El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha renunciado a cobrar los casi 60 millones de euros que potencialmente habría podido ingresar en concepto de tasa a lo largo de los próximos 70 años de las empresas privadas que explotarán siete residencias y centros de día público-privados en parcelas públicas. Así consta en documentación publicada en el portal de contratación, donde la Administración excusa el pago con el argumento de que ya obliga a los concesionarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado, por lo que su capacidad de negocio queda limitada. Esas decenas de millones de euros de los que Madrid prescindirá voluntariamente a lo largo de los 70 años de concesión (ampliables a 75) son meramente la punta del iceberg: la Comunidad espera licitar 33 cesiones de parcelas más para construir otras tantas residencias y centros de día, alcanzando los 40 totales, por lo que el impacto económico de la renuncia no hará más que crecer. Un portavoz gubernamental recalca que renunciar a la tasa está amparado por la ley y la jurisprudencia del Supremo (sin pronunciarse sobre que eso lo haga obligatorio) y añade que el beneficio que obtendrá Madrid por las plazas públicas que se abran será cinco veces superior al montante de los ingresos que no recibirá.
El Ejecutivo no aplicará la tasa anual a la que tiene derecho durante los 70 años de concesión con la justificación legal de que ya obliga a los adjudicatarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha renunciado a cobrar los casi 60 millones de euros que potencialmente habría podido ingresar en concepto de tasa a lo largo de los próximos 70 años de las empresas privadas que explotarán siete residencias y centros de día público-privados en parcelas públicas. Así consta en documentación publicada en el portal de contratación, donde la Administración excusa el pago con el argumento de que ya obliga a los concesionarios a ofrecer plazas públicas que no pueden comercializar a precio de mercado, por lo que su capacidad de negocio queda limitada. Esas decenas de millones de euros de los que Madrid prescindirá voluntariamente a lo largo de los 70 años de concesión (ampliables a 75) son meramente la punta del iceberg: la Comunidad espera licitar 33 cesiones de parcelas más para construir otras tantas residencias y centros de día, alcanzando los 40 totales, por lo que el impacto económico de la renuncia no hará más que crecer. Un portavoz gubernamental recalca que renunciar a la tasa está amparado por la ley y la jurisprudencia del Supremo (sin pronunciarse sobre que eso lo haga obligatorio) y añade que el beneficio que obtendrá Madrid por las plazas públicas que se abran será cinco veces superior al montante de los ingresos que no recibirá.
Los cálculos son de la propia Comunidad de Madrid: por usar la parcela de la calle Maquinilla, el concesionario podría pagar 37.953,44 cada año, y por la de la calle Costa Brava, 230.559,70. Son los dos extremos de una escala de posibles tasas a pagar por los siete terrenos de las nuevas residencias. En total, serían 800.109,54 euros al año, solo por las siete primeras concesiones de las 40 previstas, según documentación oficial. Como las adjudicaciones son a 70 años, se renuncia a la posibilidad de obtener 56 millones de euros para las arcas públicas solo por este grupo inicial de siete. Y como el periodo de explotación se puede extender hasta 75 años, bien entrado ya el siglo XXII, se podrían estar dejando de ingresar 60 únicamente con las siete residencias de esta primera frase.
¿Cuál es la explicación? Que “las condiciones y las obligaciones para el concesionario hacen disminuir el valor que obtiene con la explotación del centro en comparación con el beneficio que obtendría una residencia privada que no estuviera obligada a reservar un número de plazas en favor de la Comunidad de Madrid”, según argumenta la Administración que lidera Díaz Ayuso en la documentación de las concesiones. Por ello, la cesión de suelo será “completamente” gratuita. Así, Madrid concluye que los concesionarios ya pierden del orden de 600.000 euros al año por no poder explotar a precios de mercado todas las plazas que tienen que ceder al sistema público. Como si las necesidades del sistema público no fueran, precisamente, el origen y razón de que se construyan las nuevas residencias.
