El decreto Maricarmen, finalmente partido en dos textos, promete provocar un auténtico terremoto en el mercado del alquiler. Las propuestas son ambiciosas: ambas normas aspiran a vetar desahucios hasta 2030, frenar la compra de vivienda por parte de «fondos buitre» y prorrogar forzosamente durante dos años los contratos de alquiler que caduquen antes del 31 de diciembre de 2028 . Pero esa sobreprotección al inquilino podría tener consecuencias nefastas para el devenir del mercado. «Si estas medidas salen adelante se van a cargar el alquiler y nadie va a construir vivienda para alquilar, la van a construir para venta directa. Este real decreto va en dirección contraria al derecho a la propiedad que está recogido en la Constitución»», transmiten a este periódico fuentes del sector inmobiliario.La incertidumbre en el sector, por tanto, estará en máximos hasta el próximo viernes, cuando los dos textos esperan ser votados en el Congreso de los Diputados tras pedir el Ejecutivo un pleno extraordinario para convalidarlos. Si consiguen salir adelante, la norma protegerá a los inquilinos con contrato en vigor y miles de ellos se podrán beneficiar de medidas como la de la congelación de los arrendamientos, que les permitirá -siempre que se lo comuniquen vía burofax al casero- permanecer dos años más en la vivienda en las mismas condiciones en las que estaban.Pero para los aspirantes a inquilinos que acudan en las próximas semanas y meses al mercado, las cosas no prometen ser tan fáciles por la inseguridad que pueden transmitir las nuevas medidas a los propietarios. Por lo pronto, hasta el viernes los contratos de alquiler que se firmen podrían considerarse indefinidos, porque el segundo de los decretos contempla la renovación automática de los contratos de alquiler, salvo para algunas excepciones, una fórmula bajo la que el casero tendrá que dar justificaciones de mucho peso para poder recuperar su vivienda una vez cumplida la vigencia del arrendamiento.Una especial preocupación también despierta la protección contra los desahucios para los inquilinos vulnerables, una medida que estuvo vigente durante seis años como parte del escudo social. El decreto propone paralizar todos los desahucios de inquilinos vulnerables que se produzcan hasta el año 2030, lo que resulta otro desincentivo para que se puedan sumar nuevas viviendas al mercado del alquiler.Junto a esta medida, el primero de los decretos, que es el más factible de aprobar porque se acerca más a las exigencias de PNV y Junts, también aspira poner coto al alquiler temporal y de habitaciones, una de las vías de escape a las que acuden muchos propietarios para huir de las intervenciones a los precios de la ley de Vivienda, sobre todo en zonas tensionadas.En el caso del alquiler temporal, la norma endurece la consideración para que un contrato sea temporal y nunca podrá rebasar los 12 meses de duración. En el caso de que se encadenen más de dos contratos temporales entre las mismas partes, el contrato pasará a considerarse alquiler habitual. El decreto más factible de aprobar también incluye otras novedades como el aumento del IVA al 10% de los alquileres turísticos -frente al 21% que se propuso inicialmente- o bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros. También las habrá para los propietarios que bajen el precio del alquiler, pero a estas le acompañarán castigos fiscales en el IRPF para aquellos que aboguen por subir las rentas en los nuevos contratos.Una novedad a destacar es la activación del mecanismo Tucasa , con el que el Gobierno quiere adelantar a las familias el dinero para la entrada necesaria para la compra de una primera vivienda, que normalmente equivale a un 20% del valor del inmueble. Será gestionado por el ICO y la aportación máxima a cada hogar será de 50.000 euros con un tipo de interés del 0%. Además, para constructores se activará un IVA superreducido del 4% para la construcción de la vivienda de promoción pública.La reacción del sectorEn el sector inmobiliario la acogida de ambos decretos no ha sido la mejor. Los promotores, a través de la patronal APCEspaña, creen que los textos dejan sin respuesta el déficit estructural de vivienda. Según la asociación, la propuesta de los dos partidos de Gobierno concentra los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no responde a las cuestiones que deberían regularse para mejorar el acceso a la vivienda. «Con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más. El país necesita una política de oferta, no una sucesión de medidas de emergencia que se van renovando y ampliando cada poco más» afirman desde la Asociación. El sector tenía la esperanza de en que en el texto se incluyera la reforma de la ley del Suelo que el PSOE contempló en un primer borrador, pero que luego tuvo que desistir por la presión de partidos como Unidas Podemos.La construcción, por su parte, tampoco tiene mucha esperanza en las reformas que se proponen y también echa en falta la reforma de la ley del suelo, que podría liberar cantidades ingentes de superficie para construir vivienda. «El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno, que profundiza en la intervención sobre el mercado de la vivienda, desde la CNC queremos recordar que el problema tiene, en primer lugar, una dimensión estructural de oferta. España necesita incrementar de forma significativa