Las izquierdas acordaron este octubre negociar la formación de un Gobierno de coalición en Berlín que abordará la nacionalización de activos de fondos inmobiliarios y dé a la capital alemana 150.000 nuevas viviendas públicas. Die Linke ganó con claridad las elecciones regionales de septiembre con la promesa de llevar a cabo estas expropiaciones para frenar el encarecimiento de los alquileres. El canciller alemán, Friedrich Merz, ya advirtió de que impediría las nacionalizaciones y su Gobierno prepara una ley para hacerlo imposible.
La regulación que plantea la coalición haría económica y jurídicamente inviable la expropiación de decenas de miles de viviendas que planea la izquierda en la capital
Las izquierdas acordaron este octubre negociar la formación de un Gobierno de coalición en Berlín que abordará la nacionalización de activos de fondos inmobiliarios y dé a la capital alemana 150.000 nuevas viviendas públicas. Die Linke ganó con claridad las elecciones regionales de septiembre con la promesa de llevar a cabo estas expropiaciones para frenar el encarecimiento de los alquileres. El canciller alemán, Friedrich Merz, ya advirtió de que impediría las nacionalizaciones y su Gobierno prepara una ley para hacerlo imposible.
Die Linke (La Izquierda), partido de la izquierda poscosmunista, los Verdes y los socialdemócratas del SPD presentaron el 17 de octubre el documento a partir del cual debería llevarse a cabo la nacionalización de activos de grandes empresas que tienen en la ciudad una bolsa de más de 10.000 viviendas. El SPD de Berlín se encuentra en una situación especialmente compleja: por un lado, es contrario a esta medida, como lo es también la cúpula del partido, que forma parte del Ejecutivo federal; por otro, asume el coste de esta contradicción para estar en la coalición de la capital.
“No creo que la nacionalización sea la solución adecuada a la crisis de la vivienda. Sin embargo, era el tema central para Die Linke”, explicó el 22 de octubre al diario Tagesspiegel Stefan Krach, candidato socialdemócrata en Berlín. “Mi opinión no ha cambiado, pero Berlín necesita un Gobierno estable y las opciones son limitadas”.
El SPD impuso limitaciones en el pacto firmado con Die Linke y Los Verdes que hacen difícil la materialización de la medida. En concreto, introdujo una cláusula por la que las indemnizaciones a las empresas afectadas no pueden superar los 16.000 millones de euros, y siempre que este endeudamiento no desestabilice las arcas públicas.
El Gobierno federal quiere ahora hacerlo todavía más inviable con una futura Ley de Protección de la Inversión. El borrador lo están consensuando los partidos que forman la coalición en el poder en Alemania, y que suman mayoría absoluta en el Bundestag: los democristianos de la CDU, los socialcristianos bávaros de la CSU y el propio SPD. La dirección federal del SPD se ha manifestado en varias ocasiones en contra del acuerdo de su partido en Berlín con Die Linke por considerar su política radical.
Los principales mecanismos de la futura ley anti-Die Linke fueron confirmados el 26 de octubre en una rueda de prensa del Gobierno: la primera es que la nacionalización o expropiación de los activos de una empresa privada solo serán posibles si la indemnización es a precio de mercado. Die Linke, Verdes y SPD dan por hecho en su acuerdo que no compensarán a precio de mercado, aunque no precisan qué tasación harán, a la espera de establecerlo en una futura regulación.
La nacionalización de sociedades inmobiliarias en Berlín como opción real empezó en 2021, cuando un referéndum no vinculante, a partir de una iniciativa legislativa ciudadana, obtuvo un 51% de los votos favorables de los berlineses. Aquella iniciativa, que apoyan Die Linke y los Verdes, establecía entre un 40% y un 60% del precio de mercado para el valor de la indemnización. La normativa que prepara el Gobierno federal exigiría el 100%.