La normativa aplicable citada en cada concesión detalla que la tasa no se cobrará en el caso de que las condiciones o contraprestación de la adjudicación “anulen o hagan irrelevante” la utilidad económica del negocio para el adjudicatario. Sin embargo, Madrid no describe que sea exactamente eso lo que ocurre con estas residencias. Explicita, simplemente, que las condiciones de estas concesiones “hacen disminuir el valor” de la concesión. Nada se recoge en la documentación de que el rendimiento económico vaya a ser “nulo o irrelevante”.
Preguntado al respecto por este diario, esto dice un portavoz del Ejecutivo. “El Gobierno regional está impulsando el Plan Residencias 40-40, el más importante en la historia de la región, para poder ofrecer 6.000 nuevas plazas residenciales y 2.000 de atención diurna a los mayores, a pesar de la obstrucción de los ayuntamientos gobernados por partidos de izquierda, que no han querido ceder parcelas municipales”, afirma este interlocutor del Gobierno. “Conforme a la ley y a jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Comunidad de Madrid sustituirá la tasa por una contraprestación económica muy superior que tienen que realizar las concesionarias con la cesión de plazas a la red pública y de precio tasado, además de asumir la construcción y el funcionamiento de esos centros que revertirán a la Administración”, argumenta. “Por tanto, la compensación de poner las plazas a disposición de la Comunidad de Madrid es cinco veces superior a esas tasas [619.000 euros anuales por las cinco últimas residencias licitadas, frente a 3,1 millones]”.
Críticas de la oposición
Esa argumentación no convence a la oposición de izquierdas del Ayuntamiento de Madrid, que es quien cede las parcelas hasta ahora licitadas, y que ha mostrado su rechazo a que el Consistorio participe en este proyecto de colaboración público-privada.
Mar Barberán, concejala de Más Madrid, lo ve así. “La cuestión es clara: el Ayuntamiento cede suelo público, las empresas pillan suelo público, gratis. Se supone que a cambio de construir. Y la empresa no paga suelo, no paga tasas y, encima, tiene un porcentaje de plazas públicas, es decir, ingresos asegurados; y plazas a las que pueden poner el precio que les dé la gana”, describe. “Negocio redondo para las empresas privadas, para que hagan caja. Les regala 60 millones de euros que deberían ir a las arcas públicas”. La edil tilda el modelo de Ayuso de “robo a mano armada de manual” y defiende que es la Comunidad de Madrid la que tiene la obligación de construir residencias y centros de día. “Y, en lugar de asumir esa responsabilidad con dinero público, lo que hace es coger el suelo que le cede el Ayuntamiento —suelo de todos los madrileños— y regalárselo a empresas privadas para que construyan y exploten residencias privadas con algunas plazas públicas. No es que la Comunidad de Madrid les obligue a tener plazas públicas a cambio de darles el suelo gratis. Lo que hace es regalar suelo a las privadas, ¡que van a usar gratis el suelo, es demencial!”, añade.
En el PSOE coinciden en las críticas. “Supone, en primer lugar, regalar suelo público para la construcción privada de centros residenciales que no cumplen en principio las ratios que marca el gobierno en todos los acuerdos que se han ido tomando por parte de las comunidades autónomas y que la Comunidad de Madrid nunca ha querido acometer”, critica la concejala socialista Ana Lima. Por otro lado, considera que este modelo no está pensado para los vecinos de los distritos donde se van a construir estos centros: “La bolsa común de la Comunidad de Madrid en cuanto a residencias puede ir cualquiera, es decir, no va a tener un impacto directo en los vecinos de esos barrios. No hay un estudio de un equilibrio territorial. Se están dando los suelos donde no ha habido esa evaluación”. En el grupo defienden un modelo de residencias de proximidad, explica Lima. “Pequeños centros que den cobertura a las personas que viven en esos barrios. Este plan 40-40 no responde más que a un pelotazo a los que estamos ya acostumbrados”, añade.
Pero mientras el choque político se recrudece camino de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, el proyecto de 40 residencias y centros de día avanza imparable: el Gobierno anunciará próximamente nuevas parcelas para el programa.
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