El juez abre juicio contra el fiscal general y le impone una fianza de 150.000 euros

El Tribunal Supremo juzgará en los próximos meses al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo electrónico vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este hecho insólito, que ya se daba por hecho, ha adquirido hoy carácter formal después de que el magistrado Ángel Hurtado haya dictado auto de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, un trámite que supone que el jefe del ministerio público pasa a estar oficialmente acusado de un delito de revelación de secretos. La decisión de Hurtado no es recurrible y ahora será la Sala Penal la que tendrá que fijar la fecha para un juicio sin precedentes en la reciente etapa democrática. El juez rechaza suspender cautelarmente del cargo a García Ortiz, pero le da da cinco días para entregar una fianza de 150.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer en caso de condena.

García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación por supuestamente filtrar un correo electrónico enviado a la Fiscalía en febrero de 2024 por el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía al Ministerio Público un pacto que le librara de entrar en prisión.

Durante los ocho meses que ha durado la instrucción, Hurtado no ha conseguido recabar ninguna prueba que demuestre que fue García Ortiz quien hizo llegar el correo a los medios. El volcado del teléfono móvil de la fiscal provincial reveló que ella le envió ese mail a las 21.59 del 13 de marzo de 2024, pero en los mensajes cruzados entre ambos no había ninguno que apuntara a que ese correo luego se envió a algún medio de comunicación. El fiscal general, por su parte, ha borrado todo el contenido de su teléfono móvil, por lo que los investigadores no han podido acceder a sus comunicaciones de esa noche.

Con todo, el juez considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a García Ortiz, que será el primer fiscal general del Estado que se siente en el banquillo, salvo que presente su dimisión antes de que empiece la vista oral. Hasta ahora, el jefe del Ministerio Público ha rechazado esta posibilidad y ha defendido su inocencia.

El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco que suscribieron el auto a la que se considera adscrita al sector progresista. A estos cinco se sumará el nuevo presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, mientras que el séptimo componente se fijará cuando se dicte la apertura de juicio oral. Las fuentes consultadas señalan que previsiblemente serán Ana Ferrer o Javier Hernández, ambos considerados de sensibilidad progresista.