el número de viviendas disponibles y, para ello, resulta urgente desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y agilizar la disponibilidad de suelo finalista, que es la materia prima imprescindible para poder construir las más de 750.000 viviendas que España necesita.Por su parte, Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com, asegura que el problema «estructural» del mercado de la vivienda no se puede atajar solo actuando en las condiciones de los contratos. «La demanda continúa siendo elevada y el parque disponible no crece al mismo ritmo, por lo que las medidas de protección a los hogares vulnerables y las modificaciones sobre la duración de los contratos deben ir acompañadas de un marco que ofrezca seguridad y previsibilidad a los propietarios, especialmente a los pequeños arrendadores. El objetivo debe ser proteger a quienes lo necesitan sin generar un aumento de la percepción de riesgo que pueda llevar a parte de la oferta a salir del mercado del alquiler residencial», señala el experto.Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, se muestra especialmente duro con los efectos que provocarán ambos decretos. «La oferta va a desaparecer del mercado y condena el futuro de miles que inquilinos que buscan y buscarán vivienda en alquiler y no la encontrarán. Los incentivos a propietarios siguen estando fuera del radar, no hay ni una sola medida que corrija las causas del problema y todas las propuestas van ahora encaminadas a proteger a los inquilinos actuales a costa de las personas que están buscando una vivienda o una habitación en alquiler, que se enfrentan a una evaporación acelerada de la poca oferta que queda disponible». El decreto Maricarmen, finalmente partido en dos textos, promete provocar un auténtico terremoto en el mercado del alquiler. Las propuestas son ambiciosas: ambas normas aspiran a vetar desahucios hasta 2030, frenar la compra de vivienda por parte de «fondos buitre» y prorrogar forzosamente durante dos años los contratos de alquiler que caduquen antes del 31 de diciembre de 2028 . Pero esa sobreprotección al inquilino podría tener consecuencias nefastas para el devenir del mercado. «Si estas medidas salen adelante se van a cargar el alquiler y nadie va a construir vivienda para alquilar, la van a construir para venta directa. Este real decreto va en dirección contraria al derecho a la propiedad que está recogido en la Constitución»», transmiten a este periódico fuentes del sector inmobiliario.La incertidumbre en el sector, por tanto, estará en máximos hasta el próximo viernes, cuando los dos textos esperan ser votados en el Congreso de los Diputados tras pedir el Ejecutivo un pleno extraordinario para convalidarlos. Si consiguen salir adelante, la norma protegerá a los inquilinos con contrato en vigor y miles de ellos se podrán beneficiar de medidas como la de la congelación de los arrendamientos, que les permitirá -siempre que se lo comuniquen vía burofax al casero- permanecer dos años más en la vivienda en las mismas condiciones en las que estaban.Pero para los aspirantes a inquilinos que acudan en las próximas semanas y meses al mercado, las cosas no prometen ser tan fáciles por la inseguridad que pueden transmitir las nuevas medidas a los propietarios. Por lo pronto, hasta el viernes los contratos de alquiler que se firmen podrían considerarse indefinidos, porque el segundo de los decretos contempla la renovación automática de los contratos de alquiler, salvo para algunas excepciones, una fórmula bajo la que el casero tendrá que dar justificaciones de mucho peso para poder recuperar su vivienda una vez cumplida la vigencia del arrendamiento.Una especial preocupación también despierta la protección contra los desahucios para los inquilinos vulnerables, una medida que estuvo vigente durante seis años como parte del escudo social. El decreto propone paralizar todos los desahucios de inquilinos vulnerables que se produzcan hasta el año 2030, lo que resulta otro desincentivo para que se puedan sumar nuevas viviendas al mercado del alquiler.Junto a esta medida, el primero de los decretos, que es el más factible de aprobar porque se acerca más a las exigencias de PNV y Junts, también aspira poner coto al alquiler temporal y de habitaciones, una de las vías de escape a las que acuden muchos propietarios para huir de las intervenciones a los precios de la ley de Vivienda, sobre todo en zonas tensionadas.En el caso del alquiler temporal, la norma endurece la consideración para que un contrato sea temporal y nunca podrá rebasar los 12 meses de duración. En el caso de que se encadenen más de dos contratos temporales entre las mismas partes, el contrato pasará a considerarse alquiler habitual. El decreto más factible de aprobar también incluye otras novedades como el aumento del IVA al 10% de los alquileres turísticos -frente al 21% que se propuso inicialmente- o bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros. También las habrá para los propietarios que bajen el precio del alquiler, pero a estas le acompañarán castigos fiscales en el IRPF para aquellos que aboguen por subir las rentas en los nuevos contratos.Una novedad a destacar es la activación del mecanismo Tucasa , con el que el Gobierno quiere adelantar a las familias el dinero para la entrada necesaria para la compra de una primera vivienda, que