El 31 de diciembre concluyeron los tres años de vigencia del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y las posibilidades de que haya un VI para el periodo 2026-2028 son remotas. El contexto no ayuda a pactar lo que en los últimos años ha sido una guía con las recomendaciones para los negociadores de los convenios colectivos y símbolo de la fortaleza del diálogo social. Son varios los motivos, pero el nuclear es la falta de confianza. La organización que dirige Antonio Garamendi no ha digerido el goteo de descalificaciones recibidas por parte de los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, por no respaldar los cinco pactos suscritos por ellos con el Gobierno sobre riesgos laborales, permisos por fallecimiento, rebaja de la jornada, la reforma del desempleo o la reciente subida del salario mínimo hasta 1.221 euros . Los reproches hacia la patronal se han endurecido en los últimos meses y han contribuido a enranciar el ambiente. «Cinismo y desfachatez absoluta», «no tienen vergüenza», «prepotentes», «irresponsabilidad manifiesta» o «hipocresía» son solo algunas críticas que han recibido en los últimos meses los empresarios por parte de las centrales, muy cercanas al Gobierno y a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; todos se han instalado en una ofensiva de desprestigio que parece pretender mantener viva esa imagen despectiva de los «hombres del puro» cuando toca hablar de empresarios. «Que paguen más» o «trituradora de salarios» son calificativos empleados por Pedro Sánchez para referirse a las empresas, desacreditaciones que la vicepresidenta segunda ha llevado al terreno personal con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. «Gana 23 veces el SMI», dijo del empresario vasco, y este contestó: «La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo». Los desencuentros Díaz con CEOE son el pan nuestro de cada día y la ausencia de pactos la tónica desde junio de 2024, cuando Trabajo sí logró el el que se ha convertido en el último aval de las empresas sobre medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+. Desde entonces Ejecutivo y sindicatos han hecho pinza y frente común contra los empleadores en una clara sintonía escenificada en declaraciones como las realizadas por Pepe Álvarez , que llegó a asegurar que el Ejecutivo de Sánchez es «el más destacado en la historia española». Noticia relacionada No No El empleo cae donde el salario mínimo tiene más peso: 353.990 destruidos en siete años Susana AlcelayCon este telón de fondo, la dificultad para entenderse es manifiesta. No ayuda que los sindicatos hayan consensuado con el Ejecutivo materias que son propias de la negociación colectiva, del diálogo entre empresas y sindicatos, como ha ocurrido con la prohibición de que los complementos salariales puedan computar para alcanzar la nueva cuantía, una directriz incluida en el acuerdo para revalorizar el SMI. En la sede de Diego de León 50 se preguntan si quedarían a salvo o se incumplirían asuntos que se incluyeran en un hipotético AENC para los próximos tres años.Más de once millones de trabajadores La importancia del AENC, que no obliga a las partes, es que sirve de guía para los negociadores en cada empresa, y es una hoja de ruta que también contribuye a evitar conflictos, teniendo en cuenta que llega con el sello de las cúpulas empresariales y sindicales y se pone sobre la mesa a la hora de actualizar más de 4.000 convenios que se negocian y están vigentes y que regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de asalariados.El capítulo salarial es, tradicionalmente, la espina dorsal de los acuerdos de convenio, en los que también se han incluido en años anteriores asuntos relacionados con el empleo, el tiempo de trabajo, la protección social o la conciliación. Ha sido un foro donde debatir y acordar por las dos partes, objetivo ahora desvirtuado por las decisiones del Gobierno. Como ya informó ABC, tras la reforma laboral de 2022, el último gran consenso tripartito, el Ejecutivo ha realizado 416 cambios normativos, en muchos sólo con apoyo sindical, que afectan al mercado de trabajo, incluyendo la protección social. Subidas del 4% UGT y CC.OO. dieron a finales de enero el pistoletazo de salida a la negociación con sus propuesta para los convenios sin haberse constituido las mesas con los empresarios. Su oferta para 2026-2028 incluye subida salarial del 4% para cada año más una cláusula de revisión salarial del 1,5%. «Las empresas están ganando mucho dinero, y es hora de «repartirlo» , aseguraron en la presentación de su plataforma. Mismo mensaje que el Gobierno. El 