El nuevo registro horario que fiscalizará digitalmente las horas de entrada y salida del trabajo, así como las pausas y cualquier otro movimiento que realicen los trabajadores, está generando tantas dudas «organizativas» y «legales» que el Ministerio de Trabajo tiene pausada la iniciativa mientras la reformula para que salga adelante sin trabas legales o de aplicación práctica en las empresas. Esas advertencias técnicas están sobrevolando los trabajos de los responsables del departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de los avisos que han recibido de otros ministerios sobre la legalidad, por ejemplo, de monitorizar a las plantillas en los términos en los que Trabajo había planteado esta medida. El Ministerio estudia cómo replantearse el proyecto para que pueda implantarlo con garantías , aunque ya vaya con retraso y previsiblemente aún resten meses hasta su implantación definitiva, apuntan fuentes del diálogo social.Después de sacar a consulta pública el proyecto de real decreto para aplicar esta medida, el texto ha ido pasando los filtros legalmente establecidos para recibir las aportaciones, que en este caso se han convertido en avisos, antes de plasmarlo oficialmente en el BOE. En el Ministerio de Economía ya han puntualizado la necesidad de limar algunas aristas del documento ante los indicios de que rozan la normativa sobre todo en lo relativo a la protección de datos de los empleados. Los trabajos del departamento liderado por Carlos Cuerpo han matizado algunos contenidos del decreto, lo que ha obligado a Trabajo a reconfigurarlo, según apuntan fuentes gubernamentales a ABC. La ministra de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en lo relativo al ámbito legal, como al operativo y en el coste empresarial vinculado a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para asumir un cambio de fichaje tan importante como el que quiere implantar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones legales de registro.Con su proyecto, Díaz quiere que las empresas reflejen todos los asientos (llegadas y salidas, entre otras situaciones) de cada trabajador para garantizar que no se puede manipular, exigiendo que fuese en formato digital y accesible desde la Inspección de Trabajo, para clarificar si el empleado tiene un contrato a jornada parcial o completa y a reflejar los tiempos en los que se interrumpen las horas y días de desconexión. Además, insta a reflejar cómo compensan las horas extraordinaria, si con un pago en la nómina o con más tiempo de descaso.Pero hay dudas vinculadas a que tanto la Inspección de Trabajo como los sindicatos, en su caso, puedan tener acceso a toda esa información al rozar, en algunos casos, la línea del carácter personal de esas estadísticas. El principal cuestionamiento jurídico se había centrado, desde el momento en que se aprobó el proyecto, en la posibilidad de que haya un acceso directo e instantáneo al registro horario de todos los trabajadores españoles por parte de la Inspección ante un posible impedimento por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo ya ha acudido a la Agencia de Protección de Datos para cerciorarse hasta dónde puede llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno. Además, están surgiendo dudas funcionales sobre la implantación del nuevo registro sobre todo por parte de la Inspección. Otra cuestión que está retrasando el proceso y llevándolo a una modificación para que se aplieque de forma correcta desde el primer momento. Los inspectores ya han planteado dudas vinculadas, por ejemplo, a la falta de conexión móvil en zonas del mundo rural donde trabajan agricultores y ganaderos. Sin apoyos cerradosTambién influye de forma determinante la derivada puramente política . El registro de jornada desagrada a dos de los socios de investidura, y necesarios, del Gobierno de coalición: PNV y, sobre todo, Junts, aunque teóricamente los independentistas catalanes han roto relaciones parlamentarias con el Ejecutivo, tal y como anunciaron el pasado mes de noviembre. La implantación de esta medida impactaría en las cuentas de mucha pyme y, en el caso de los de Carles Puigdemont, se trata de una realidad de la que por ahora no quieren oír hablar.Ante esta coyuntura, el proyecto con el que Díaz quiso responder al veto a su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral , seguirá deambulando entre ministerios hasta aclarar qué se puede poner en marcha, en qué condiciones, con qué coste para las empresas y, sobre todo, si hay ventana de oportunidad parlamentaria para poder materializarlo. Mientras tanto, la CEOE , los despachos de abogados y hasta las firmas de herramientas tecnológicas siguen a la espera, como llevan desde hace varios meses, sin saber cuándo llegará el momento de la aplicación de esta medida y en qué condiciones. Más aún cuando todavía hay una parte del tejido empresarial que no se ha adaptado a la legislación en vigor. Un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer en su empresa de una herramienta para este fin, pese a que es obligatorio desde 2019, según Infojobs. Para rematar los problemas del proyecto, la patronal ya anunció en su momento su intención de acudir a la Justicia en el caso de que el Gobierno aprobara el nuevo registro sin pasar por el Congreso. Trabajo insiste en que solo es obligatorio tener el aval de las Cortes en lo relativo a las sanciones , pero no en el cambio en sí mismo de los fichajes que quiere aplicar Díaz. El nuevo registro horario que fiscalizará digitalmente las horas de entrada y salida del trabajo, así como las pausas y cualquier otro movimiento que realicen los trabajadores, está generando tantas