normalmente equivale a un 20% del valor del inmueble. Será gestionado por el ICO y la aportación máxima a cada hogar será de 50.000 euros con un tipo de interés del 0%. Además, para constructores se activará un IVA superreducido del 4% para la construcción de la vivienda de promoción pública.La reacción del sectorEn el sector inmobiliario la acogida de ambos decretos no ha sido la mejor. Los promotores, a través de la patronal APCEspaña, creen que los textos dejan sin respuesta el déficit estructural de vivienda. Según la asociación, la propuesta de los dos partidos de Gobierno concentra los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no responde a las cuestiones que deberían regularse para mejorar el acceso a la vivienda. «Con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más. El país necesita una política de oferta, no una sucesión de medidas de emergencia que se van renovando y ampliando cada poco más» afirman desde la Asociación. El sector tenía la esperanza de en que en el texto se incluyera la reforma de la ley del Suelo que el PSOE contempló en un primer borrador, pero que luego tuvo que desistir por la presión de partidos como Unidas Podemos.La construcción, por su parte, tampoco tiene mucha esperanza en las reformas que se proponen y también echa en falta la reforma de la ley del suelo, que podría liberar cantidades ingentes de superficie para construir vivienda. «El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno, que profundiza en la intervención sobre el mercado de la vivienda, desde la CNC queremos recordar que el problema tiene, en primer lugar, una dimensión estructural de oferta. España necesita incrementar de forma significativa el número de viviendas disponibles y, para ello, resulta urgente desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y agilizar la disponibilidad de suelo finalista, que es la materia prima imprescindible para poder construir las más de 750.000 viviendas que España necesita.Por su parte, Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com, asegura que el problema «estructural» del mercado de la vivienda no se puede atajar solo actuando en las condiciones de los contratos. «La demanda continúa siendo elevada y el parque disponible no crece al mismo ritmo, por lo que las medidas de protección a los hogares vulnerables y las modificaciones sobre la duración de los contratos deben ir acompañadas de un marco que ofrezca seguridad y previsibilidad a los propietarios, especialmente a los pequeños arrendadores. El objetivo debe ser proteger a quienes lo necesitan sin generar un aumento de la percepción de riesgo que pueda llevar a parte de la oferta a salir del mercado del alquiler residencial», señala el experto.Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, se muestra especialmente duro con los efectos que provocarán ambos decretos. «La oferta va a desaparecer del mercado y condena el futuro de miles que inquilinos que buscan y buscarán vivienda en alquiler y no la encontrarán. Los incentivos a propietarios siguen estando fuera del radar, no hay ni una sola medida que corrija las causas del problema y todas las propuestas van ahora encaminadas a proteger a los inquilinos actuales a costa de las personas que están buscando una vivienda o una habitación en alquiler, que se enfrentan a una evaporación acelerada de la poca oferta que queda disponible».
El decreto Maricarmen, finalmente partido en dos textos, promete provocar un auténtico terremoto en el mercado del alquiler. Las propuestas son ambiciosas: ambas normas aspiran a vetar desahucios hasta 2030, frenar la compra de vivienda por parte de «fondos buitre» y prorrogar forzosamente durante dos … años los contratos de alquiler que caduquen antes del 31 de diciembre de 2028. Pero esa sobreprotección al inquilino podría tener consecuencias nefastas para el devenir del mercado. «Si estas medidas salen adelante se van a cargar el alquiler y nadie va a construir vivienda para alquilar, la van a construir para venta directa. Este real decreto va en dirección contraria al derecho a la propiedad que está recogido en la Constitución»», transmiten a este periódico fuentes del sector inmobiliario.
La incertidumbre en el sector, por tanto, estará en máximos hasta el próximo viernes, cuando los dos textos esperan ser votados en el Congreso de los Diputados tras pedir el Ejecutivo un pleno extraordinario para convalidarlos. Si consiguen salir adelante, la norma protegerá a los inquilinos con contrato en vigor y miles de ellos se podrán beneficiar de medidas como la de la congelación de los arrendamientos, que les permitirá -siempre que se lo comuniquen vía burofax al casero- permanecer dos años más en la vivienda en las mismas condiciones en las que estaban.
Pero para los aspirantes a inquilinos que acudan en las próximas semanas y meses al mercado, las cosas no prometen ser tan fáciles por la inseguridad que pueden transmitir las nuevas medidas a los propietarios. Por lo pronto, hasta el viernes los contratos de alquiler que se firmen podrían considerarse indefinidos, porque el segundo de los decretos contempla la renovación automática de los contratos de alquiler, salvo para algunas excepciones, una fórmula bajo la que el casero tendrá que dar justificaciones de mucho peso para poder recuperar su vivienda una vez cumplida la vigencia del arrendamiento.
