La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para ejecutar su flamante plan de crecimiento y dejar atrás los fantasmas del pasado. Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, y una vez recibido el beneplácito de la Justicia al plan de reestructuración , hoy el consejo de administración ha convocado una junta de accionistas para el 18 de septiembre en la que prevé aprobar el proyecto para el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México). Junto al Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México), se trata de una de las dos iniciativas de negocio clave que la empresa incluyó en la hoja de ruta que presentó el pasado mes de junio, apenas unas horas después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimara las demandas interpuestas por los acreedores contra la homologación legal de la reestructuración, despejando así el futuro de la compañía. Según se lee en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único punto del día de la cita a los accionistas será la aprobación del proyecto de Tula. Para este contrato, como en el de Escolín, Duro Felguera tendrá como socio principal a Mota-Engil México, que en octubre de 2025 abandonó el accionariado de la firma asturiana tras una reducción de capital que convirtió a la empresa de infraestructuras Prodi -también de capital mexicano- en accionista mayoritario con más de un 80% de los títulos . La relación de Prodi y Mota con Duro Felguera se remonta a 2023, cuando ambas adquirieron un 23% del accionariado a cambio de 50 y 40 millones de euros respectivamente, que debían servir para que la firma levantara el vuelo. No fue el caso, como tampoco había sido suficiente el préstamo de 120 millones de euros otorgado por la SEPI (dependiente del Ministerio de Hacienda) en 2021 para hacer frente a los estragos de la pandemia, y que le granjeó al ‘holding’ público el derecho a tener dos sillas en el consejo. El fracaso de este rescate a varios niveles -público y privado- se evidenció al cierre del primer semestre de 2024, cuando el grupo presentó pérdidas de 26,3 millones de euros , unos resultados pésimos que vinieron acompañados de la salida -unos días antes- del CEO, Jaime Argüelles. A esto se sumó, en noviembre de ese año, una solicitud de indemnización de 413 millones por parte de la argelina Sonelgaz por la suspensión de un contrato en Argelia, una demanda que se sumaba a las que la compañía ya tenía abiertas en España, Venezuela y Dubái. Finalmente, en diciembre de 2024 llegó la solicitud de preconcurso de acreedores, dando inicio a un viacrucis de diez meses durante los que la empresa tuvo que pedir tres prórrogas al juzgado para ganar tiempo para redactar una reestructuración de deuda que fuera creíble a ojos de los acreedores. Dicho plan fue presentado en octubre de 2025, apenas un día antes de que caducara el plazo que había otorgado el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón para evitar el concurso, y consistía en la venta de activos, despidos masivos, una reducción de capital de hasta cinco millones de euros -lo que redujo en un 50% el valor de los títulos que cotizaban en Bolsa, forzando a los minoritarios a perder la mitad de su dinero- o la amortización de acciones en manos de Prodi y Mota por 2,9 millones de euros.La Sepi se asegura el cobro pero no los acreedoresEl punto clave del plan fue una inyección de 10 millones de euros por parte de Prodi, que se sumaban a otros veinte millones en ingresos que la compañía previó por las desinversiones pactadas. A su vez, la firma logró el aplazamiento del vencimiento del préstamo de la Sepi hasta 2035, hecho que le permitió ganar tiempo para ejecutar su nuevo plan de negocio. Muy polémica fue esta medida de gracia , que no quedó incluida formalmente en el plan de reestructuración y que el pasado mes de junio recibió el aval judicial cuando el juzgado número 3 de Gijón desestimó las demandas incidentales presentadas por los acreedores, que consideraban que se les discriminó porque ellos soportaron quitas del 100% en algunos casos mientras la empresa pública se aseguraba el pago a cambio de flexibilizar las condiciones impuestas a Duro Felguera. La participación de Duro Felguera en el proyecto Tula consistirá en la prestación de servicios y suministros especializados por un importe de 210 millones de euros , dentro de un contrato adjudicado a Mota-Engil México, que actúa como contratista principal mientras que la firma asturiana participará como subcontratista. La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para ejecutar su flamante plan de crecimiento y dejar atrás los fantasmas del pasado. Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, y una vez recibido el beneplácito de la Justicia al plan de reestructuración , hoy el consejo de administración ha convocado una junta de accionistas para el 18 de septiembre en la que prevé aprobar el proyecto para el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México). Junto al Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México), se trata de una de las dos iniciativas de negocio clave que la empresa incluyó en la hoja de ruta que presentó el pasado mes de junio, apenas unas horas después de que el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimara las demandas interpuestas por los acreedores contra la homologación legal de la reestructuración, despejando así el futuro de la compañía. Según se lee en la nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el único punto del día de la cita a los accionistas será la aprobación del proyecto de Tula. Para este contrato, como en el de Escolín, Duro Felguera tendrá como socio principal a Mota-Engil México, que en octubre de 2025 abandonó el accionariado de la firma asturiana tras una reducción de capital que convirtió a la empresa de infraestructuras Prodi -también de capital mexicano- en accionista mayoritario con más de un 80% de los títulos . La relación de Prodi y Mota con Duro Felguera se remonta a 2023, cuando ambas adquirieron un 23% del accionariado a cambio de 50 y 40 millones de euros respectivamente, que debían servir para que la firma levantara el vuelo. No fue el caso, como tampoco había sido suficiente el préstamo de 120 millones de euros otorgado por la SEPI (dependiente del Ministerio de Hacienda) en 2021 para hacer frente a los estragos de la pandemia, y que le granjeó al ‘holding’ público el derecho a tener dos sillas en el consejo. El fracaso de este rescate a varios niveles -público y privado- se evidenció al cierre del primer semestre de 2024, cuando el grupo presentó pérdidas de 26,3 millones de euros , unos resultados pésimos que vinieron acompañados de la salida -unos días antes- del CEO, Jaime Argüelles. A esto se sumó, en noviembre de ese año, una solicitud de indemnización de 413 millones por parte de la argelina Sonelgaz por la suspensión de un contrato en Argelia, una demanda que se sumaba a las que la compañía ya tenía abiertas en España, Venezuela y Dubái. Finalmente, en diciembre de 2024 llegó la solicitud de preconcurso de acreedores, dando inicio a un viacrucis de diez meses durante los que la empresa tuvo que pedir tres prórrogas al juzgado para ganar tiempo para redactar una reestructuración de deuda que fuera creíble a ojos de los acreedores. Dicho plan fue presentado en octubre de 2025, apenas un día antes de que caducara el plazo que había otorgado el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón para evitar el concurso, y consistía en la venta de activos, despidos masivos, una reducción de capital de hasta cinco millones de euros -lo que redujo en un 50% el valor de los títulos que cotizaban en Bolsa, forzando a los minoritarios a perder la mitad de su dinero- o la amortización de acciones en manos de Prodi y Mota por 2,9 millones de euros.La Sepi se asegura el cobro pero no los acreedoresEl punto clave del plan fue una inyección de 10 millones de euros por parte de Prodi, que se sumaban a otros veinte millones en ingresos que la compañía previó por las desinversiones pactadas. A su vez, la firma logró el aplazamiento del vencimiento del préstamo de la Sepi hasta 2035, hecho que le permitió ganar tiempo para ejecutar su nuevo plan de negocio. Muy polémica fue esta medida de gracia , que no quedó incluida formalmente en el plan de reestructuración y que el pasado mes de junio recibió el aval judicial cuando el juzgado número 3 de Gijón desestimó las demandas incidentales presentadas por los acreedores, que consideraban que se les discriminó porque ellos soportaron quitas del 100% en algunos casos mientras la empresa pública se aseguraba el pago a cambio de flexibilizar las condiciones impuestas a Duro Felguera. La participación de Duro Felguera en el proyecto Tula consistirá en la prestación de servicios y suministros especializados por un importe de 210 millones de euros , dentro de un contrato adjudicado a Mota-Engil México, que actúa como contratista principal mientras que la firma asturiana participará como subcontratista.
La nueva Duro Felguera aprieta el acelerador para dejar atrás definitivamente los fantasmas del pasado. Tras un final de 2025 de infarto, en el que la compañía de ingeniería asturiana estuvo a punto de quebrar, hoy el consejo de administración ha anunciado un paso clave … de cara a materializar uno de los dos proyectos en los que ha confiado su estrategia de crecimiento: el desarrollo de una central de ciclo combinado en Tula (México). En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo ha convocado una junta de accionistas para el próximo 18 de septiembre cuyo único propósito es aprobar este proyecto, que se enmarca dentro del plan de crecimiento que la firma dio a conocer el pasado mes de junio, una vez recibido el visto bueno judicial al plan de reestructuración que le permitió evitar el concurso de acreedores.
El llamado ‘proyecto Tula’ y el Proyecto Escolín, la construcción de una planta de fertilizantes (también en México) son en este momento los dos proyectos más avanzados con los que cuenta la compañía. Todavía no hay contrato formal, pero Duro Felguera ya ha comprometido 300 millones de euros a estos dos proyectos dentro de una carta de intención que expresa un preacuerdo entre las partes.
la noticia llega después de que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón desestimara íntegramente las demandas incidentales de oposición a la homologación judicial del plan de reestructuración conjunto del Grupo Duro Felguera, suscrito el 21 de octubre de 2025.
Las demandas habían sido interpuestas contra Duro Felguera y filiales por parte de las mercantiles Romgaz, Zgounder Millenium Silver Mining, Asturfluid, Luongo Underwriters and Consulting, Aerzen Ibérica, PMI ‘WWtech’ Przemyslaw WÓjcik Yslaw Wójcik, Scafom España, RSB Advisors, y las sociedades del Grupo General Electric.
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