dudas «organizativas» y «legales» que el Ministerio de Trabajo tiene pausada la iniciativa mientras la reformula para que salga adelante sin trabas legales o de aplicación práctica en las empresas. Esas advertencias técnicas están sobrevolando los trabajos de los responsables del departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de los avisos que han recibido de otros ministerios sobre la legalidad, por ejemplo, de monitorizar a las plantillas en los términos en los que Trabajo había planteado esta medida. El Ministerio estudia cómo replantearse el proyecto para que pueda implantarlo con garantías , aunque ya vaya con retraso y previsiblemente aún resten meses hasta su implantación definitiva, apuntan fuentes del diálogo social.Después de sacar a consulta pública el proyecto de real decreto para aplicar esta medida, el texto ha ido pasando los filtros legalmente establecidos para recibir las aportaciones, que en este caso se han convertido en avisos, antes de plasmarlo oficialmente en el BOE. En el Ministerio de Economía ya han puntualizado la necesidad de limar algunas aristas del documento ante los indicios de que rozan la normativa sobre todo en lo relativo a la protección de datos de los empleados. Los trabajos del departamento liderado por Carlos Cuerpo han matizado algunos contenidos del decreto, lo que ha obligado a Trabajo a reconfigurarlo, según apuntan fuentes gubernamentales a ABC. La ministra de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en lo relativo al ámbito legal, como al operativo y en el coste empresarial vinculado a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para asumir un cambio de fichaje tan importante como el que quiere implantar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones legales de registro.Con su proyecto, Díaz quiere que las empresas reflejen todos los asientos (llegadas y salidas, entre otras situaciones) de cada trabajador para garantizar que no se puede manipular, exigiendo que fuese en formato digital y accesible desde la Inspección de Trabajo, para clarificar si el empleado tiene un contrato a jornada parcial o completa y a reflejar los tiempos en los que se interrumpen las horas y días de desconexión. Además, insta a reflejar cómo compensan las horas extraordinaria, si con un pago en la nómina o con más tiempo de descaso.Pero hay dudas vinculadas a que tanto la Inspección de Trabajo como los sindicatos, en su caso, puedan tener acceso a toda esa información al rozar, en algunos casos, la línea del carácter personal de esas estadísticas. El principal cuestionamiento jurídico se había centrado, desde el momento en que se aprobó el proyecto, en la posibilidad de que haya un acceso directo e instantáneo al registro horario de todos los trabajadores españoles por parte de la Inspección ante un posible impedimento por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo ya ha acudido a la Agencia de Protección de Datos para cerciorarse hasta dónde puede llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno. Además, están surgiendo dudas funcionales sobre la implantación del nuevo registro sobre todo por parte de la Inspección. Otra cuestión que está retrasando el proceso y llevándolo a una modificación para que se aplieque de forma correcta desde el primer momento. Los inspectores ya han planteado dudas vinculadas, por ejemplo, a la falta de conexión móvil en zonas del mundo rural donde trabajan agricultores y ganaderos. Sin apoyos cerradosTambién influye de forma determinante la derivada puramente política . El registro de jornada desagrada a dos de los socios de investidura, y necesarios, del Gobierno de coalición: PNV y, sobre todo, Junts, aunque teóricamente los independentistas catalanes han roto relaciones parlamentarias con el Ejecutivo, tal y como anunciaron el pasado mes de noviembre. La implantación de esta medida impactaría en las cuentas de mucha pyme y, en el caso de los de Carles Puigdemont, se trata de una realidad de la que por ahora no quieren oír hablar.Ante esta coyuntura, el proyecto con el que Díaz quiso responder al veto a su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral , seguirá deambulando entre ministerios hasta aclarar qué se puede poner en marcha, en qué condiciones, con qué coste para las empresas y, sobre todo, si hay ventana de oportunidad parlamentaria para poder materializarlo. Mientras tanto, la CEOE , los despachos de abogados y hasta las firmas de herramientas tecnológicas siguen a la espera, como llevan desde hace varios meses, sin saber cuándo llegará el momento de la aplicación de esta medida y en qué condiciones. Más aún cuando todavía hay una parte del tejido empresarial que no se ha adaptado a la legislación en vigor. Un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer en su empresa de una herramienta para este fin, pese a que es obligatorio desde 2019, según Infojobs. Para rematar los problemas del proyecto, la patronal ya anunció en su momento su intención de acudir a la Justicia en el caso de que el Gobierno aprobara el nuevo registro sin pasar por el Congreso. Trabajo insiste en que solo es obligatorio tener el aval de las Cortes en lo relativo a las sanciones , pero no en el cambio en sí mismo de los fichajes que quiere aplicar Díaz.
El nuevo registro horario que fiscalizará digitalmente las horas de entrada y salida del trabajo, así como las pausas y cualquier otro movimiento que realicen los trabajadores, está generando tantas dudas «organizativas» y «legales» que el Ministerio de Trabajo tiene pausada … la iniciativa mientras la reformula para que salga adelante sin trabas legales o de aplicación práctica en las empresas.
