El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Concordia de Extremadura, aprobada por el PP y Vox hace un año y que venía a derogar la anterior Ley de Memoria autonómica aprobada por los socialistas. El tribunal, como consecuencia de la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, suspende los artículos impugnados y, entre ellos, está precisamente la disposición que derogaba la anterior ley extremeña sobre memoria histórica.
La norma fue uno de los requisitos que Vox exigió para apoyar la investidura de la presidenta popular María Guardiola
La norma fue uno de los requisitos que Vox exigió para apoyar la investidura de la presidenta popular María Guardiola
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Concordia de Extremadura, aprobada por el PP y Vox hace un año y que venía a derogar la anterior Ley de Memoria autonómica aprobada por los socialistas. El tribunal, como consecuencia de la admisión a trámite del recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez, suspende los artículos impugnados y, entre ellos, está precisamente la disposición que derogaba la anterior ley extremeña sobre memoria histórica.
La actual Ley de Concordia extremeña fue uno de los requisitos exigidos por Vox para apoyar la investidura de María Guardiola del PP, tras las elecciones adelantadas del año pasado. Tras su aprobación, en octubre de 2025, los partidos de la oposición extremeña, PSOE y Unidas Podemos, consideraron que era una ley revisionista y que humillaba a las víctimas. PP y Vox defendieron que servía para el reconocimiento y la reconciliación de todas las víctimas.
El Gobierno, sin embargo, defiende la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. Entre otros, un apartado del artículo 4 que reconocía el derecho de las víctimas y sus familiares a “la reparación y preservación de su memoria, evitando el enfrentamiento entre españoles”. En concreto, el Ejecutivo recurrió el inciso “evitando el enfrentamiento entre españoles”.
Tal y como prevé el artículo 161.2 de la Constitución, invocado por el Ejecutivo, el recurso del Gobierno contra una norma autonómica supone la suspensión automática de los preceptos impugnados. Además de la posible vulneración del derecho a la libertad ideológica, protegido constitucionalmente, el equipo de Pedro Sánchez alega que la ley extremeña invade competencias estatales.
La admisión a trámite, así como la suspensión de los artículos impugnados, no supone ninguna valoración por parte del tribunal de garantías sobre el fondo del asunto.
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