EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
La diócesis de León quitó el tratamiento a un clérigo tras su denuncia a EL PAÍS. La oficina del Gobierno para las indemnizaciones abre también una puerta al clero desoído por la jerarquía
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es
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El arranque del sistema de indemnizaciones del Estado para víctimas de pederastia del clero puede tener también beneficiarios inesperados: los propios sacerdotes que han sufrido abusos y son ninguneados por la Iglesia. Paradójicamente, encuentran a veces más obstáculos que los fieles, pues la jerarquía les exige silencio y obediencia. Ahora podrán acudir al Estado a reclamar lo que la misma Iglesia a la que pertenecen no les da. E incluso en algunos casos, les quita. Como en el caso de un sacerdote víctima de pederastia que recibía terapia psicológica en León. El obispo de la ciudad, Luis Ángel de las Heras, suspendió en diciembre su tratamiento alegando razones económicas y que los abusos no ocurrieron en su diócesis. No obstante, para el cura, se trata de una represalia por sacar su caso a la luz, pues lo había revelado dos meses antes en EL PAÍS, el pasado mes de octubre.
Esta decisión del obispo se produce pese a haber inaugurado su oficina de atención a las víctimas de abusos, Repara, hace tres años como un proyecto “para generar la cultura del cuidado” y subrayar que “no es un lavado de cara, algo cosmético”. En realidad, era un maquillaje que ha caído a la primera de cambio. Este cura reveló que sufrió abusos en 1990 cuando tenía 15 años en el seminario de Astorga, dijo que fue ocultado por esta diócesis durante años y, además, denunció haber sufrido represalias de hasta tres obispos por haber roto “la ley del silencio” y haber señalado al agresor. La diócesis nunca le costeó las terapias psicológicas, que tuvo que pagarse de su bolsillo.
El acoso, afirma este sacerdote, comenzó con el obispo Camilo Lorenzo, y siguió con Juan Antonio Menéndez, ambos fallecidos, y luego con Jesús Fernández, actual obispo de Córdoba, que ocupó el cargo en Astorga hasta mayo de 2025. Antes de irse, le echó de la diócesis. Paradójicamente, gracias al Estado ahora podrá solicitar una compensación y el reembolso de todo lo que se ha gastado en terapia. Según el acuerdo aprobado, el Gobierno podrá obligar a la Iglesia a ayudar a este sacerdote, al que hasta ahora solo ha maltratado.
Se trata del segundo caso conocido en España en el que incluso un sacerdote que ha sido víctima de pederastia denuncia en los medios la inacción de la propia Iglesia. El anterior fue el sacerdote salmantino Policarpo Díaz, en 2023.
Por todo ello, Juan Bautista, nombre ficticio de este cura, presentó una denuncia en los tribunales en junio de 2024 a raíz del último episodio: pese a que Fernández sabía que estaba en tratamiento, le obligó a convivir dos años en un piso de la diócesis con un cliente asiduo de prostitutas y consumidor de pornografía que agravó sus secuelas de estrés postraumático.
El cura denunció al inquilino por un “delito continuado de perturbación de vivienda con resultado de lesiones y daños psíquicos y morales”. La denuncia por este conflicto en concreto ha sido archivada y está recurrida, pero sacó a la luz el caso de abusos en Astorga y el relato de maltrato del que este sacerdote acusa a Fernández y sus antecesores.
El epílogo de la denuncia interna que hizo en 1993 en el seminario de Astorga es trágico. Su agresor no fue ordenado, pero siguió en la diócesis como profesor de religión y acabó condenado años después por abuso sexual de menores. Fue denunciado entre 2003 y 2011 por varios alumnos en Barco de Valdeorras (Ourense), zona adscrita a la diócesis de Astorga, donde fue condenado en 2014. La Fiscalía pidió 19 años de cárcel, pero el acusado pactó admitir los hechos con una sentencia de dos años, con lo que evitó la prisión, y aceptó quedar inhabilitado para la docencia de por vida.
