Durante la crisis de Ceuta entraron irregularmente unas 80.000 personas con las autoridades marroquíes mirando hacia otro lado. Pero solo siguen allí unos 8.000. Y la verdadera dimensión de la crisis se sitúa en estos momentos en 5.000 personas: la suma de los menores (unos 2.500) y los potenciales solicitantes de asilo (2.500 más), según las estimaciones que maneja el Gobierno.
El Gobierno estima que 2.500 menores y unos 2.500 potenciales solicitantes de asilo siguen en la ciudad autónoma
Durante la crisis de Ceuta entraron irregularmente unas 80.000 personas con las autoridades marroquíes mirando hacia otro lado. Pero solo siguen allí unos 8.000. Y la verdadera dimensión de la crisis se sitúa en estos momentos en 5.000 personas: la suma de los menores (unos 2.500) y los potenciales solicitantes de asilo (2.500 más), según las estimaciones que maneja el Gobierno.
Las causas de la crisis de Ceuta siguen siendo difusas: una mezcolanza socioeconómica y política que aúna el malestar creciente y la falta de expectativas entre la juventud marroquí, la desinformación en redes sociales y ese extraño mirar hacia otro lado de las autoridades marroquíes en medio de la avalancha por razones que van desde la necesidad de evitar una masacre (hubo 142 muertes, pero pudieron ser muchas más) y la agenda geopolítica de Mohamed VI. Dos semanas después, hay muchas más conjeturas que hechos. Pero al menos los números sí empiezan a aclararse y arrojan algo de luz a ese episodio: el Gobierno ha elevado el número de entradas en la ciudad autónoma en los días finales de julio a 80.000. La gran mayoría —un 90%, grosso modo— ha regresado ya a Marruecos. Pero Ceuta, con una población de apenas 83.000 habitantes, sigue acogiendo en sus calles, en algunas infraestructuras precariamente habilitadas y en las playas, a unas 8.000 personas, un salto formidable del 10% en su demografía que provoca todo tipo de estrés en los servicios de la ciudad. Los datos que maneja el Gobierno apuntan a una horquilla para encajar el margen de error, que iría de los 7.000 a los 9.000 migrantes, algo por debajo de los que estima el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). Pero la cifra fundamental para gestionar la crisis son los migrantes que pueden optar a la acogida: con esos números en la mano, el Ejecutivo cifra en hasta 5.000 personas las necesidades de las Administraciones españolas. De ellas, hasta 2.500 son menores (unos 1.000 más de los estimados hasta ahora), y otros 2.500 son potenciales solicitantes de asilo, según las fuentes consultadas en el Ejecutivo, con varios ministerios involucrados en la gestión de la crisis: Interior, Migraciones, Exteriores y Juventud.
Las diferentes sensibilidades dentro del propio Gobierno con la política migratoria y la crisis ceutí se han dejado sentir en los últimos días. “Ceuta es españolísima”, explicó este miércoles la titular de Defensa, Margarita Robles, en su visita al enclave español del Norte de África ante las proclamas de los nacionalistas marroquíes, incluido el ministro de Justicia, Abdellatif Uahbi. Y sin embargo el quid de la cuestión, al menos a corto plazo, es otro: cómo gestionar los flecos de la crisis ceutí. “Todos los que entraron en Ceuta de forma irregular serán devueltos a Marruecos”, explicó el martes el titular de Exteriores, José Manuel Albares. Y sí, ese es el quid: el titular de Interior, el exjuez Fernando Grande-Marlaska, matizó este miércoles que ya está en marcha “más de 400 expedientes de protección internacional” y que las personas que tengan derecho a asilo lo pueden obtener si esos expedientes reciben luz verde; las que no lo tengan “serán expulsadas”, según Grande-Marlaska.
En plata: de los 8.000 migrantes que entraron, unos 3.000 según la contabilidad del Gobierno, serán expulsados: son los denominados migrantes económicos, mayoritariamente marroquíes mayores de edad, pero también de otros países que carecen de la opción de acogerse al derecho de asilo. España sí tiene la obligación de acoger a los 2.500 menores, aunque si esos menores quieren volver con sus familias y las familias los reclaman, ese será su destino; solo una minoría de los casos responde a ese perfil. Hay además unos 2.500 subsaharianos, concentrados en la playa del Trampolín, que pueden ser susceptibles de pedir asilo: la obligación de las autoridades españolas es tramitar esos expedientes “caso por caso”, subrayan fuentes del Gobierno.
La legislación española e internacional deja claro que tienen derecho al asilo quienes sufren persecución, violencia grave o proceden de países inmersos en conflictos armados. Cometer algún delito suspende automáticamente ese derecho. El Parlamento Europeo considera que Marruecos es país seguro; Siria, Afganistán, Ucrania, Venezuela o Malí suelen estar entre las nacionalidades que optan al asilo. Hay, por ejemplo, palestinos en el Tarajal, que entrarían dentro de esa categoría.
Entre los 2.500 menores que siguen en Marruecos hay en torno a 600 niñas, según aseguran fuentes del Gobierno a este diario. Y hay también unos 400 menores de 13 años. La crisis de Ceuta, en fin, demuestra que el perfil de las entradas irregulares “está cambiando”. “Hay cada vez más niñas y menores de cada vez más corta edad. Ahora toca acelerar para hacer un esfuerzo de acogida para quienes tienen derecho ante los riesgos de que se alargue esta situación de emergencia”, explica a EL PAÍS la ministra Sira Rego. Otras fuentes del Ejecutivo añaden que los próximos pasos son un Consejo de Ministros previsto para el 25 de agosto para habilitar la partida de 25 millones de euros comprometida por la ministra Elma Saiz para la atención de los menores no acompañados. El Gobierno estudia elevar esa cifra en función de las necesidades asociadas a la gestión de la crisis. Además, se convocará una conferencia sectorial a finales de agosto para el reparto de los menores en las comunidades autónomas (y entre las familias de acogida que han llamado a las puertas del Gobierno para cuidar de ellos). Las fuentes del Ejecutivo consultadas apuntan que en la Península hay también plazas de acogida para los solicitantes de asilo, como ya sucedió cuando estalló la guerra en Ucrania, en aquella ocasión con apoyo de toda la UE.
Ceuta reclama rapidez. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, teme además una segunda avalancha en torno al próximo 15 de agosto. Vivas trasladó a la ministra Margarita Robles que la situación en Ceuta es “insostenible” y que los ciudadanos se sienten “profundamente preocupados, indignados y abandonados”. Pero en esa partida hay muchos más actores. Están las distintas sensibilidades del Gobierno, algunas interesadas en lanzar mensajes fuertes ante la pujanza de la extrema derecha. Y las comunidades autónomas, que deben colaborar en la acogida. Rabat sigue lanzando mensajes. Y también la Unión Europea, con los países con elecciones más próximas, como Suecia, uniéndose a los países más hostiles con las posiciones españolas, Dinamarca y sobre todo Italia. La Italia de Giorgia Meloni, a pesar de los mensajes antiinmigración, registraba casi 17.000 entradas irregulares hasta mediados de año, aproximadamente un 50% más que España. Esas cifras van a cambiar radicalmente cuando se sumen las miles de entradas irregulares a Ceuta. Pero cuecen habas en casi todas partes: la frágil situación de Libia y sobre todo los últimos acontecimientos en Túnez pueden deparar sorpresas en el Mediterráneo oriental, y principalmente en las costas italianas, según los expertos.
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