Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante los Gobiernos de Mariano Rajoy (PP), se revuelve en la causa que lo mantiene imputado por participar supuestamente en una trama urdida para conseguir legislación a medida para empresas gasistas y de otros sectores. A través de un recurso presentado contra la decisión del juez de ampliar las pesquisas otro medio año, el exdirigente popular carga contra el magistrado y contra la Fiscalía: “Han transcurrido siete años de investigación sin haber descubierto ni un solo indicio que apunte a una sola conducta criminal [de Montoro]”, dice el texto, que añade: “El resultado no ha sido otro que la más absoluta nada”.
El exdirigente del PP recurre la decisión del juez de ampliar las pesquisas otros seis meses más
El exdirigente del PP recurre la decisión del juez de ampliar las pesquisas otros seis meses más
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante los Gobiernos de Mariano Rajoy (PP), se revuelve en la causa que lo mantiene imputado por participar supuestamente en una trama urdida para conseguir legislación a medida para empresas gasistas y de otros sectores. A través de un recurso presentado contra la decisión del juez de ampliar las pesquisas otro medio año, el exdirigente popular carga contra el magistrado y contra la Fiscalía: “Han transcurrido siete años de investigación sin haber descubierto ni un solo indicio que apunte a una sola conducta criminal [de Montoro]”, dice el texto, que añade: “El resultado no ha sido otro que la más absoluta nada”.
A lo largo del escrito de alegaciones, de 14 páginas y al que tuvo acceso EL PAÍS, el abogado del exministro arremete con gran dureza contra la instrucción dirigida por un juzgado de Tarragona. Según la defensa, pese a que la causa ha contado con la intervención de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de la Agencia Tributaria y de los Mossos; los investigadores no han logrado encontrar pruebas que impliquen a Montoro en la supuesta “red” de tráfico de influencias tejida en torno a Equipo Económico, el despacho que fundó antes de entrar en el Ejecutivo de Rajoy en 2011.
“No existe un solo indicio que apunte hacia la comisión de los delitos investigados, los cuales permanecen exclusivamente en el plano de las sospechas infundadas del Ministerio Público”, carga el letrado del político conservador. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que distintas empresas pagaron al despacho vinculado a Montoro para lograr que el Gobierno del PP modificara la ley en favor de sus intereses.
El exministro, que insiste en que salió de Equipo Económico antes de la llegada de Rajoy a La Moncloa, lo niega. “La instrucción pivota exclusivamente sobre unos hechos que carecen de relevancia penal, y en los que mi representado no tuvo más participación que la de ostentar el cargo de Ministro de Hacienda en el momento de su producción”, subraya su abogado. “Resulta significativo que la totalidad de la instrucción descanse sobre la aprobación de dos normas por parte del Poder Legislativo. Normas que, huelga decirlo, no fueron aprobadas ni por mi representado ni por los demás investigados”, apunta el recurso del exdirigente del PP.
La defensa de Montoro alega que él “desconocía” que Equipo Económico propuso “dichas reformas” al Ministerio de Hacienda. Pero añade que, aunque lo hubiera sabido, “los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal”. “Constituye práctica habitual en gobiernos de cualquier signo político que asociaciones, grupos empresariales, ciudadanos o colectivos afectados por circunstancias de diversa índole trasladen a miembros del Gobierno sugerencias de reformas normativas que resultan de interés para sus representados”, expone el escrito de alegaciones.
El recurso del responsable de Hacienda de Rajoy añade que “jamás” se ha planteado que esa “práctica constituya una conducta corrupta o criminal; ni, en los términos empleados por el Ministerio Fiscal, una privatización del poder legislativo”.
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