El problema de la vivienda se agudiza en España y los políticos son cada vez más conscientes de ello. El problema es que las soluciones que plantean los distintos partidos son tan dispares que son incapaces de ponerse de acuerdo. Esta semana hemos visto cómo el pleno del Congreso tumbó el decreto aprobado hace un mes en Consejo de Ministros que obligaba a la prórroga forzosa de al menos un año de los contratos que cumplían hasta el próximo 31 de diciembre. Un decreto que ha provocado una enorme inseguridad jurídica ya que, por un lado, se apuraron los plazos para que estuviera en vigor al menos un mes, durante el que desde la parte de Sumar del Gobierno, promotora del mismo, se instó a los inquilinos a enviar burofaxes a los propietarios para exigir la prórroga. Está claro que a quien le haya vencido durante el periodo en el que ha estado en vigor el decreto, tienen derecho a esa prórroga automática, pero las dudas surgen con los contratos que vencen a partir de ahora y hasta finales de año, y cuyos propietarios también han recibido esos burofaxes. En esos casos los juristas no se ponen de acuerdo sobre si se debe hacer o no esa prórroga automática, lo que anticipa un calvario judicial en el que, lógicamente, no se a a meter un pequeño propietario, pero quizás sí, los grandes. Y las dudas siguen, porque aunque Junts votó en contra, ahora se muestra dispuesta a negociar siempre y cuando se incluyan medidas para los propietarios, como las bonificaciones fiscales que anunció el propio presidente del Gobierno y que han quedado en el aire. Veremos a ver en qué acaba, porque lógicamente puede haber presión social para congelar esos alquileres. Si tú preguntas en la calle si les parece bien que no se suban, lo lógico es que la contestación sea que sí, fundamentalmente porque los precios de un nuevo alquiler están desorbitados, pero claro eso también tiene consecuencias.Noticia relacionada general No No Bajó casi un 8% en febrero La compraventa de viviendas suma su quinto mes de retroceso tras caer en febrero casi un 8% A. R. CerezoLa intervención del mercado no sale gratis. Lo estamos viendo allí donde se han aplicado los topes al alquiler. Se frenan ligeramente las subidas de precios pero el precio a pagar es muy caro: la oferta se ha reducido considerablemente. De esto modo, el que ya tenga alquilada su casa se beneficiará de ese tope, pero al caer la oferta el problema no solo no se soluciona sino que se agranda ¿Qué hacer entonces? Está claro que ni unos ni otros dan con las claves.Yo siempre me he mostrado más partidaria de usar incentivos que de imponer límites y topes. Y el primer incentivo de todos es el de la seguridad jurídica. Si los propietarios, especialmente los pequeños, tuvieran asegurado que el inquilino les va a pagar la renta y que si no lo hace lo podrán echar, quizás los precios fueran más razonables. Es muy común que los caseros que están contentos con sus inquilinos porque les pagan bien y les cuidan la vivienda les mantengan los precios en límites razonables. Y no nos engañemos, la mayoría de los propietarios son jubilados que complementan su renta con ese segundo piso que pudieron comprar durante su vida activa, u otros muchos que han heredado las casas de sus padres y que las sacan al alquiler. La seguridad jurídica unida a algún incentivo fiscal por mantener los precios en esos límites razonables, puede ayudar. Pero junto a ello, lo más importante es aumentar la oferta: construir, rehabilitar… hacer vivienda social, liberar suelo…En las compras ya estamos viendo las consecuencias de los elevados precios: cinco meses consecutivos de caídas de las compraventas porque los precios son tan elevados que cada vez son menos quienes pueden permitirse comprarlas. El mercado está hablando, quizás lo próximo sea el freno en los precios. El problema de la vivienda se agudiza en España y los políticos son cada vez más conscientes de ello. El problema es que las soluciones que plantean los distintos partidos son tan dispares que son incapaces de ponerse de acuerdo. Esta semana hemos visto cómo el pleno del Congreso tumbó el decreto aprobado hace un mes en Consejo de Ministros que obligaba a la prórroga forzosa de al menos un año de los contratos que cumplían hasta el próximo 31 de diciembre. Un decreto que ha provocado una enorme inseguridad jurídica ya que, por un lado, se apuraron los plazos para que estuviera en vigor al menos un mes, durante el que desde la parte de Sumar del Gobierno, promotora del mismo, se instó a los inquilinos a enviar burofaxes a los propietarios para exigir la prórroga. Está claro que a quien le haya vencido durante el periodo en el que ha estado en vigor el decreto, tienen derecho a esa prórroga automática, pero las dudas surgen con los contratos que vencen a partir de ahora y hasta finales de año, y cuyos propietarios también han recibido esos burofaxes. En esos casos los juristas no se ponen de acuerdo sobre si se debe hacer o no esa prórroga automática, lo que anticipa un calvario judicial en el que, lógicamente, no se a a meter un pequeño propietario, pero quizás sí, los grandes. Y las dudas siguen, porque aunque Junts votó en contra, ahora se muestra dispuesta a negociar siempre y cuando se incluyan medidas para los propietarios, como las bonificaciones fiscales que anunció el propio presidente del Gobierno y que han quedado en el aire. Veremos a ver en qué acaba, porque lógicamente puede haber presión social para congelar esos alquileres. Si tú preguntas en la calle si les parece bien que no se suban, lo lógico es que la contestación sea que sí, fundamentalmente porque los precios de un nuevo alquiler están desorbitados, pero claro eso también