El Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero, defiende la posición absolutoria del Ministerio Fiscal dentro del procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y otros nueve condenados por prevaricación por las irregularidades en la contratación de Sánchez en la institución provincial pacense en el año 2017.
Francisco Javier Montero incide en que los hechos no están probados y que no son constitutivos de delitos e insiste en que si el TSJEX mantiene la condena recurrirán al Supremo
El Fiscal Superior de Justicia de Extremadura, Francisco Javier Montero, defiende la posición absolutoria del Ministerio Fiscal dentro del procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo y otros nueve condenados por prevaricación por las irregularidades en la contratación de Sánchez en la institución provincial pacense en el año 2017.
Montero se muestra en desacuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado mes de julio, que la Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Todos los penados piden su absolución y recuerdan que era la petición del Ministerio Fiscal, mientras que son varias las acusaciones que piden endurecer el fallo.
“La Fiscalía ha mantenido una tesis absolutoria”, ha trasladado el máximo responsable del ministerio fiscal en la comunidad extremeña, el cual ha querido aclarar cuál es la función de la institución en un proceso penal. “Yo he oído decir que el Ministerio Fiscal tiene que acusar o que es un órgano acusador, algo que es un error de base”, ha sentenciado.
Montero ha incidido en que la Fiscalía no está obligada a sostener una acusación cuando considera que no existen pruebas suficientes para ello. En este procedimiento judicial ha insistido en que la posición de la institución es inequívoca, ya que los hechos no están probados y, en su caso, que determinados hechos no son constitutivos de delito. “Mi respeto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, como a cualquier resolución de un tribunal, pero estamos en profundo desacuerdo con ella y la hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, en el caso de que se mantengan esos términos, lo recurriremos también al Supremo”, ha trasladado.
Sus declaraciones llegan después de que la Fiscalía presentara un recurso contra la sentencia que condenó el pasado 14 de julio a David Sánchez a nueve años de inhabilitación y a Miguel Ángel Gallardo a 18 años por las irregularidades relacionadas con la creación y adjudicación, en 2017, de una plaza en la Diputación de Badajoz.
La posición expresada por Montero coincide con los argumentos desarrollados por la fiscal Begoña García Boro en el recurso presentado ante el TSJEx. En ese escrito, de 92 páginas, el Ministerio Público sostiene que la condena se basa en “una acumulación de sospechas, impresiones subjetivas, rumores y valoraciones retrospectivas” que no permiten desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados.
El Ministerio Público considera que la Audiencia Provincial de Badajoz no ha identificado suficientemente las resoluciones administrativas que constituirían el delito de prevaricación ni ha demostrado que los condenados fueran conscientes de su presunta ilegalidad. Por otro lado, también cuestiona que se haya acreditado la existencia de un plan para beneficiar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, mediante la creación de un puesto de trabajo en concreto en la institución provincial.
En cuanto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo el recurso sostiene que no existen pruebas suficientes de que el entonces máximo dirigente de la institución favoreciera la contratación. La Fiscalía reprocha al tribunal que deduzca su responsabilidad principalmente de su posición como máximo responsable de la institución provincial, sin identificar instrucciones o decisiones concretas que acrediten su participación delictiva.
Una petición de absolución que se extiende también a los otros nueve condenados en el proceso. Desde el Ministerio Público rechazan la intervención de los distintos responsables políticos, funcionarios y trabajadores públicos en los procedimientos administrativos que permitan determinar que todos participaron en una actuación ilegal.
Recordamos que el procedimiento judicial que se desarrollaba en la Audiencia Provincial de Badajoz, el pasado mes de junio, comenzaba a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, basándose en recortes de prensa.
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