La cara de preocupación de decenas de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid cambió a susto ante la frase: “Los que tengáis cascos, relojes inteligentes o gafas inteligentes, tendréis que entregarlos. Vamos a pasar con un detector, eso pita y, si vemos que hay motivo de fraude, eso significa cero en la evaluación”. Los detectores de frecuencias han sido la novedad en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026. Siete comunidades autónomas —Galicia, Murcia, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria— anunciaron su uso para combatir el fraude en los exámenes. A las que en la práctica se les sumaron Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, La Rioja y Madrid —Euskadi ha advertido al alumnado de que podría usarlos—. Pero, en Madrid, el cambio es todavía mayor: de la detección a la grabación como prueba de posible trampa, una práctica que los expertos advierten que amenaza la protección de datos.

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Madrid va más allá que otras comunidades y registra el contenido de las señales interceptadas durante la PAU, una práctica que los expertos advierten que amenaza la protección de datos
La cara de preocupación de decenas de alumnos de la Universidad Complutense de Madrid cambió a susto ante la frase: “Los que tengáis cascos, relojes inteligentes o gafas inteligentes, tendréis que entregarlos. Vamos a pasar con un detector, eso pita y, si vemos que hay motivo de fraude, eso significa cero en la evaluación”. Los detectores de frecuencias han sido la novedad en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026. Siete comunidades autónomas —Galicia, Murcia, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Asturias y Cantabria— anunciaron su uso para combatir el fraude en los exámenes. A las que en la práctica se les sumaron Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, La Rioja y Madrid —Euskadi ha advertido al alumnado de que podría usarlos—. Pero, en Madrid, el cambio es todavía mayor: de la detección a la grabación como prueba de posible trampa, una práctica que los expertos advierten que amenaza la protección de datos.

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