La segunda limitación que establecería esta ley es que la indemnización solo puede ser monetaria, es decir, que no puede realizarse a través de permutas de terrenos. La tercera, y la que da más pie a diferentes interpretaciones jurídicas, es que las nacionalizaciones solo serán posibles si se trata de una “necesidad imperiosa”, si no hay otras opciones y si se considera que la crisis de la vivienda es extrema.
El 83% de los ciudadanos de Berlín viven de alquiler y los precios han crecido un casi un 70% en la última década. Al mismo tiempo, según datos de la Administración de Estadística de Berlín, los ingresos per cápita han subido un 33%, menos de la mitad del encarecimiento de la vivienda.
Batalla constitucional
Todo apunta a que la batalla legal entre el Gobierno de Berlín y el federal será larga y provocará encontronazos entre sus socios. El preacuerdo de los tres partidos que quieren mandar en la capital estima que el inicio de estas nacionalizaciones debería ser en 2029, a partir de una ley de nuevo cuño específica para ello. La fecha es optimista porque las partes dan por hecho que el Tribunal Federal, la máxima autoridad jurídica, deberá pronunciarse, y eso previsiblemente solo se producirá después de años de litigios.
La Constitución alemana ampara la nacionalización para proteger el bien común y derechos básicos. La Ley Fundamental establece: “Con fines de socialización [nacionalización], el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el montante de la indemnización”.
Sobre la expropiación, la ley fundamental alemana indica: “Está permitida solo por razones de bien común. Podrá ser efectuada solo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización. La indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados. En caso de discrepancia sobre el monto de la indemnización quedará abierta la vía judicial”.
Alemania entra en un campo judicial desconocido y los expertos consultados en las últimas semanas indican que mucho puede depender de la interpretación de cada juez; por ejemplo, si el tribunal entiende que el Estado de Berlín tiene margen para construir más vivienda social antes de expropiar propiedades privadas.
Elif Eralp, la candidata de Die Linke para ser la alcaldesa de Berlín, denunció el lunes en la televisión pública ZDF que la ley que prepara el Ejecutivo federal es un fraude: “Para mí es claramente inconstitucional hacer imposible a través de una ley lo que la Constitución contempla y para lo que han votado los berlineses”.
Otro punto débil de una futura ley federal es que deberá encontrar un encaje constitucional con las normas de los Estados federados que regulan competencias propias, como en el caso de Berlín.
El foco de las críticas de Eralp es el ministro del Interior, el democristiano Alexander Dobrindt. Su ministerio es el responsable de coordinar la redacción del proyecto de ley. Dobrindt afirmó el domingo en el diario Bild que la propuesta de Die Linke es inconstitucional porque vulnera el derecho fundamental a la propiedad privada. “Dejaremos claro con la ley de protección de inversiones que el fetichismo arbitrario de la izquierda por la nacionalización es incompatible con la ley fundamental”, declaró Dobrindt.
En la elaboración del borrador tiene un papel clave el Ministerio de Justicia, del que es titular la socialdemócrata Stefanie Hubig. Eike Götz Hosemann, portavoz de este ministerio, afirmó el lunes: “Una ley federal que prohíba la nacionalización de viviendas o propiedades similares es inadmisible en Alemania, sería claramente inconstitucional. Sin embargo, la ley fundamental establece que la socialización es posible y que los detalles deben regularse por una ley específica”.
Hubig ha declarado que hay “muchas dudas abiertas” sobre las medidas de la futura ley, pero su portavoz confirmó que la titular de Justicia es contraria a las nacionalizaciones: “La ministra ha dejado claro que rechaza la nacionalización como instrumento político porque no crea nuevas viviendas, y los costes asociados se invertirían mejor en otros ámbitos para conseguir más vivienda asequible”. Sus palabras evidencian que la lucha se disputará en los tribunales, pero también entre el SPD nacional y su partido en Berlín, sobre todo cuando la futura Ley de Protección de Inversiones tenga que ser votada por el poder legislativo.
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