Juan Bautista afirma que su caso ha sido ocultado al informe de la comisión episcopal y a la auditoría Cremades en la investigación interna sobre abusos de la Iglesia. Tras ser expulsado de la diócesis de Astorga en mayo de 2025, se trasladó a vivir a la ciudad de León. En la capital leonesa, pudo recibir terapia psicológica de Repara, la oficina de atención a víctimas de pederastia del clero inspirada por el servicio del mismo nombre del arzobispado de Madrid, aunque son dos entidades independientes. No obstante, tras salir su caso a la luz en EL PAÍS y tan solo seis meses después de comenzar la terapia, el obispado decidió suspenderla el pasado mes de diciembre. Tanto a él como a otra víctima.
La explicación, según ha manifestado la diócesis a preguntas de este diario, es que “dadas las limitaciones económicas que tiene que tener en cuenta la diócesis”, se ha suspendido la financiación del tratamiento de estas dos personas porque los abusos no ocurrieron en la diócesis, sino en otro lugar. “No eran víctimas cuyos abusos se puedan vincular con la diócesis de León”, explica el obispado. Por el contrario, Repara Madrid atiende a cualquier persona que necesite ayuda, independientemente de dónde hayan ocurrido los abusos.
Al presentar el nuevo servicio ante los medios en mayo de 2023, el obispo aseguró que era “el modo más acertado para afrontar esta delicada cuestión a la que estábamos urgidos por la Iglesia, por el Papa, y por nuestra responsabilidad como diócesis”. El delegado encargado del proyecto, Francisco José Pérez, aseguró que Repara León “no es un lavado de cara, algo cosmético”, sino un proyecto integral “para generar la cultura del cuidado frente a los abusos, que no solo son abusos de carácter sexual, sino que son abusos de autoridad, de conciencia y de poder”.
Subrayó también la importancia de la “escucha atenta y empática” para acompañar a las víctimas, que exigen, dijo, “una especial responsabilidad, porque también ahí está en juego la credibilidad de la Iglesia”. Este entusiasmo y las buenas palabras han durado solo dos años y medio. En diciembre de 2025, echaron a este sacerdote y a otra víctima que atendían.
Además, Juan Bautista asegura a este diario que el obispado admitió que no era por razones económicas. Dado que la abrupta interrupción del tratamiento es algo totalmente contraindicado, salvo que sea por deseo del paciente o de la facultativa, su psicóloga decidió seguir prestando asistencia gratuita por su cuenta a las dos víctimas. Contactada por este diario, no ha querido hacer ninguna declaración.
En opinión de este sacerdote, es solo otro episodio más del acoso que sufre desde hace años dentro de la Iglesia. Asegura que también han recibido “amenazas y coacciones” personas de su entorno que le están apoyando y ayudando. Apunta que Jesús Fernández, ahora obispo de Córdoba, hizo toda su carrera en León hasta 2013 y mantiene sus lazos con esta diócesis.
Juan Bautista se ha enterado recientemente de otro detalle. En realidad, el Vaticano anuló su expulsión de la diócesis de Astorga el 9 de mayo de 2025, al día siguiente de que Jesús Fernández firmara la orden, pero nadie se lo comunicó. Lo ha descubierto a través del obispo de Alcalá, donde está incardinado originalmente, cuando le avisó de que le seguían pagando su sueldo desde Astorga.
El sacerdote, que denunció a Fernández al Vaticano, a través de la nunciatura, señala también como una anomalía que no ha recibido hasta ahora ninguna respuesta desde Roma. Se enteró por el propio Fernández, que en su respuesta a EL PAÍS en la información publicada en octubre, dijo que esa denuncia había sido archivada en el Dicasterio del Clero. Es otro detalle extraño, porque Juan Bautista había enviado su denuncia al de los Obispos. Fue en junio de 2024 y el prefecto de ese departamento era Robert Prevost, futuro papa un año después.
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