multado hasta 6 veces los colivings de este bloque después de diversas inspecciones en el edificio, y avisó de su intención de continuar haciéndolo hasta que la propiedad cumpliese con la legalidad. Por otro lado, ha indicado que la voluntad de negociación se mantiene intacta, aunque ha dicho: “Es un pulso que estamos dispuestos a ganar”
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