El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido desde su presentación allá por el 30 de abril de 2021 el gran proyecto de reforma económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Así se ha presentado desde el propio Ejecutivo, que lo diseñó de manera unilateral sin contar con el resto de las administraciones públicas implicadas, comunidades autónomas y ayuntamientos; que volcó en el mismo la prioridades de política económica que Nadia Calviño había señalado un par de años antes a los pocos meses de aterrizar en el Ministerio de Economía; y que negoció a brazo partido en Bruselas para conseguir los fondos que le permitieran desarrollarlo.Los consiguió en gran medida, hasta el punto de que la Comisión Europea reconoció a España más de 163.000 millones de euros entre transferencias a fondo perdido y créditos blandos para desarrollar las políticas e inversiones incluidas en el plan. El balance cuando quedan poco más de ocho meses para que el Ejecutivo europeo eche el cierre al que ha sido el mayor plan de inversiones financiado con recursos europeos de la historia es, al menos para el Partido Popular, decepcionante.Noticia Relacionada estandar No Sánchez recicla las ayudas europeas para crear un fondo con el que intervendrá en empresas José María Camarero El Gobierno usará 10.500 millones pendientes de los Next Generation para invertir de forma «estratégica» amparándose en la «soberanía nacional»Un informe elaborado por el PP sobre la última adenda que el Gobierno ha acordado con Bruselas y por la que renuncia a más de 60.000 millones de euros de financiación barata de Europa revela que el Ejecutivo ha recortado de manera sustancial la dotación prevista para nada menos que 155 medidas incluidas en el plan y que ha tenido que asumir reducciones de hasta el 80% en las inversiones asociadas a media docena de los grandes proyectos estratégicos de transformación económica que impulsó en su momento, los famosos Pertes.Por el camino se han quedado también cerca de una veintena de cambios legales tras los que el Gobierno sustentaba su relato de reforma estructural de la economía. La más relevante es la Ley de Industria, pero entre las nuevas leyes que han desaparecido de sus compromisos con Bruselas figuran también la ley de pesca, la ley del cine y la ley del deporte; y se reduce la ambición de otra decena como la ley de diversidad familiar, la ley del suelo o la ley de usos de los medicamentos.Tijeretazo a todas las prioridades«Es muy significativa la reducción de los Perte industriales, que han pasado de 42.480 millones de euros a 25.314 millones , un 40,4% menos«, resalta el informe elaborado por los populares, que revela un recorte del 81% en los fondos Perte Chip (casi 10.000 millones de euros), que aspiraba a convertir a España en una potencia mundial en la producción de semiconductores; del 52% en el de descarbonización industrial, que preveía acompañar con 3.100 millones el camino de las empresas industriales hacia modelos y procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente y que pretendía movilizar otros 12.000 millones de inversión privada; o de más del 50% también en el Perte del agua, que reservaba 400 millones de euros y pretendía movilizar 3.000 millones de inversión privada para corregir uno de los aspectos que más echa en cara la Comisión Europea a España, su mala gestión del ciclo del agua.Recortes similares afloran también en la mayor parte de las grandes políticas estratégicas planteadas desde el Gobierno, que en estos cuatro años no ha sido capaz de resolver los problemas de falta de agilidad en la gestión y de trabas administrativas que han lastrado la ejecución de los fondos europeos desde el primer minuto de su puesta en marcha.80% Recortes en los proyectos estratégicos de transformación Los célebres Pertes no se han librado del recorte de recursos acordado con Bruselas y han sufrido reducciones en su dotación de hasta el 80%, como el caso del Perte ChipLos problemas han obligado al Gobierno a rebajar de forma sustancial la ambición inicial de algunos de sus programas más emblemáticos. La información recabada por el PP ilustra de la manera más cruda esa adaptación de los deseos a la realidad. Los planes de rehabilitación energética de edificios con los que el Ejecutivo prometía reducir el despilfarro en 510.000 viviendas han terminado planteando como