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Una especial preocupación también despierta la protección contra los desahucios para los inquilinos vulnerables, una medida que estuvo vigente durante seis años como parte del escudo social. El decreto propone paralizar todos los desahucios de inquilinos vulnerables que se produzcan hasta el año 2030, lo que resulta otro desincentivo para que se puedan sumar nuevas viviendas al mercado del alquiler.
Junto a esta medida, el primero de los decretos, que es el más factible de aprobar porque se acerca más a las exigencias de PNV y Junts, también aspira poner coto al alquiler temporal y de habitaciones, una de las vías de escape a las que acuden muchos propietarios para huir de las intervenciones a los precios de la ley de Vivienda, sobre todo en zonas tensionadas.
En el caso del alquiler temporal, la norma endurece la consideración para que un contrato sea temporal y nunca podrá rebasar los 12 meses de duración. En el caso de que se encadenen más de dos contratos temporales entre las mismas partes, el contrato pasará a considerarse alquiler habitual.
El decreto más factible de aprobar también incluye otras novedades como el aumento del IVA al 10% de los alquileres turísticos -frente al 21% que se propuso inicialmente- o bonificaciones fiscales para inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros. También las habrá para los propietarios que bajen el precio del alquiler, pero a estas le acompañarán castigos fiscales en el IRPF para aquellos que aboguen por subir las rentas en los nuevos contratos.
Una novedad a destacar es la activación del mecanismo Tucasa, con el que el Gobierno quiere adelantar a las familias el dinero para la entrada necesaria para la compra de una primera vivienda, que normalmente equivale a un 20% del valor del inmueble. Será gestionado por el ICO y la aportación máxima a cada hogar será de 50.000 euros con un tipo de interés del 0%. Además, para constructores se activará un IVA superreducido del 4% para la construcción de la vivienda de promoción pública.
La reacción del sector
En el sector inmobiliario la acogida de ambos decretos no ha sido la mejor. Los promotores, a través de la patronal APCEspaña, creen que los textos dejan sin respuesta el déficit estructural de vivienda. Según la asociación, la propuesta de los dos partidos de Gobierno concentra los esfuerzos en intervenir sobre el parque de alquiler ya existente y no responde a las cuestiones que deberían regularse para mejorar el acceso a la vivienda.
«Con prórrogas y límites no se construye ni una sola vivienda más. El país necesita una política de oferta, no una sucesión de medidas de emergencia que se van renovando y ampliando cada poco más» afirman desde la Asociación. El sector tenía la esperanza de en que en el texto se incluyera la reforma de la ley del Suelo que el PSOE contempló en un primer borrador, pero que luego tuvo que desistir por la presión de partidos como Unidas Podemos.
La construcción, por su parte, tampoco tiene mucha esperanza en las reformas que se proponen y también echa en falta la reforma de la ley del suelo, que podría liberar cantidades ingentes de superficie para construir vivienda. «El nuevo paquete de medidas aprobado por el Gobierno, que profundiza en la intervención sobre el mercado de la vivienda, desde la CNC queremos recordar que el problema tiene, en primer lugar, una dimensión estructural de oferta. España necesita incrementar de forma significativa el número de viviendas disponibles y, para ello, resulta urgente desbloquear la reforma de la Ley del Suelo y agilizar la disponibilidad de suelo finalista, que es la materia prima imprescindible para poder construir las más de 750.000 viviendas que España necesita.
Por su parte, Ferran Font, director de estudios del portal inmobiliario Pisos.com, asegura que el problema «estructural» del mercado de la vivienda no se puede atajar solo actuando en las condiciones de los contratos. «La demanda continúa siendo elevada y el parque disponible no crece al mismo ritmo, por lo que las medidas de protección a los hogares vulnerables y las modificaciones sobre la duración de los contratos deben ir acompañadas de un marco que ofrezca seguridad y previsibilidad a los propietarios, especialmente a los pequeños arrendadores. El objetivo debe ser proteger a quienes lo necesitan sin generar un aumento de la percepción de riesgo que pueda llevar a parte de la oferta a salir del mercado del alquiler residencial», señala el experto.
Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, se muestra especialmente duro con los efectos que provocarán ambos decretos. «La oferta va a desaparecer del mercado y condena el futuro de miles que inquilinos que buscan y buscarán vivienda en alquiler y no la encontrarán. Los incentivos a propietarios siguen estando fuera del radar, no hay ni una sola medida que corrija las causas del problema y todas las propuestas van ahora encaminadas a proteger a los inquilinos actuales a costa de las personas que están buscando una vivienda o una habitación en alquiler, que se enfrentan a una evaporación acelerada de la poca oferta que queda disponible».
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