tiene consecuencias.Noticia relacionada general No No Bajó casi un 8% en febrero La compraventa de viviendas suma su quinto mes de retroceso tras caer en febrero casi un 8% A. R. CerezoLa intervención del mercado no sale gratis. Lo estamos viendo allí donde se han aplicado los topes al alquiler. Se frenan ligeramente las subidas de precios pero el precio a pagar es muy caro: la oferta se ha reducido considerablemente. De esto modo, el que ya tenga alquilada su casa se beneficiará de ese tope, pero al caer la oferta el problema no solo no se soluciona sino que se agranda ¿Qué hacer entonces? Está claro que ni unos ni otros dan con las claves.Yo siempre me he mostrado más partidaria de usar incentivos que de imponer límites y topes. Y el primer incentivo de todos es el de la seguridad jurídica. Si los propietarios, especialmente los pequeños, tuvieran asegurado que el inquilino les va a pagar la renta y que si no lo hace lo podrán echar, quizás los precios fueran más razonables. Es muy común que los caseros que están contentos con sus inquilinos porque les pagan bien y les cuidan la vivienda les mantengan los precios en límites razonables. Y no nos engañemos, la mayoría de los propietarios son jubilados que complementan su renta con ese segundo piso que pudieron comprar durante su vida activa, u otros muchos que han heredado las casas de sus padres y que las sacan al alquiler. La seguridad jurídica unida a algún incentivo fiscal por mantener los precios en esos límites razonables, puede ayudar. Pero junto a ello, lo más importante es aumentar la oferta: construir, rehabilitar… hacer vivienda social, liberar suelo…En las compras ya estamos viendo las consecuencias de los elevados precios: cinco meses consecutivos de caídas de las compraventas porque los precios son tan elevados que cada vez son menos quienes pueden permitirse comprarlas. El mercado está hablando, quizás lo próximo sea el freno en los precios.
El problema de la vivienda se agudiza en España y los políticos son cada vez más conscientes de ello. El problema es que las soluciones que plantean los distintos partidos son tan dispares que son incapaces de ponerse de acuerdo.
Esta semana hemos visto cómo … el pleno del Congreso tumbó el decreto aprobado hace un mes en Consejo de Ministros que obligaba a la prórroga forzosa de al menos un año de los contratos que cumplían hasta el próximo 31 de diciembre. Un decreto que ha provocado una enorme inseguridad jurídica ya que, por un lado, se apuraron los plazos para que estuviera en vigor al menos un mes, durante el que desde la parte de Sumar del Gobierno, promotora del mismo, se instó a los inquilinos a enviar burofaxes a los propietarios para exigir la prórroga. Está claro que a quien le haya vencido durante el periodo en el que ha estado en vigor el decreto, tienen derecho a esa prórroga automática, pero las dudas surgen con los contratos que vencen a partir de ahora y hasta finales de año, y cuyos propietarios también han recibido esos burofaxes. En esos casos los juristas no se ponen de acuerdo sobre si se debe hacer o no esa prórroga automática, lo que anticipa un calvario judicial en el que, lógicamente, no se a a meter un pequeño propietario, pero quizás sí, los grandes.
Y las dudas siguen, porque aunque Junts votó en contra, ahora se muestra dispuesta a negociar siempre y cuando se incluyan medidas para los propietarios, como las bonificaciones fiscales que anunció el propio presidente del Gobierno y que han quedado en el aire. Veremos a ver en qué acaba, porque lógicamente puede haber presión social para congelar esos alquileres. Si tú preguntas en la calle si les parece bien que no se suban, lo lógico es que la contestación sea que sí, fundamentalmente porque los precios de un nuevo alquiler están desorbitados, pero claro eso también tiene consecuencias.
Noticia relacionada
-
Bajó casi un 8% en febrero
A. R. Cerezo
La intervención del mercado no sale gratis. Lo estamos viendo allí donde se han aplicado los topes al alquiler. Se frenan ligeramente las subidas de precios pero el precio a pagar es muy caro: la oferta se ha reducido considerablemente. De esto modo, el que ya tenga alquilada su casa se beneficiará de ese tope, pero al caer la oferta el problema no solo no se soluciona sino que se agranda ¿Qué hacer entonces? Está claro que ni unos ni otros dan con las claves.
Yo siempre me he mostrado más partidaria de usar incentivos que de imponer límites y topes. Y el primer incentivo de todos es el de la seguridad jurídica. Si los propietarios, especialmente los pequeños, tuvieran asegurado que el inquilino les va a pagar la renta y que si no lo hace lo podrán echar, quizás los precios fueran más razonables. Es muy común que los caseros que están contentos con sus inquilinos porque les pagan bien y les cuidan la vivienda les mantengan los precios en límites razonables. Y no nos engañemos, la mayoría de los propietarios son jubilados que complementan su renta con ese segundo piso que pudieron comprar durante su vida activa, u otros muchos que han heredado las casas de sus padres y que las sacan al alquiler. La seguridad jurídica unida a algún incentivo fiscal por mantener los precios en esos límites razonables, puede ayudar. Pero junto a ello, lo más importante es aumentar la oferta: construir, rehabilitar… hacer vivienda social, liberar suelo…
En las compras ya estamos viendo las consecuencias de los elevados precios: cinco meses consecutivos de caídas de las compraventas porque los precios son tan elevados que cada vez son menos quienes pueden permitirse comprarlas. El mercado está hablando, quizás lo próximo sea el freno en los precios.
RSS de noticias de economia
