Nuevo revés judicial a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama, que instruye la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno por el cobro de comisiones supuestamente ilegales en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, ha dictado una resolución en la que avala a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a ampliar la investigación sobre el exlíder del PSOE si surgen nuevos indicios sobre “hechos que presenten verosimilitud delictiva”. La resolución del magistrado se produce después de que Zapatero hubiera pedido que se sacara de la causa un reciente informe policial en el que se apunta que el expresidente cobró 200.000 euros del peruano Grupo Gloria por supuestamente influir ante altos cargos de Bolivia, entre ellos el presidente Luis Alberto Arce, para solventar sus problemas con la justicia de este país. La UDEF apuntaba que el exdirigente socialista cobró a través de una empresa interpuesta, Focus Social Research, como labores de consultoría lo que presuntamente fue en realidad una intermediación para que el grupo empresarial no pagara una multa de 107 millones de dólares (cerca de 93 millones de euros).
El magistrado advierte al expresidente que ampliará las pesquisas si aparecen nuevos indicios de supuestas actividades delictivas
Nuevo revés judicial a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama, que instruye la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno por el cobro de comisiones supuestamente ilegales en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra, ha dictado una resolución en la que avala a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a ampliar la investigación sobre el exlíder del PSOE si surgen nuevos indicios sobre “hechos que presenten verosimilitud delictiva”. La resolución del magistrado se produce después de que Zapatero hubiera pedido que se sacara de la causa un reciente informe policial en el que se apunta que el expresidente cobró 200.000 euros del peruano Grupo Gloria por supuestamente influir ante altos cargos de Bolivia, entre ellos el presidente Luis Alberto Arce, para solventar sus problemas con la justicia de este país. La UDEF apuntaba que el exdirigente socialista cobró a través de una empresa interpuesta, Focus Social Research, como labores de consultoría lo que presuntamente fue en realidad una intermediación para que el grupo empresarial no pagara una multa de 107 millones de dólares (cerca de 93 millones de euros).
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