Dirigentes del PP llevan meses alabando a los socialistas Felipe González y Emiliano García-Page por expresar públicamente sus críticas al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; pero si González y Page pertenecieran al PP, la formación les habría abierto un expediente disciplinario, según la normativa interna de los populares.
Según su normativa interna, es una “infracción muy grave” inducir “corrientes de opinión” contrarias o descalificar públicamente las decisiones adoptadas
Dirigentes del PP llevan meses alabando a los socialistas Felipe González y Emiliano García-Page por expresar públicamente sus críticas al líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; pero si González y Page pertenecieran al PP, la formación les habría abierto un expediente disciplinario, según la normativa interna de los populares.
El expresidente González aseguró la semana pasada frente a las cámaras que le parece peor pactar con EH Bildu que con Vox y que no votará a su partido si continúa de candidato Sánchez, al que presentó como un político sin proyecto más allá de salvarse a sí mismo y responsable de que España no funcione, expresión que repitió varias veces. El actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apostado públicamente por el adelanto de las elecciones generales, tal como reclama el PP, en un momento en el que todas las encuestas auguran que su partido, el PSOE, sería desalojado del poder por una coalición de la derecha y la extrema derecha, y ha acusado al líder de su formación de “arrodillarse ante Puigdemont”.
Los populares invocan con frecuencia a González y Page, replicando sus críticas contra el PSOE y presentándolos como políticos de Estado. Sin embargo, si alguien hiciera algo parecido en su propio partido, según el código de funcionamiento del PP, sería expulsado o suspendido de afiliación e inhabilitado para desempeñar cargos internos o de representación en un periodo de cuatro a seis años. Es la sanción prevista para las infracciones “muy graves” entre las que se encuentran, según el documento, la “manifiesta deslealtad al partido, o a sus órganos de gobierno y representación, entendida ésta como toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del partido”; “la desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de gobierno y representación”; “toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del partido, o de los grupos institucionales del mismo” y “crear o inducir a la creación de corrientes de opinión, contrarias a los intereses del partido, organizadas en su seno, así como participar en ellas”.
El código disciplinario del PP también considera “infracción grave”, sancionable con la suspensión de afiliación y la inhabilitación para ocupar cargos internos o de representación entre uno y cuatro años, “propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al partido, sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los grupos institucionales o personas que los integran”; “realizar declaraciones y manifestaciones públicas en nombre del partido que comprometan políticamente al mismo sin contar con la autorización expresa del presidente” y “cualquier manifestación pública oral o escrita en los medios de comunicación que suponga descrédito, menosprecio o descalificación de cualquier afiliado”.
Aznar también fue enemigo interno
Durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno y del PP, el expresidente del Ejecutivo y del partido José María Aznar adoptó una actitud similar a la que mantiene actualmente González con el liderazgo socialista. Así, públicamente, Aznar aseguró en esos años que en España faltaba “buena política”; presentó a la formación que había dirigido como un partido “acomplejado” que se dejaba llevar por el “relato de sus adversarios” y llegó a pedir, ante el propio Rajoy “nuevos liderazgos”. Además, en esa etapa se hizo fotos con el líder de una formación rival, Albert Rivera, de Ciudadanos, a quien invitó a participar en una charla donde criticó abiertamente a Rajoy y calificó de “grave error económico y político” relajar la corrección del déficit público después de que así lo reclamara su sucesor ante la Comisión Europea. El PP no tomó ninguna medida contra él más allá de no invitarle al congreso que eligió al sucesor de Rajoy, y de hecho, fue Aznar quien renunció a la presidencia de honor del partido y desvinculó a su fundación, FAES, de las siglas en 2016. Entonces, los dirigentes socialistas, al contrario de lo que ocurre ahora con Felipe González y el PP, no se posicionaron con Aznar.
Los expulsados del PSOE
Los estatutos del PSOE también consideran “falta muy grave” —sancionable con la “suspensión de afiliación y/o inhabilitación para el desempeño de cargo público u orgánico por un periodo de más de 18 meses o la expulsión del partido”— la “indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes” de la formación política, “menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas”, la “actuación, por acción u omisión, en contra de los acuerdos adoptados por los órganos de dirección” y la “actuación, por acción u omisión, en contra de los acuerdos adoptados por los órganos de dirección del partido que afecten a las instituciones”.
Según la normativa interna del PSOE, son “faltas graves” —sancionables con la suspensión de afiliación y/o inhabilitación para el desempeño de cargo público u orgánico” entre dos y 18 meses— la “falta de solidaridad manifestada públicamente en contra de las decisiones o actitudes adoptadas por los órganos competentes”, “la ofensa personal grave a cualquier afiliado que vaya destinada a menoscabar el prestigio y la imagen pública de los órganos colegiados y de sus miembros, cuando se produzcan con publicidad o tengan notoria trascendencia”, así como “hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios opuestos a la línea política del partido”.
El PSOE no ha abierto expediente disciplinario a Felipe González, quien, en el mismo acto público en el que aseguró que no votará a las siglas a las que pertenece si Sánchez continúa como candidato, aseguró que no es él quien tiene que abandonar el partido, “sino quien lo destroce”, en alusión, de nuevo, al actual líder socialista. Sin embargo, varios ministros y dirigentes socialistas le han enseñado en los últimos días la puerta de salida.
En 2023, el PSOE expulsó a Nicolás Redondo, ex secretario general del partido en Euskadi, por su “reiterado desprecio al partido” después de que este concediera una serie de entrevistas para criticar la amnistía al procés. Redondo llevaba expedientado desde 2021, cuando participó en un acto de campaña junto a la popular Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas también expulsaron a otro exdirigente que arropó a la presidenta madrileña, Joaquín Leguina. Feijóo elogió entonces a Redondo como un “político serio y solvente” y aseguró que su expulsión obedecía a “la deriva del PSOE hacia lugares peligrosos, llevando hacia el precipicio a los que no dicen ‘sí, señor’ a Sánchez”. Ayuso fichó posteriormente a Leguina como consejero de la Cámara de Cuentas regional con una remuneración, según el documento de retribuciones de altos cargos, de 100.556,52 euros. En conversación con Abc, Legina admitió que no sabía muy bien en qué consistía el trabajo para el que le habían contratado. El día que Redondo Terreros fue expulsado del PSOE mantuvo una comida con Leguina y Aznar.
Además de González, también su antiguo número dos, Alfonso Guerra, se ha manifestado públicamente en contra de Sánchez y de las políticas de su partido, el PSOE dentro y fuera de España. En una entrevista al diario británico The Times en 2024 calificó al líder socialista de “autócrata” y ha llegado a decir que el actual Gobierno nunca debió constituirse. Tampoco fue expedientado.
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