Las autoridades de Grecia han emitido una orden de detención europea contra un ciudadano noruego llamado Tommy Olsen bajo las acusaciones de tráfico de personas, facilitación de la entrada irregular en el país y participación en organización criminal. Olsen, de 53 años, profesor de guardería y activista por los derechos de los migrantes, fundó la ONG Aegean Boat Report durante la crisis de refugiados de 2015 para documentar las llegadas irregulares de pateras desde Turquía a Grecia, así como posibles violaciones de derechos humanos en las fronteras marítimas, incluidas devoluciones ilegales. Tanto el acusado como sus abogados y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que el caso forma parte de un patrón más amplio de procesos contra activistas que trabajan con inmigrantes.
La medida contra el profesor de guardería y fundador de la ONG Aegean Boat Report, Tommy Olsen, por presunto tráfico de personas refleja el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Atenas
Las autoridades de Grecia han emitido una orden de detención europea contra un ciudadano noruego llamado Tommy Olsen bajo las acusaciones de tráfico de personas, facilitación de la entrada irregular en el país y participación en organización criminal. Olsen, de 53 años, profesor de guardería y activista por los derechos de los migrantes, fundó la ONG Aegean Boat Report durante la crisis de refugiados de 2015 para documentar las llegadas irregulares de pateras desde Turquía a Grecia, así como posibles violaciones de derechos humanos en las fronteras marítimas, incluidas devoluciones ilegales. Tanto el acusado como sus abogados y organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que el caso forma parte de un patrón más amplio de procesos contra activistas que trabajan con inmigrantes.
La orden llega en un momento de máximo empeño del Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis por frenar la inmigración irregular, endureciendo el control fronterizo y el margen de actuación de quienes asisten a los recién llegados. Este episodio coincide con la aprobación de una controvertida reforma de la ley de migración y asilo que amplía las penas contra las redes de tráfico, pero también estrecha el cerco sobre activistas y voluntarios que prestan ayuda a migrantes. El nuevo marco legal prevé condenas de hasta 10 años de prisión para quienes colaboren en estas tareas si son declarados culpables, y hasta cadena perpetua para los traficantes.
El activista noruego ha rechazado “enérgicamente” los cargos y ha descrito la orden como una grave escalada en los esfuerzos del Gobierno griego por criminalizar la vigilancia independiente de los derechos humanos en el Egeo. “No he hecho absolutamente nada malo. Se trata de una persecución deliberada contra un defensor de los derechos humanos con el objetivo de intimidarlo y silenciarlo”, ha defendido en un comunicado.
“Cada día, Aegean Boat Report supervisa el Egeo en tiempo real, respondiendo a llamadas de socorro, documentando devoluciones ilegales y proporcionando datos verificados a periodistas, abogados, agencias de la ONU y organizaciones humanitarias”, ha añadido. Los informes de Olsen han sido citados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y numerosos medios internacionales.
No es la primera vez que Olsen se topa con la justicia. Una investigación reciente de EL PAÍS sobre la transferencia ilegal de datos personales desde Frontex (la agencia europea de control de fronteras) a Europol reveló que ambas agencias almacenaban información sobre activistas y migrantes sin garantías legales. Olsen figuraba como uno de los defensores de derechos humanos incluidos en archivos policiales y “notificaciones de inteligencia” vinculadas a su ONG.
La orden aún no le ha sido notificada oficialmente. Olsen fue informado este miércoles por la policía noruega. Su abogado en Grecia, Zac Kesses, explica que la decisión pasará a las autoridades noruegas en cuanto la orden entre en SIRENE, el sistema que gestiona las alertas del Sistema de Información en 31 países Schengen. A partir de ese momento es posible que sea arrestado y deportado. “Tarde o temprano, la orden será registrada y las autoridades griegas y noruegas deberán cooperar para su ejecución. También implica que el Sr. Olsen podría estar en peligro, no solo en Noruega, sino en cualquier lugar”, señala Kesses.
El abogado recuerda que existe un marco legislativo que regula la extradición entre Noruega y Grecia, incluyendo motivos por los cuales un ciudadano noruego no puede ser extraditado, como cuestiones probatorias y garantías de juicio justo. “Las autoridades noruegas podrían rechazar la solicitud de extradición; este es el asunto que debemos analizar ahora”, afirma.
Al no ser una ONG registrada en Grecia, sino que opera desde Noruega de forma remota, Olsen no se vería afectado por la última reforma migratoria. Sin embargo, las penas por los delitos que se le imputan pueden alcanzar los 10 años de prisión y aumentar si existen agravantes. Adriana Tidona, de Amnistía Internacional, recuerda que hace unos meses 24 ciudadanos fueron absueltos tras siete años de litigios, pero se enfrentaban a hasta 25 años de cárcel por cargos similares. “No está directamente relacionado, pero ambos hablan del mismo contexto de hostilidad contra las ONG y contra quienes apoyan a migrantes y refugiados”, denuncia.
Amnistía ha expresado su preocupación por la reforma de la ley migratoria griega porque no está en línea con los estándares internacionales, asegura Tidona. “Según la ley internacional, el tráfico debe ser perseguido si ha habido un beneficio económico derivado. Quien actúa con fines humanitarios no debería ser perseguido. Sin embargo, Grecia no incluye este requerimiento”, asegura la experta.
La base de las acusaciones
Los hechos contra Olsen se remontan a 2021, cuando él y otro activista, Panayote Dimitras, fundador de la ONG Greek Helsinki Monitor y veterano defensor griego de derechos humanos, fueron investigados. Dimitras fue acusado de alertar a las autoridades sobre la llegada de migrantes a las islas de Kos y Farmakonisi el 13 de julio de 2021, según HRW.
Entonces, Dimitras envió correos electrónicos a la Policía, la Guardia Costera, autoridades migratorias, la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) y el Defensor del Pueblo griego en los que enumeraba nombres y nacionalidades de los migrantes e informaba de su intención de solicitar asilo, una práctica que realizaba habitualmente. El activista continúa bajo investigación judicial y tiene prohibido salir del país.
Respecto a Olsen, el escrito de acusación sostiene que facilitó la entrada y residencia de nacionales de terceros países en Grecia en cooperación con Dimitras y dos presuntos traficantes. También que envió un correo electrónico a autoridades griegas con datos y ubicación de esos migrantes para que pudieran incorporarse al proceso de asilo.
El caso de Olsen es especialmente complejo porque, en un primer momento, el juez instructor solicitó su sobreseimiento por falta de pruebas, pero la Fiscalía se opuso. En abril de 2023 fue citado a declarar y, según la legislación griega, tras el interrogatorio podían imponerse medidas cautelares, incluida prisión preventiva. Tras consultarlo con su equipo jurídico, Olsen decidió no viajar a Grecia y envió un escrito alegando falta de pruebas y vulneración de su presunción de inocencia.
La jueza optó inicialmente por una orden de comparecencia forzosa sin efectos internacionales. Un año después, al no haberse presentado, se dictó una orden de detención al considerar que existen indicios suficientes para sostener la acusación. Dado que una orden limitada a Grecia tenía escasa utilidad, el siguiente paso ha sido elevarla a escala internacional.
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