EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
La archidiócesis dice no tener competencia para solicitar la excomunión de dos altos cargos que encubrieron al jesuita español Alfonso Pedrajas, quien admitió haber abusado de 85 niños, como habían solicitado los afectados
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
El Arzobispado de Cochabamba ha declinado este miércoles la denuncia hecha por las víctimas bolivianas de pederastia en la Iglesia para iniciar una investigación canónica contra los altos cargos jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix. Los provinciales catalanes fueron sentenciados por la justicia boliviana en septiembre de 2025 por encubrir al fallecido cura español Alfonso Pedrajas, quien escribió un diario en el que admitió haber abusado de decenas de niños durante al menos tres décadas. En la denuncia enviada a la arquidiócesis el 28 de octubre, los afectados exigían que los encubridores fuesen excomulgados por el Vaticano y expulsados de la Compañía de Jesús.
Pedrajas admitió en sus escritos que varios de sus superiores conocían los crímenes que cometió entre 1972 y principios de los años 2000 y que, en lugar de apartarlo del contacto con menores, lo protegieron. Entre sus protectores estaban Recolons y Alaix, a quienes la justicia boliviana condenó a un año de cárcel “por haber facilitado, protegido y encubierto sistemáticamente los abusos sexuales contra menores cometidos por Pedrajas”. Las víctimas se apoyaron en esa sentencia para presentar una querella eclesiástica la pasada semana, que fue rechazada en una carta en la que se aludía a que se estaría cometiendo una “injerencia” en el caso abierto por la Fiscalía.
“Tenemos conocimiento de que los hechos involucrados se encuentran actualmente bajo conocimiento y sustanciación de la justicia ordinaria. Por un principio de prudencia institucional y respeto a la independencia de los órganos del Estado, este arzobispado considera imperativo esperar la conclusión de dicho proceso judicial, evitando cualquier tipo de actuación que pueda ser interpretada indebidamente como una injerencia en la jurisdicción secular”, se lee en la misiva con el sello de la archidiócesis de Cochabamba.
Sin embargo, existen en el contexto eclesiástico ejemplos anteriores de investigaciones canónicas y judiciales llevadas a cabo simultáneamente. Es el caso del español Pere Barceló, quien primero fue expulsado de la Iglesia católica en 2013 después de que una investigación canónica lo encontrara culpable de abusar de una menor en Ca’n Picafort, Mallorca, y tres años después recibió una sentencia de seis años por el mismo crimen por parte de la Justicia.
Las víctimas, organizadas en la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), se han mostrado decepcionadas con la respuesta, que califican de “encubrimiento”. “Para nosotros, es un nuevo movimiento de encubrimiento, puro y duro, en el que se inadmite nuestra querella sin fundamentación jurídica alguna, contra toda norma de derecho”, rechazó el secretario de Comunicaciones de la CBS, Edwin Alvarado. “Apelaremos pidiendo que fundamenten jurídicamente el rechazo y que se notifique al Vaticano sobre la solicitud”, avisó sobre las acciones que tomarán los denunciantes.
Otro de los argumentos utilizados por el Arzobispado de Cochabamba para deslindarse del caso es que carece de competencia para iniciar las pesquisas. “La Arquidiócesis de Cochabamba, según el derecho canónico, no tiene competencia para atender su solicitud, siendo además que el caso está en conocimiento de la Compañía de Jesús y la Santa Sede, instancias a las cuales ustedes pueden acudir en cualquier momento”, escribe en la carta el vicario general de la institución religiosa, Luis Antonio Alcocer. No obstante, y de acuerdo con las últimas reformas del derecho canónico impulsadas por el papa Francisco en 2019, correspondería al obispo de Cochabamba notificar al Vaticano la existencia de la denuncia. Luego, si Roma daba luz verde, se abriría una investigación preliminar del caso.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes acudió a la arquidiócesis cochabambina después de denunciar los abusos a la Compañía de Jesús en 2020, que no notificó a la justicia ordinaria. Una nueva querella se presentó contra los jesuitas después de que EL PAÍS destapara los crímenes cometidos por Pedrajas. Las revelaciones hechas por este medio causaron un terremoto en Bolivia: el procurador general del Estado, la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y el propio presidente del Gobierno de entonces, Luis Arce, anunciaron una gran investigación.
La Policía registró las sedes de los jesuitas y requisó numerosos documentos que demostraban no solo el encubrimiento del caso de Pedrajas, sino también el de otros pederastas, con la ayuda de los responsables de la orden en España y con el conocimiento de las altas esferas jesuitas en Roma. Entre esos nombres se encuentran Chesco Peris, el arzobispo español en Bolivia Alejandro Mestre o Lucho Roma.
Roma, al igual que Pedrajas, escribió un diario (conocido como Los Manuscritos de Charagua) en el que relataba cómo agredió sexualmente y fotografió a más de 70 niñas guaraníes en el poblado de Charagua a finales de los noventa. En esta ocasión, los jesuitas investigaron el caso —el jesuita, aún vivo, lo confesó todo—, pero acabaron guardando el informe en un cajón para tapar el escándalo.
El 28 de octubre la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes pidió además la excomunión. Se interpuso una querella eclesiástica ante el arzobispo de Cochabamba, Óscar Omar Aparicio, en contra de los sacerdotes Marcos Recolons de Arquer y Ramón Alaix Busquets, ex provinciales jesuitas nacionalizados bolivianos y de origen español sentenciados por la justicia por el delito de encubrimiento de los crímenes de abuso sexual y violación cometidos por Alfonso Pedrajas. Los delitos incluidos en la querella son encubrimiento de delitos cometido por otro clérigo, absolución de un cómplice en un pecado con un menor, abuso de la potestad eclesiásticas y delitos contra la dignidad humana, por haber facilitado, protegido y encubierto sistemáticamente los abusos sexuales contra menores cometidos por más de tres décadas por Alfonso Pedrajas, así como por haber posibilitado la continuación de dichos crímenes y la impunidad de otros agresores de la misma congregación .
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