31 de diciembre concluyeron los tres años de vigencia del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y las posibilidades de que haya un VI para el periodo 2026-2028 son remotas. El contexto no ayuda a pactar lo que en los últimos años ha sido una guía con las recomendaciones para los negociadores de los convenios colectivos y símbolo de la fortaleza del diálogo social. Son varios los motivos, pero el nuclear es la falta de confianza. La organización que dirige Antonio Garamendi no ha digerido el goteo de descalificaciones recibidas por parte de los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, por no respaldar los cinco pactos suscritos por ellos con el Gobierno sobre riesgos laborales, permisos por fallecimiento, rebaja de la jornada, la reforma del desempleo o la reciente subida del salario mínimo hasta 1.221 euros . Los reproches hacia la patronal se han endurecido en los últimos meses y han contribuido a enranciar el ambiente. «Cinismo y desfachatez absoluta», «no tienen vergüenza», «prepotentes», «irresponsabilidad manifiesta» o «hipocresía» son solo algunas críticas que han recibido en los últimos meses los empresarios por parte de las centrales, muy cercanas al Gobierno y a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; todos se han instalado en una ofensiva de desprestigio que parece pretender mantener viva esa imagen despectiva de los «hombres del puro» cuando toca hablar de empresarios. «Que paguen más» o «trituradora de salarios» son calificativos empleados por Pedro Sánchez para referirse a las empresas, desacreditaciones que la vicepresidenta segunda ha llevado al terreno personal con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. «Gana 23 veces el SMI», dijo del empresario vasco, y este contestó: «La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo». Los desencuentros Díaz con CEOE son el pan nuestro de cada día y la ausencia de pactos la tónica desde junio de 2024, cuando Trabajo sí logró el el que se ha convertido en el último aval de las empresas sobre medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+. Desde entonces Ejecutivo y sindicatos han hecho pinza y frente común contra los empleadores en una clara sintonía escenificada en declaraciones como las realizadas por Pepe Álvarez , que llegó a asegurar que el Ejecutivo de Sánchez es «el más destacado en la historia española». Noticia relacionada No No El empleo cae donde el salario mínimo tiene más peso: 353.990 destruidos en siete años Susana AlcelayCon este telón de fondo, la dificultad para entenderse es manifiesta. No ayuda que los sindicatos hayan consensuado con el Ejecutivo materias que son propias de la negociación colectiva, del diálogo entre empresas y sindicatos, como ha ocurrido con la prohibición de que los complementos salariales puedan computar para alcanzar la nueva cuantía, una directriz incluida en el acuerdo para revalorizar el SMI. En la sede de Diego de León 50 se preguntan si quedarían a salvo o se incumplirían asuntos que se incluyeran en un hipotético AENC para los próximos tres años.Más de once millones de trabajadores La importancia del AENC, que no obliga a las partes, es que sirve de guía para los negociadores en cada empresa, y es una hoja de ruta que también contribuye a evitar conflictos, teniendo en cuenta que llega con el sello de las cúpulas empresariales y sindicales y se pone sobre la mesa a la hora de actualizar más de 4.000 convenios que se negocian y están vigentes y que regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de asalariados.El capítulo salarial es, tradicionalmente, la espina dorsal de los acuerdos de convenio, en los que también se han incluido en años anteriores asuntos relacionados con el empleo, el tiempo de trabajo, la protección social o la conciliación. Ha sido un foro donde debatir y acordar por las dos partes, objetivo ahora desvirtuado por las decisiones del Gobierno. Como ya informó ABC, tras la reforma laboral de 2022, el último gran consenso tripartito, el Ejecutivo ha realizado 416 cambios normativos, en muchos sólo con apoyo sindical, que afectan al mercado de trabajo, incluyendo la protección social. Subidas del 4% UGT y CC.OO. dieron a finales de enero el pistoletazo de salida a la negociación con sus propuesta para los convenios sin haberse constituido las mesas con los empresarios. Su oferta para 2026-2028 incluye subida salarial del 4% para cada año más una cláusula de revisión salarial del 1,5%. «Las empresas están ganando mucho dinero, y es hora de «repartirlo» , aseguraron en la presentación de su plataforma. Mismo mensaje que el Gobierno.
