El PP y el Grupo Mixto forzarán una comisión de investigación en el Parlamento asturiano para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otro cuatro resultaron heridos a causa de una explosión. Así lo han avanzado el presidente del PP, Álvaro Queipo, y el diputado de Foro, integrante del Grupo Mixto, Adrián Pumares, que junto a la diputada Covadonga Tomé, ven necesario constituir y poner en marcha lo antes posible la comisión de investigación.
La Inspección General de Servicios ha iniciado la evaluación del funcionamiento del Servicio de Minas y todo lo relacionado con los permisos, denuncias e inspecciones en la mina de Degaña
El PP y el Grupo Mixto forzarán una comisión de investigación en el Parlamento asturiano para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores y otro cuatro resultaron heridos a causa de una explosión. Así lo han avanzado el presidente del PP, Álvaro Queipo, y el diputado de Foro, integrante del Grupo Mixto, Adrián Pumares, que junto a la diputada Covadonga Tomé, ven necesario constituir y poner en marcha lo antes posible la comisión de investigación.
La comisión busca que se aclare todo lo ocurrido en los últimos años en la Consejería de Industria, en concreto sobre la minería del carbón, con el objetivo de “saber todo lo ocurrido, lo que no se hizo y se debería haber hecho para que no vuelva a repetir algo como lo vivido en los últimos días”, ha dicho el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.
“Han pasado 15 días sin ofrecer una respuesta convincente”, señala Queipo, quien ha exigido que si la consejera de Industria, Belarmina Díaz, no dimite, el presidente del Principado, Adrián Barbón debería cesarla de inmediato. Queipo ha acusado a Barbón de “manipular y utilizar los sentimientos de manera torticera”, en las referencias a su vinculación personal con la minería como hijo y nieto de minero: “Mi abuelo era camionero y también llegaba a casa con las manos manchadas de carbón”.
Por su parte, Adrián Pumares, de Foro Asturias, ha defendido la puesta en marcha de la comisión por la “necesidad de saber qué está pasando en la Consejería de Industria, donde ocurren cosas muy extrañas, y cuya titular hizo que se viviera un auténtico escándalo en la Junta General con su falta de respuestas”.
Para Pumares, “cada minuto que pasa sin que Díaz sea cesada, hace más cómplice al presidente Barbón” y ha calificado de “vergonzoso” el cierre de filas del PSOE con la consejera: “Me sorprende que ahora quieran hacer ver que las comisiones parlamentarias son un circo, mientras que hay una mayoría parlamentaria dispuesta a saber la verdad, caiga quien caiga”.
La diputada del grupo mixto Covadonga Tomé ha defendido una comisión de investigación parlamentaria “seria, rigurosa y ágil” que ayude a esclarecer lo ocurrido “a nivel político y administrativo” y que esté presidida por ella.
Esta comisión es necesaria, a juicio de la diputada, “no sólo para esclarecer lo ocurrido en la mina, sino para arrojar luz sobre la situación actual del sector extractivo, obtener todas las explicaciones, depurar todas las responsabilidades y, sobre todo, prevenir e impedir que posibles irregularidades que hayan tenido lugar se repitan”.
Inspección de minas
De forma paralela a la acción política, la administración regional a través de la Inspección General de Servicios ha iniciado este lunes la evaluación del funcionamiento del Servicio de Minas y todo lo relacionado con los permisos, denuncias e inspecciones llevadas a cabo por este departamento en la mina de Cerredo.
El Gobierno asturiano acordó llevar a cabo esta evaluación del Servicio de Minas después de que el accidente minero destapase que había habido denuncias sobre la posible extracción ilegal de carbón que no llegaron a su destinatario o que hacía seis meses que no se había hecho una inspección. También desde la viceconsejería de Justicia se ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que nombre un juez de refuerzo en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Cangas del Narcea, que es el encargado de llevar a cabo las diligencias penales abiertas por el accidente.
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