objetivo certificar la mejora de la eficiencia de 32.390; la renovación prevista de 40.000 viviendas para reducir en más de un 30% su demanda de energía primaria se quedará finalmente en algo menos de 3.000; y la renovación de 26.000 pisos en municipios de cerca de 5.000 habitantes se ha revelado como excesiva y se quedará en unas 1.377. También afectará a la construcción prevista de viviendas para alquiler social, que se recortará de 20.000 a 17.365 por falta de capacidad en medio de una emergencia nacional por la carencia de oferta.Algo similar ocurrirá con los ambiciosos objetivos de digitalización planteados allá por 2021, cuando aún no se había puesto de manifiesto el choque de la cifras pintadas en los planes con la realidad del tejido económico doméstico. Se pretendía llegar a 2,5 millones de pymes y autónomos con el kit digital, recuerdan los populares, y finalmente se llegará a 800.000; y de los 752 millones que se pretendían invertir para llevar la banda ancha ultrarrápida a todo el territorio nacional y singularmente a zonas rurales remotas solo se aplicarán al final 251 millones, solo una tercera parte de lo previsto. El Gobierno también ideó los bonos de conectividad, dotados con hasta 3.000 euros y que ha distribuido a través de la entidad pública Red.es, para garantizar la disponibilidad de servicios de acceso a internet seguros y de calidad a las pequeñas y medianas y empresas y a las personas vulnerables. Se estimaba que aseguraría esa conectividad a 125.000 personas y 11.000 pymes, pero ese objetivo se ha quedado en algo bastante más modesto: 5.000 personas y 2.700 pymes. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido desde su presentación allá por el 30 de abril de 2021 el gran proyecto de reforma económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Así se ha presentado desde el propio Ejecutivo, que lo diseñó de manera unilateral sin contar con el resto de las administraciones públicas implicadas, comunidades autónomas y ayuntamientos; que volcó en el mismo la prioridades de política económica que Nadia Calviño había señalado un par de años antes a los pocos meses de aterrizar en el Ministerio de Economía; y que negoció a brazo partido en Bruselas para conseguir los fondos que le permitieran desarrollarlo.Los consiguió en gran medida, hasta el punto de que la Comisión Europea reconoció a España más de 163.000 millones de euros entre transferencias a fondo perdido y créditos blandos para desarrollar las políticas e inversiones incluidas en el plan. El balance cuando quedan poco más de ocho meses para que el Ejecutivo europeo eche el cierre al que ha sido el mayor plan de inversiones financiado con recursos europeos de la historia es, al menos para el Partido Popular, decepcionante.Noticia Relacionada estandar No Sánchez recicla las ayudas europeas para crear un fondo con el que intervendrá en empresas José María Camarero El Gobierno usará 10.500 millones pendientes de los Next Generation para invertir de forma «estratégica» amparándose en la «soberanía nacional»Un informe elaborado por el PP sobre la última adenda que el Gobierno ha acordado con Bruselas y por la que renuncia a más de 60.000 millones de euros de financiación barata de Europa revela que el Ejecutivo ha recortado de manera sustancial la dotación prevista para nada menos que 155 medidas incluidas en el plan y que ha tenido que asumir reducciones de hasta el 80% en las inversiones asociadas a media docena de los grandes proyectos estratégicos de transformación económica que impulsó en su momento, los famosos Pertes.Por el camino se han quedado también cerca de una veintena de cambios legales tras los que el Gobierno sustentaba su relato de reforma estructural de la economía. La más relevante es la Ley de Industria, pero entre las nuevas leyes que han desaparecido de sus compromisos con Bruselas figuran también la ley de pesca, la ley del cine y la ley del deporte; y se reduce la ambición de otra decena como la ley de diversidad familiar, la ley del suelo o la ley de usos de los medicamentos.Tijeretazo a todas las prioridades«Es muy significativa la reducción de los Perte industriales, que han pasado de 42.480 millones de euros a 25.314 millones , un 40,4% menos«, resalta el informe elaborado por los populares, que revela un recorte del 81% en los fondos Perte Chip (casi 10.000 millones de euros), que aspiraba