La competitividad fiscal es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene España, que se sitúa en el puesto 34 de 38 entre los países de la OCDE y cada vez está más abajo en la tabla, cinco puntos menos que en 2018, según el último informe presentado por la Tax Foundation, que atribuye al país uno de los marcos impositivos menos atractivos de la organización. Este deterioro tiene como origen la política tributaria que ha impuesto el Gobierno en los últimos años, responsable de colocar la presión fiscal del país en un 16,6% más que la media de la UE, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio vinculado a la CEOE, después de un incremento de la carga tributaria de 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 2018 y 2024 que contrasta con la reducción de 0,6 puntos que registró Europa en el mismo periodo.El afán recaudatorio del sistema español supone un esfuerzo fiscal un 14% superior al promedio europeo, una diferencia que alcanza el 16,5% cuando hablamos de los hogares y las empresas españolas, siendo estas últimas de las más perjudicadas según el informe presentado por el IEE este lunes. Tras tributar el Impuesto de Sociedades, los beneficios empresariales vuelven a gravarse en el IRPF al distribuirse como dividendos, llegando a alcanzar un tipo máximo de hasta el 47,5%, casi diez puntos más que la media de la UE. A a esta doble imposición fiscal que sufren los empresarios se suma el peso de las cotizaciones sociales que corren a su cargo. En 2024 el coste de estos pagos fue equivalente al 9,5% del PIB, lo que sitúa a España en cuarta posición de entre los países de la UE.Ese mismo año, la política tributaria del Gobierno obligó a las empresas a aportar a las arcas públicas casi el 34% de las ingresos públicos, una cantidad muy por encima del 26% al que están sometidos sus competidores europeos y que afecta a la inversión, la competitividad y el crecimiento de las compañías, según el IEE. Desde la entidad señalan que la actual degradación de la competitividad fiscal española no se puede explicar solamente como una consecuencia del endurecimiento de la fiscalidad empresarial y apuntan a la complejidad normativa como otro de los factores clave.Los beneficios empresariales se enfrentan a un tipo máximo de hasta el 47,5% en España«Las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones», explica una comunicación del Instituto de Estudios Económicos. La mediana de horas que las compañías españolas a revisar su fiscalidad al año es de 150 horas frente a las 92 de media en la OCDE . El problema de la complejidad fiscal, situada en un 15% por encima de la media europea, se agrava cuando hablamos de las pymes, mucho más limitadas a la hora de gestionar este tipo de trabas. La posible subida del IVA amenaza al turismoLa evidente carga impositiva a la que ya se enfrentan las empresas españolas amenaza ahora con perjudicar a un sector en específico, después de que el pasado mes de junio la Comisión Europea recomendase al Gobierno elevar al 21% los tipos reducidos de IVA aplicados a la hostelería y la restauración. Según el organismo comunitario, el coste de mantener este porcentaje equivale a una pérdida anual de 7.000 millones de euros.Esta reducción en el IVA, actualmente fijada en el 10%, es una forma de corregir una asimetría que tiene su origen en la naturaleza del producto que ofrece el sector turístico. «Cuando un visitante británico, alemán o estadounidense paga una noche de hotel o una comida en España, está adquiriendo un servicio español que se abona con divisas y que computa como exportación en la balanza de pagos», explican desde el IEE. Sin embargo, mientras que los bienes materiales que se venden al extranjero no pagan este impuesto, el turismo no puede acogerse al gravamen de tipo cero ya que el consumo se materializa físicamente en territorio español. El Instituto de Estudios Económicos advierte de que elevar el IVA supondría un «error de política económica» al encarecer el turismo, una industria muy sensible al precio, con márgenes estrechos y una alta competencia internacional. Según la entidad, existe un tramo en el que subir el impuesto reduce la recaudación: un encarecimiento de tan solo el 1% reduciría las llegadas en cerca del 1,9%, un aumento en el precio que además, explican, beneficiaría directamente a los destinos competidores y pondría en riesgo empleos en el sector.La experiencia portuguesa es un buen ejemplo para conocer las consecuencias de incrementar la presión fiscal sobre el turismo. En el año 2012, el país revisó hasta el 23% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes siguiendo la misma lógica que hoy invoca Bruselas. La decisión acabó con más de 100.000 puestos de trabajo (alcanzando mínimos históricos de empleo en el sector) y al rededor de 20.000 establecimientos tuvieron que cerrar, según la principal patronal lusa. La