España todavía tiene trabajo por hacer en materia de respeto de los derechos de los solicitantes de asilo. El último informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), por sus siglas en inglés) asegura que las personas que piden protección internacional porque huyen de conflictos o persecución “no tienen un acceso adecuado” a protección cuando llegan a Ceuta y Melilla, dos de los puntos de entrada a España de la inmigración irregular. El estudio World Report 2026. Events of 2025, publicado el miércoles, también señala que el racismo, la xenofobia y los contenidos de odio en internet “han contribuido a fomentar la violencia contra los migrantes”.
El informe de la organización de defensa de derechos humanos y expertos también critican el aumento del apoyo financiero y material a Marruecos y Mauritania para gestionar la migración
España todavía tiene trabajo por hacer en materia de respeto de los derechos de los solicitantes de asilo. El último informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), por sus siglas en inglés) asegura que las personas que piden protección internacional porque huyen de conflictos o persecución “no tienen un acceso adecuado” a protección cuando llegan a Ceuta y Melilla, dos de los puntos de entrada a España de la inmigración irregular. El estudio World Report 2026. Events of 2025, publicado el miércoles, también señala que el racismo, la xenofobia y los contenidos de odio en internet “han contribuido a fomentar la violencia contra los migrantes”.
HRW denuncia que en 2025 se produjo un “aumento considerable de las estimaciones de muertes infantiles en el mar” cuando los migrantes trataban de alcanzar las islas Canarias, las islas Baleares o la península Ibérica, citando los datos de la ONG Caminando Fronteras. La ruta del estrecho de Gibraltar no ha sido una excepción. Caminando Fronteras señala que el año pasado 144 personas fallecieron en el Estrecho, de las que un 24% eran menores; un incremento del 4% respecto a 2024.
Las personas que se juegan la vida y son capaces de llegar a uno de los dos enclaves españoles en el norte de África también tienen problemas para solicitar asilo. El informe cita un estudio de Amnistía Internacional que demuestra que solo una de las 800 personas que habían llegado de forma irregular por tierra a Ceuta y Melilla pudo presentar una solicitud de asilo en un puesto fronterizo durante los primeros cinco meses de 2025. Esto mismo lo denuncia Virginia Álvarez, responsable de Investigación de esta organización, que va un paso más allá: “Es una prueba fea de que en las fronteras de Ceuta y Melilla no se está respetando el derecho a pedir asilo”. Álvarez destaca también que no hay “un compromiso real de las autoridades españolas por garantizar” estos derechos.
Kartik Raj, investigador principal para Europa en HRW, denuncia que la principal traba para los recién llegados que quieren pedir asilo es “la excesiva burocracia”. Así, matiza que para presentar una solicitud “hay que pedir citas con un móvil que tenga un número español, algo a lo que muy pocos tienen acceso”.
Para mostrar la crueldad de las autoridades en el trato de los migrantes en Ceuta y Melilla, la responsable de Amnistía Internacional recuerda lo sucedido la madrugada del 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta. Ese día, 250 migrantes trataron de alcanzar territorio español, de los cuales 14 fallecieron. Para evitar que estas personas llegasen a territorio español, la Guardia Civil los repelió con material antidisturbios, mientras que en la zona marroquí eran acosados por la Gendarmería y las Fuerzas Auxiliares del ejército del país africano. Así, destaca que esta desgracia muestra que la gestión de la migración “es errónea desde hace muchos años”.
Tras estas críticas, HRW reconoce que las autoridades españolas “han tomado algunas medidas positivas para ampliar las vías de migración legal”, específicamente la regularización masiva de migrantes, que se concretó el 26 de enero, después de la redacción del informe. Según Funcas, beneficiará a más de 800.000 personas.
Externalización del control de fronteras
Otra crítica de HRW es la externalización del control de la migración a terceros países. Destaca que las fuerzas de seguridad españolas “continuaron cooperando con las autoridades mauritanas y marroquíes” en el control de fronteras y la gestión de la migración, “a pesar de las continuas violaciones de los derechos de los migrantes por parte de las autoridades locales”. El estudio denuncia además que España ”aumentó el apoyo financiero y material a Marruecos para la vigilancia de las fronteras” el año pasado pese a estos hechos. España inyecta 30 millones de euros anuales a Rabat en concepto de cooperación policial al menos desde 2018. En cuanto a Mauritania, España y la Comisión Europea han comprometido más de 500 millones de euros para este mismo fin.
Respecto a los pactos con Mauritania y Marruecos, Álvarez señala que supone una “vulneración constante” de los derechos de los solicitantes de asilo y de los migrantes. Se refiere específicamente a la actuación de las autoridades marroquíes, ya que “hay casos documentados de malos tratos policiales” en la gestión de la migración de este país. Por ello, pide “mayor transparencia” en torno a estos acuerdos de cooperación migratoria. Respecto a Mauritania, la propia HRW denunció en agosto los abusos, malos tratos y hasta tortura contra los migrantes y refugiados que recalan en este país de la costa occidental africana, principal puerto de salida de los cayucos que llegan a las islas Canarias.
Raj es más duro respecto a estos pactos: “Es algo nefasto”. El investigador de HRW destaca que “no es una solución sostenible a largo plazo, no es racional y tampoco es humana, ya que no se va a frenar poniendo más policías, sino resolviendo las crisis que obligan a las personas a desplazarse”.
Para mejorar la gestión del asilo, Álvarez pide “detener ya la deshumanización de las personas migrantes y refugiadas” y facilitar “más vías de acceso legal, y garantizar el derecho de asilo a quienes lo necesitan”. Raj argumenta que es necesario “acabar con las devoluciones en caliente y garantizar investigaciones profundas independientes cuando haya pruebas documentales de que estas han tenido lugar”.
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