a convertir a España en una potencia mundial en la producción de semiconductores; del 52% en el de descarbonización industrial, que preveía acompañar con 3.100 millones el camino de las empresas industriales hacia modelos y procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente y que pretendía movilizar otros 12.000 millones de inversión privada; o de más del 50% también en el Perte del agua, que reservaba 400 millones de euros y pretendía movilizar 3.000 millones de inversión privada para corregir uno de los aspectos que más echa en cara la Comisión Europea a España, su mala gestión del ciclo del agua.Recortes similares afloran también en la mayor parte de las grandes políticas estratégicas planteadas desde el Gobierno, que en estos cuatro años no ha sido capaz de resolver los problemas de falta de agilidad en la gestión y de trabas administrativas que han lastrado la ejecución de los fondos europeos desde el primer minuto de su puesta en marcha.80% Recortes en los proyectos estratégicos de transformación Los célebres Pertes no se han librado del recorte de recursos acordado con Bruselas y han sufrido reducciones en su dotación de hasta el 80%, como el caso del Perte ChipLos problemas han obligado al Gobierno a rebajar de forma sustancial la ambición inicial de algunos de sus programas más emblemáticos. La información recabada por el PP ilustra de la manera más cruda esa adaptación de los deseos a la realidad. Los planes de rehabilitación energética de edificios con los que el Ejecutivo prometía reducir el despilfarro en 510.000 viviendas han terminado planteando como objetivo certificar la mejora de la eficiencia de 32.390; la renovación prevista de 40.000 viviendas para reducir en más de un 30% su demanda de energía primaria se quedará finalmente en algo menos de 3.000; y la renovación de 26.000 pisos en municipios de cerca de 5.000 habitantes se ha revelado como excesiva y se quedará en unas 1.377. También afectará a la construcción prevista de viviendas para alquiler social, que se recortará de 20.000 a 17.365 por falta de capacidad en medio de una emergencia nacional por la carencia de oferta.Algo similar ocurrirá con los ambiciosos objetivos de digitalización planteados allá por 2021, cuando aún no se había puesto de manifiesto el choque de la cifras pintadas en los planes con la realidad del tejido económico doméstico. Se pretendía llegar a 2,5 millones de pymes y autónomos con el kit digital, recuerdan los populares, y finalmente se llegará a 800.000; y de los 752 millones que se pretendían invertir para llevar la banda ancha ultrarrápida a todo el territorio nacional y singularmente a zonas rurales remotas solo se aplicarán al final 251 millones, solo una tercera parte de lo previsto. El Gobierno también ideó los bonos de conectividad, dotados con hasta 3.000 euros y que ha distribuido a través de la entidad pública Red.es, para garantizar la disponibilidad de servicios de acceso a internet seguros y de calidad a las pequeñas y medianas y empresas y a las personas vulnerables. Se estimaba que aseguraría esa conectividad a 125.000 personas y 11.000 pymes, pero ese objetivo se ha quedado en algo bastante más modesto: 5.000 personas y 2.700 pymes.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha sido desde su presentación allá por el 30 de abril de 2021 el gran proyecto de reforma económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Así se ha presentado desde el propio Ejecutivo, que lo diseñó de manera … unilateral sin contar con el resto de las administraciones públicas implicadas, comunidades autónomas y ayuntamientos; que volcó en el mismo la prioridades de política económica que Nadia Calviño había señalado un par de años antes a los pocos meses de aterrizar en el Ministerio de Economía; y que negoció a brazo partido en Bruselas para conseguir los fondos que le permitieran desarrollarlo.
Los consiguió en gran medida, hasta el punto de que la Comisión Europea reconoció a España más de 163.000 millones de euros entre transferencias a fondo perdido y créditos blandos para desarrollar las políticas e inversiones incluidas en el plan. El balance cuando quedan poco más de ocho meses para que el Ejecutivo europeo eche el cierre al que ha sido el mayor plan de inversiones financiado con recursos europeos de la historia es, al menos para el Partido Popular, decepcionante.