competitividad fiscal es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene España, que se sitúa en el puesto 34 de 38 entre los países de la OCDE y cada vez está más abajo en la tabla, cinco puntos menos que en 2018, según el último informe presentado por la Tax Foundation, que atribuye al país uno de los marcos impositivos menos atractivos de la organización. Este deterioro tiene como origen la política tributaria que ha impuesto el Gobierno en los últimos años, responsable de colocar la presión fiscal del país en un 16,6% más que la media de la UE, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio vinculado a la CEOE, después de un incremento de la carga tributaria de 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 2018 y 2024 que contrasta con la reducción de 0,6 puntos que registró Europa en el mismo periodo.El afán recaudatorio del sistema español supone un esfuerzo fiscal un 14% superior al promedio europeo, una diferencia que alcanza el 16,5% cuando hablamos de los hogares y las empresas españolas, siendo estas últimas de las más perjudicadas según el informe presentado por el IEE este lunes. Tras tributar el Impuesto de Sociedades, los beneficios empresariales vuelven a gravarse en el IRPF al distribuirse como dividendos, llegando a alcanzar un tipo máximo de hasta el 47,5%, casi diez puntos más que la media de la UE. A a esta doble imposición fiscal que sufren los empresarios se suma el peso de las cotizaciones sociales que corren a su cargo. En 2024 el coste de estos pagos fue equivalente al 9,5% del PIB, lo que sitúa a España en cuarta posición de entre los países de la UE.Ese mismo año, la política tributaria del Gobierno obligó a las empresas a aportar a las arcas públicas casi el 34% de las ingresos públicos, una cantidad muy por encima del 26% al que están sometidos sus competidores europeos y que afecta a la inversión, la competitividad y el crecimiento de las compañías, según el IEE. Desde la entidad señalan que la actual degradación de la competitividad fiscal española no se puede explicar solamente como una consecuencia del endurecimiento de la fiscalidad empresarial y apuntan a la complejidad normativa como otro de los factores clave.Los beneficios empresariales se enfrentan a un tipo máximo de hasta el 47,5% en España«Las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones», explica una comunicación del Instituto de Estudios Económicos. La mediana de horas que las compañías españolas a revisar su fiscalidad al año es de 150 horas frente a las 92 de media en la OCDE . El problema de la complejidad fiscal, situada en un 15% por encima de la media europea, se agrava cuando hablamos de las pymes, mucho más limitadas a la hora de gestionar este tipo de trabas. La posible subida del IVA amenaza al turismoLa evidente carga impositiva a la que ya se enfrentan las empresas españolas amenaza ahora con perjudicar a un sector en específico, después de que el pasado mes de junio la Comisión Europea recomendase al Gobierno elevar al 21% los tipos reducidos de IVA aplicados a la hostelería y la restauración. Según el organismo comunitario, el coste de mantener este porcentaje equivale a una pérdida anual de 7.000 millones de euros.Esta reducción en el IVA, actualmente fijada en el 10%, es una forma de corregir una asimetría que tiene su origen en la naturaleza del producto que ofrece el sector turístico. «Cuando un visitante británico, alemán o estadounidense paga una noche de hotel o una comida en España, está adquiriendo un servicio español que se abona con divisas y que computa como exportación en la balanza de pagos», explican desde el IEE. Sin embargo, mientras que los bienes materiales que se venden al extranjero no pagan este impuesto, el turismo no puede acogerse al gravamen de tipo cero ya que el consumo se materializa físicamente en territorio español. El Instituto de Estudios Económicos advierte de que elevar el IVA supondría un «error de política económica» al encarecer el turismo, una industria muy sensible al precio, con márgenes estrechos y una alta competencia internacional. Según la entidad, existe un tramo en el que subir el impuesto reduce la recaudación: un encarecimiento de tan solo el 1% reduciría las llegadas en cerca del 1,9%, un aumento en el precio que además, explican, beneficiaría directamente a los destinos competidores y pondría en riesgo empleos en el sector.La experiencia portuguesa es un buen ejemplo para conocer las consecuencias de incrementar la presión fiscal sobre el turismo. En el año 2012, el país revisó hasta el 23% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes siguiendo la misma lógica que hoy invoca Bruselas. La decisión acabó con más de 100.000 puestos de trabajo (alcanzando mínimos históricos de empleo en el sector) y al rededor de 20.000 establecimientos tuvieron que cerrar, según la principal patronal lusa.
