El Govern y el grupo parlamentario de Comuns han pactado este martes la creación de un cuerpo de inspectores del régimen sancionador de la ley de vivienda catalana, que debería estar operativo antes de finales de año, y que contará, cuando esté formado completamente, con 100 efectivos. Lo han anunciado el portavoz de la formación, David Cid, y la diputada Susana Segovia, en una atención a los medios desde el Palau de la Generalitat, tras reunirse con la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.
El Ejecutivo aprobará este martes la ampliación de recursos de la Agencia Catalana de Vivienda
El Govern y el grupo parlamentario de Comuns han pactado este martes la creación de un cuerpo de inspectores del régimen sancionador de la ley de vivienda catalana, que debería estar operativo antes de finales de año, y que contará, cuando esté formado completamente, con 100 efectivos. Lo han anunciado el portavoz de la formación, David Cid, y la diputada Susana Segovia, en una atención a los medios desde el Palau de la Generalitat, tras reunirse con la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque.
La creación de las 100 plazas adscritas a la Agencia Catalana de Vivienda se formalizará este martes en un acuerdo del Consell Executiu del Govern, y tendrán la posibilidad de tramitar denuncias a través del portal disponible de la Generalitat, así como actuar de oficio. “Serán 100 personas que tendrán todas las potestades para poder inspeccionar y poder sancionar. Por tanto, será un cuerpo que estará blindado jurídicamente de que todo lo que haga, lo hará con todas las garantías”, ha valorado Segovia.
La diputada ha destacado que las nuevas plazas serán de funcionarios de la administración de la Generalitat, algo importante, ha dicho, porque “solo los funcionarios tienen la potestad para sancionar en la administración pública”. Para que la Agencia Catalana de Vivienda tenga capacidad sancionadora, posibilidad que de momento solo tiene la Agencia Catalana de Consumo en este ámbito, serán necesarias modificaciones legislativas durante la tramitación en el Parlament del decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo, que prevén que tenga la luz verde de la Cámara en octubre.
La ampliación de los recursos de personal de la Agencia Catalana de Vivienda serán de unos 5,9 millones para incorporar estas plazas, ha detallado Segovia, y aunque para finales de año pueden no haberse cubierto las 100 plazas, Govern y Comuns han acordado que el cuerpo de inspectores esté en marcha en “aproximadamente unos tres meses”.
Para los Comuns, el régimen sancionador que pactaron con el Govern y que este cuerpo de inspectores debe hacer cumplir, “no busca recaudar” sino hacer cumplir la ley, según Segovia, que ha destacado que habrá inspectores en toda Cataluña, con más presencia en aquellos territorios con zonas de alquiler tensionado. Concretamente, 50 se desplegarán en la veguería de Barcelona, 13 en Girona, 12 en el Camp de Tarragona, cinco en Lleida, Terres de l’Ebre, Penedès y Cataluña Central, cuatro en el Alt Pirineu y uno en la Vall d’Aran.
Cid y Segovia han asegurado que, en materia de vivienda, el Govern debe cumplir todavía acuerdos “pendientes” como el impulso al parque de vivienda de protección oficial (VPO), la puesta en marcha de una unidad antidesahucios, el registro de grandes tenedores de vivienda o la campaña de publicidad institucional sobre la ley de contención de rendas.
Negociación de los Presupuestos
En este sentido, Cid ha avisado al Govern que “debe cumplir los acuerdos que tiene con los Comuns” sobre los suplementos de crédito, antes de que se planteen negociar los Presupuestos de la Generalitat para 2026, y ha añadido que no tienen fecha para la reunión de seguimiento de los acuerdos que solicitaran al inicio del curso político. “No tenemos todavía fecha de reunión, pero ya alertamos al Govern de que no empezaremos ninguna negociación de presupuestos del 2026 hasta que tengamos el compromiso y los hechos que, especialmente en materia de vivienda, los temas que quedan pendientes avanzan”, ha sostenido.
El refuerzo del cuerpo de inspectores de la Generalitat para hacer cumplir el régimen sancionador de la ley de vivienda fue una de las condiciones de los Comuns para dar su apoyo al segundo suplemento de crédito que aprobó el Govern en mayo tras no haber aprobado los Presupuestos. El pacto contemplaba, entre otras medidas, una ampliación de 60 efectivos del cuerpo de inspectores “antes del 30 de junio” y se acordó la voluntad de alcanzar los 100 efectivos antes de 2026.
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