Esas advertencias técnicas están sobrevolando los trabajos de los responsables del departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, después de los avisos que han recibido de otros ministerios sobre la legalidad, por ejemplo, de monitorizar a las plantillas en los términos en los que Trabajo había planteado esta medida. El Ministerio estudia cómo replantearse el proyecto para que pueda implantarlo con garantías, aunque ya vaya con retraso y previsiblemente aún resten meses hasta su implantación definitiva, apuntan fuentes del diálogo social.
Después de sacar a consulta pública el proyecto de real decreto para aplicar esta medida, el texto ha ido pasando los filtros legalmente establecidos para recibir las aportaciones, que en este caso se han convertido en avisos, antes de plasmarlo oficialmente en el BOE. En el Ministerio de Economía ya han puntualizado la necesidad de limar algunas aristas del documento ante los indicios de que rozan la normativa sobre todo en lo relativo a la protección de datos de los empleados. Los trabajos del departamento liderado por Carlos Cuerpo han matizado algunos contenidos del decreto, lo que ha obligado a Trabajo a reconfigurarlo, según apuntan fuentes gubernamentales a ABC.
La ministra de Trabajo ha encontrado importantes resistencias tanto en lo relativo al ámbito legal, como al operativo y en el coste empresarial vinculado a la medida. Porque no todas las pymes y pequeños autónomos, que constituyen el 90% del tejido productivo español, están preparados para asumir un cambio de fichaje tan importante como el que quiere implantar Díaz cuando una parte de las empresas aún no se han adaptado al sistema actual, con muchas menos obligaciones legales de registro.
Con su proyecto, Díaz quiere que las empresas reflejen todos los asientos (llegadas y salidas, entre otras situaciones) de cada trabajador para garantizar que no se puede manipular, exigiendo que fuese en formato digital y accesible desde la Inspección de Trabajo, para clarificar si el empleado tiene un contrato a jornada parcial o completa y a reflejar los tiempos en los que se interrumpen las horas y días de desconexión. Además, insta a reflejar cómo compensan las horas extraordinaria, si con un pago en la nómina o con más tiempo de descaso.
Pero hay dudas vinculadas a que tanto la Inspección de Trabajo como los sindicatos, en su caso, puedan tener acceso a toda esa información al rozar, en algunos casos, la línea del carácter personal de esas estadísticas.
El principal cuestionamiento jurídico se había centrado, desde el momento en que se aprobó el proyecto, en la posibilidad de que haya un acceso directo e instantáneo al registro horario de todos los trabajadores españoles por parte de la Inspección ante un posible impedimento por la política de privacidad y la Ley de Protección de Datos. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo ya ha acudido a la Agencia de Protección de Datos para cerciorarse hasta dónde puede llegar el rastreo de fichajes que quiere implantar el Gobierno.
Además, están surgiendo dudas funcionales sobre la implantación del nuevo registro sobre todo por parte de la Inspección. Otra cuestión que está retrasando el proceso y llevándolo a una modificación para que se aplieque de forma correcta desde el primer momento. Los inspectores ya han planteado dudas vinculadas, por ejemplo, a la falta de conexión móvil en zonas del mundo rural donde trabajan agricultores y ganaderos.
Sin apoyos cerrados
También influye de forma determinante la derivada puramente política. El registro de jornada desagrada a dos de los socios de investidura, y necesarios, del Gobierno de coalición: PNV y, sobre todo, Junts, aunque teóricamente los independentistas catalanes han roto relaciones parlamentarias con el Ejecutivo, tal y como anunciaron el pasado mes de noviembre. La implantación de esta medida impactaría en las cuentas de mucha pyme y, en el caso de los de Carles Puigdemont, se trata de una realidad de la que por ahora no quieren oír hablar.
Ante esta coyuntura, el proyecto con el que Díaz quiso responder al veto a su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral, seguirá deambulando entre ministerios hasta aclarar qué se puede poner en marcha, en qué condiciones, con qué coste para las empresas y, sobre todo, si hay ventana de oportunidad parlamentaria para poder materializarlo.
Mientras tanto, la CEOE, los despachos de abogados y hasta las firmas de herramientas tecnológicas siguen a la espera, como llevan desde hace varios meses, sin saber cuándo llegará el momento de la aplicación de esta medida y en qué condiciones. Más aún cuando todavía hay una parte del tejido empresarial que no se ha adaptado a la legislación en vigor. Un 30% de los trabajadores en España todavía no registra su jornada por carecer en su empresa de una herramienta para este fin, pese a que es obligatorio desde 2019, según Infojobs.
Para rematar los problemas del proyecto, la patronal ya anunció en su momento su intención de acudir a la Justicia en el caso de que el Gobierno aprobara el nuevo registro sin pasar por el Congreso. Trabajo insiste en que solo es obligatorio tener el aval de las Cortes en lo relativo a las sanciones, pero no en el cambio en sí mismo de los fichajes que quiere aplicar Díaz.
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