La competitividad fiscal es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene España, que se sitúa en el puesto 34 de 38 entre los países de la OCDE y cada vez está más abajo en la tabla, cinco puntos menos que en 2018, según … el último informe presentado por la Tax Foundation, que atribuye al país uno de los marcos impositivos menos atractivos de la organización. Este deterioro tiene como origen la política tributaria que ha impuesto el Gobierno en los últimos años, responsable de colocar la presión fiscal del país en un 16,6% más que la media de la UE, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), servicio vinculado a la CEOE, después de un incremento de la carga tributaria de 2,3 puntos porcentuales del PIB entre 2018 y 2024 que contrasta con la reducción de 0,6 puntos que registró Europa en el mismo periodo.
El afán recaudatorio del sistema español supone un esfuerzo fiscal un 14% superior al promedio europeo, una diferencia que alcanza el 16,5% cuando hablamos de los hogares y las empresas españolas, siendo estas últimas de las más perjudicadas según el informe presentado por el IEE este lunes. Tras tributar el Impuesto de Sociedades, los beneficios empresariales vuelven a gravarse en el IRPF al distribuirse como dividendos, llegando a alcanzar un tipo máximo de hasta el 47,5%, casi diez puntos más que la media de la UE. A a esta doble imposición fiscal que sufren los empresarios se suma el peso de las cotizaciones sociales que corren a su cargo. En 2024 el coste de estos pagos fue equivalente al 9,5% del PIB, lo que sitúa a España en cuarta posición de entre los países de la UE.
Ese mismo año, la política tributaria del Gobierno obligó a las empresas a aportar a las arcas públicas casi el 34% de las ingresos públicos, una cantidad muy por encima del 26% al que están sometidos sus competidores europeos y que afecta a la inversión, la competitividad y el crecimiento de las compañías, según el IEE. Desde la entidad señalan que la actual degradación de la competitividad fiscal española no se puede explicar solamente como una consecuencia del endurecimiento de la fiscalidad empresarial y apuntan a la complejidad normativa como otro de los factores clave.
«Las empresas no solo soportan el coste de los impuestos que pagan, también el esfuerzo administrativo necesario para cumplir con sus obligaciones», explica una comunicación del Instituto de Estudios Económicos. La mediana de horas que las compañías españolas a revisar su fiscalidad al año es de 150 horas frente a las 92 de media en la OCDE. El problema de la complejidad fiscal, situada en un 15% por encima de la media europea, se agrava cuando hablamos de las pymes, mucho más limitadas a la hora de gestionar este tipo de trabas.
La posible subida del IVA amenaza al turismo
La evidente carga impositiva a la que ya se enfrentan las empresas españolas amenaza ahora con perjudicar a un sector en específico, después de que el pasado mes de junio la Comisión Europea recomendase al Gobierno elevar al 21% los tipos reducidos de IVA aplicados a la hostelería y la restauración. Según el organismo comunitario, el coste de mantener este porcentaje equivale a una pérdida anual de 7.000 millones de euros.
Esta reducción en el IVA, actualmente fijada en el 10%, es una forma de corregir una asimetría que tiene su origen en la naturaleza del producto que ofrece el sector turístico. «Cuando un visitante británico, alemán o estadounidense paga una noche de hotel o una comida en España, está adquiriendo un servicio español que se abona con divisas y que computa como exportación en la balanza de pagos», explican desde el IEE. Sin embargo, mientras que los bienes materiales que se venden al extranjero no pagan este impuesto, el turismo no puede acogerse al gravamen de tipo cero ya que el consumo se materializa físicamente en territorio español.
El Instituto de Estudios Económicos advierte de que elevar el IVA supondría un «error de política económica» al encarecer el turismo, una industria muy sensible al precio, con márgenes estrechos y una alta competencia internacional. Según la entidad, existe un tramo en el que subir el impuesto reduce la recaudación: un encarecimiento de tan solo el 1% reduciría las llegadas en cerca del 1,9%, un aumento en el precio que además, explican, beneficiaría directamente a los destinos competidores.
La experiencia portuguesa es un buen ejemplo para conocer las consecuencias de incrementar la presión fiscal sobre el turismo. En el año 2012, el país revisó hasta el 23% el IVA aplicado a hoteles y restaurantes siguiendo la misma lógica que hoy invoca Bruselas. La decisión acabó con más de 100.000 puestos de trabajo (alcanzando mínimos históricos de empleo en el sector) y al rededor de 20.000 establecimientos tuvieron que cerrar, según la principal patronal lusa.
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