El 31 de diciembre concluyeron los tres años de vigencia del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y las posibilidades de que haya un VI para el periodo 2026-2028 son remotas. El contexto no ayuda a pactar lo que en … los últimos años ha sido una guía con las recomendaciones para los negociadores de los convenios colectivos y símbolo de la fortaleza del diálogo social. Son varios los motivos, pero el nuclear es la falta de confianza. La organización que dirige Antonio Garamendi no ha digerido el goteo de descalificaciones recibidas por parte de los secretarios generales de UGT y CC.OO., Pepe Álvarez y Unai Sordo, por no respaldar los cinco pactos suscritos por ellos con el Gobierno sobre riesgos laborales, permisos por fallecimiento, rebaja de la jornada, la reforma del desempleo o la reciente subida del salario mínimo hasta 1.221 euros.
Los reproches hacia la patronal se han endurecido en los últimos meses y han contribuido a enranciar el ambiente. «Cinismo y desfachatez absoluta», «no tienen vergüenza», «prepotentes», «irresponsabilidad manifiesta» o «hipocresía» son solo algunas críticas que han recibido en los últimos meses los empresarios por parte de las centrales, muy cercanas al Gobierno y a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; todos se han instalado en una ofensiva de desprestigio que parece pretender mantener viva esa imagen despectiva de los «hombres del puro» cuando toca hablar de empresarios. «Que paguen más» o «trituradora de salarios» son calificativos empleados por Pedro Sánchez para referirse a las empresas, desacreditaciones que la vicepresidenta segunda ha llevado al terreno personal con el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. «Gana 23 veces el SMI», dijo del empresario vasco, y este contestó: «La mitad se va a Hacienda, se lo llevará ella para gestionarlo».
Los desencuentros Díaz con CEOE son el pan nuestro de cada día y la ausencia de pactos la tónica desde junio de 2024, cuando Trabajo sí logró el el que se ha convertido en el último aval de las empresas sobre medidas contra la discriminación laboral del colectivo LGTBI+. Desde entonces Ejecutivo y sindicatos han hecho pinza y frente común contra los empleadores en una clara sintonía escenificada en declaraciones como las realizadas por Pepe Álvarez, que llegó a asegurar que el Ejecutivo de Sánchez es «el más destacado en la historia española».
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Susana Alcelay
Con este telón de fondo, la dificultad para entenderse es manifiesta. No ayuda que los sindicatos hayan consensuado con el Ejecutivo materias que son propias de la negociación colectiva, del diálogo entre empresas y sindicatos, como ha ocurrido con la prohibición de que los complementos salariales puedan computar para alcanzar la nueva cuantía, una directriz incluida en el acuerdo para revalorizar el SMI. En la sede de Diego de León 50 se preguntan si quedarían a salvo o se incumplirían asuntos que se incluyeran en un hipotético AENC para los próximos tres años.
Más de once millones de trabajadores
La importancia del AENC, que no obliga a las partes, es que sirve de guía para los negociadores en cada empresa, y es una hoja de ruta que también contribuye a evitar conflictos, teniendo en cuenta que llega con el sello de las cúpulas empresariales y sindicales y se pone sobre la mesa a la hora de actualizar más de 4.000 convenios que se negocian y están vigentes y que regulan las condiciones laborales de más de 11 millones de asalariados.
El capítulo salarial es, tradicionalmente, la espina dorsal de los acuerdos de convenio, en los que también se han incluido en años anteriores asuntos relacionados con el empleo, el tiempo de trabajo, la protección social o la conciliación. Ha sido un foro donde debatir y acordar por las dos partes, objetivo ahora desvirtuado por las decisiones del Gobierno. Como ya informó ABC, tras la reforma laboral de 2022, el último gran consenso tripartito, el Ejecutivo ha realizado 416 cambios normativos, en muchos sólo con apoyo sindical, que afectan al mercado de trabajo, incluyendo la protección social.
Subidas del 4%
UGT y CC.OO. dieron a finales de enero el pistoletazo de salida a la negociación con sus propuesta para los convenios sin haberse constituido las mesas con los empresarios. Su oferta para 2026-2028 incluye subida salarial del 4% para cada año más una cláusula de revisión salarial del 1,5%. «Las empresas están ganando mucho dinero, y es hora de «repartirlo», aseguraron en la presentación de su plataforma. Mismo mensaje que el Gobierno.
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