El Banco de España considera que la concesión de suelo de 1920 que le permitió levantar a partir de 1945 un albergue de 1.100 metros cuadrados y múltiples plantas para sus empleados en el corazón de la sierra VIP de Madrid se ha extinguido, y por eso “tiene interés en devolver los terrenos ocupados”. Ese posicionamiento, trasladado por un portavoz del órgano supervisor, coincide con el criterio del ejecutivo regional, que considera caducado el permiso para usar los terrenos, y supone toda una excepción. Tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento más afectado (Cercedilla), se preparan para un largo pulso administrativo y legal en el que quieren hacer valer sus intereses los 900 afectados por la orden de devolver a las administraciones públicas chalets de lujo, pisos, garajes o restaurantes construidos al amparo de una cesión de suelo decidida en tiempos de Alfonso XIII, el Africano.
El ente supervisor plantea renunciar a una propiedad tras el fin de una concesión de 1920 que causa un choque administrativo y judicial con 900 afectados, sobre todo en la urbanización de Camorritos (Cercedilla)
El Banco de España considera que la concesión de suelo de 1920 que le permitió levantar a partir de 1945 un albergue de 1.100 metros cuadrados y múltiples plantas para sus empleados en el corazón de la sierra VIP de Madrid se ha extinguido, y por eso “tiene interés en devolver los terrenos ocupados”. Ese posicionamiento, trasladado por un portavoz del órgano supervisor, coincide con el criterio del ejecutivo regional, que considera caducado el permiso para usar los terrenos, y supone toda una excepción. Tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento más afectado (Cercedilla), se preparan para un largo pulso administrativo y legal en el que quieren hacer valer sus intereses los 900 afectados por la orden de devolver a las administraciones públicas chalets de lujo, pisos, garajes o restaurantes construidos al amparo de una cesión de suelo decidida en tiempos de Alfonso XIII, el Africano.
“El Banco considera que la concesión se ha extinguido y tiene interés en devolver los terrenos ocupados”, explica un portavoz del supervisor bancario sobre una propiedad construida tras obtener un permiso del receptor original de la autorización temporal de uso de la parcela, la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico. “Una vez finalizado el plazo de la concesión del derecho de ocupación de las parcelas del Albergue de Navacerrada, y teniendo en cuenta que el Albergue se encontraba cerrado y sin uso, se realizaron actuaciones ante el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para comunicar el interés del Banco en la efectiva devolución de los terrenos”, añade. “Finalmente, se inició el expediente de declaración de caducidad de la ocupación temporal, otorgada a beneficio de la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama, por cumplimento del plazo, y el Banco y la Mutualidad de empleados están personados, en su condición de interesados”.
Los muros de este edificio situado en el Puerto de Navacerrada, y con una superficie de 1.129,3 metros cuadrados, son testigos mudos de un tiempo que ya pasó. Recién comenzaba la dictadura de Franco cuando el Banco de España obtuvo el derecho de ocupación de la finca. Corría 1945.
Allí, ya en los años 50 del siglo XX, casi 400 trabajadores se alojaban en régimen de pensión completa, o subían a la sierra para almorzar en sus instalaciones durante los días festivos. Allí, ya en 1979, era obligatorio por convenio que la empresa fomentara “actividades recreativas en favor de los empleados”, según recogía el Boletín oficial del Estado. Allí, cuando subían a esquiar a la sierra, tenían los trabajadores casi una cincuentena de estancias. Y allí, cuando moría el verano, nacía la primera cita montañera de la temporada, el trofeo García Carrasco, bautizado en honor de un técnico del Banco responsable de la instalación, y organizada por el grupo de montaña del Banco de España.
Pero las puertas de la propiedad del Banco de España llevan cerradas desde al menos 2010. Su interior acumula polvo. Y su exterior, gastos: el banco tiene que asegurar un mínimo mantenimiento, y mantener un servicio de seguridad ya le cuesta más de 28.000 euros, según consta en el portal de contratación del Estado.
“Está en avanzado estado de deterioro, pero no de ruina”, puntualizan desde la institución, que ya en 2019 calculó en 90.000 euros el coste de demoler la infraestructura, ante la posibilidad de que se le reclamara devolver el terreno en su estado original.
No es esa, por ahora, la tesitura del resto de propietarios afectados por el fin de la concesión de suelo. A ellos se les reclama que entreguen las llaves de sus chalets, pisos, garajes y restaurantes limpias de polvo y paja. Es decir, con la hipoteca pagada y todo listo para ser ocupado. Una resolución de la administración regional que hasta ahora ha provocado, al menos, 329 recursos de reposición, y, por el momento, 43 recursos contenciosos administrativos contra la salida de los 900 afectados de las viviendas.
Y hay muchas en juego: unos 90 chalets en Cercedilla, y unos 360 apartamentos del Puerto de Navacerrada. Un conflicto enquistado desde hace décadas cuya resolución se aceleró a partir del otoño de 2024.
Pulso legal
Primero, la Comunidad decidió que efectivamente había caducado la concesión estatal de 1920 destinada a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico, que, a su vez, realizó concesiones a terceros para promover la construcción de unos sanatorios de altura que nunca llegaron a levantarse como tales. Ese es el origen de los actuales chalets y pisos. También del albergue. Luego, la Administración ordenó que los ocupantes de los edificios entregaran las llaves.
Desde entonces, un pulso legal. La Comunidad de Madrid quiere contratar por 350.648,14 euros un servicio de asesoría técnica y jurídica para ayudarle con la burocracia administrativa y legal. Y el Ayuntamiento de Cercedilla ha licitado otro contrato de asesoría jurídica de casi tres millones de euros, pues el caso puede acabar en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Un camino que el Banco de España, como integrante del sector público, no quiere transitar, según traslada un portavoz. Por eso está más que dispuesto a entregar el albergue que acogió en su día los sueños de invierno y montaña de sus empleados.
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