Un informe elaborado por el PP sobre la última adenda que el Gobierno ha acordado con Bruselas y por la que renuncia a más de 60.000 millones de euros de financiación barata de Europa revela que el Ejecutivo ha recortado de manera sustancial la dotación prevista para nada menos que 155 medidas incluidas en el plan y que ha tenido que asumir reducciones de hasta el 80% en las inversiones asociadas a media docena de los grandes proyectos estratégicos de transformación económica que impulsó en su momento, los famosos Pertes.
Por el camino se han quedado también cerca de una veintena de cambios legales tras los que el Gobierno sustentaba su relato de reforma estructural de la economía. La más relevante es la Ley de Industria, pero entre las nuevas leyes que han desaparecido de sus compromisos con Bruselas figuran también la ley de pesca, la ley del cine y la ley del deporte; y se reduce la ambición de otra decena como la ley de diversidad familiar, la ley del suelo o la ley de usos de los medicamentos.
Tijeretazo a todas las prioridades
«Es muy significativa la reducción de los Perte industriales, que han pasado de 42.480 millones de euros a 25.314 millones, un 40,4% menos«, resalta el informe elaborado por los populares, que revela un recorte del 81% en los fondos Perte Chip (casi 10.000 millones de euros), que aspiraba a convertir a España en una potencia mundial en la producción de semiconductores; del 52% en el de descarbonización industrial, que preveía acompañar con 3.100 millones el camino de las empresas industriales hacia modelos y procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente y que pretendía movilizar otros 12.000 millones de inversión privada; o de más del 50% también en el Perte del agua, que reservaba 400 millones de euros y pretendía movilizar 3.000 millones de inversión privada para corregir uno de los aspectos que más echa en cara la Comisión Europea a España, su mala gestión del ciclo del agua.
Recortes similares afloran también en la mayor parte de las grandes políticas estratégicas planteadas desde el Gobierno, que en estos cuatro años no ha sido capaz de resolver los problemas de falta de agilidad en la gestión y de trabas administrativas que han lastrado la ejecución de los fondos europeos desde el primer minuto de su puesta en marcha.
Recortes en los proyectos estratégicos de transformación
Los célebres Pertes no se han librado del recorte de recursos acordado con Bruselas y han sufrido reducciones en su dotación de hasta el 80%, como el caso del Perte Chip
Los problemas han obligado al Gobierno a rebajar de forma sustancial la ambición inicial de algunos de sus programas más emblemáticos. La información recabada por el PP ilustra de la manera más cruda esa adaptación de los deseos a la realidad. Los planes de rehabilitación energética de edificios con los que el Ejecutivo prometía reducir el despilfarro en 510.000 viviendas han terminado planteando como objetivo certificar la mejora de la eficiencia de 32.390; la renovación prevista de 40.000 viviendas para reducir en más de un 30% su demanda de energía primaria se quedará finalmente en algo menos de 3.000; y la renovación de 26.000 pisos en municipios de cerca de 5.000 habitantes se ha revelado como excesiva y se quedará en unas 1.377. También afectará a la construcción prevista de viviendas para alquiler social, que se recortará de 20.000 a 17.365 por falta de capacidad en medio de una emergencia nacional por la carencia de oferta.
Algo similar ocurrirá con los ambiciosos objetivos de digitalización planteados allá por 2021, cuando aún no se había puesto de manifiesto el choque de la cifras pintadas en los planes con la realidad del tejido económico doméstico. Se pretendía llegar a 2,5 millones de pymes y autónomos con el kit digital, recuerdan los populares, y finalmente se llegará a 800.000; y de los 752 millones que se pretendían invertir para llevar la banda ancha ultrarrápida a todo el territorio nacional y singularmente a zonas rurales remotas solo se aplicarán al final 251 millones, solo una tercera parte de lo previsto.
El Gobierno también ideó los bonos de conectividad, dotados con hasta 3.000 euros y que ha distribuido a través de la entidad pública Red.es, para garantizar la disponibilidad de servicios de acceso a internet seguros y de calidad a las pequeñas y medianas y empresas y a las personas vulnerables. Se estimaba que aseguraría esa conectividad a 125.000 personas y 11.000 pymes, pero ese objetivo se ha quedado en algo bastante más modesto: 5.000 personas y 2.700 pymes.
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