Las elecciones del próximo domingo en Hungría no son unas más dentro del calendario europeo. Su significado trasciende las fronteras nacionales y se proyecta sobre el conjunto del continente como un test crucial de la resiliencia democrática de la Unión Europea y de la capacidad de las derechas radicales para consolidar y exportar un modelo político alternativo al liberalismo democrático. Lo que está en juego en Budapest no es únicamente la continuidad de un liderazgo, sino la validación o el cuestionamiento de un experimento político que, durante más de una década, ha redefinido los límites de lo posible dentro de la UE.
Las elecciones del domingo son un test para Orbán, pero también para la democracia desafiada por sus enemigos internos
Las elecciones del próximo domingo en Hungría no son unas más dentro del calendario europeo. Su significado trasciende las fronteras nacionales y se proyecta sobre el conjunto del continente como un test crucial de la resiliencia democrática de la Unión Europea y de la capacidad de las derechas radicales para consolidar y exportar un modelo político alternativo al liberalismo democrático. Lo que está en juego en Budapest no es únicamente la continuidad de un liderazgo, sino la validación o el cuestionamiento de un experimento político que, durante más de una década, ha redefinido los límites de lo posible dentro de la UE.
Desde su segundo mandato, que comenzó en 2010 (el primero se inició en 1998), Viktor Orbán ha impulsado una transformación profunda del sistema político húngaro. Bajo la retórica de la democracia iliberal, su Gobierno ha llevado a cabo una progresiva desarticulación de los contrapesos institucionales, una captura de los medios de comunicación y una reconfiguración del sistema judicial que han suscitado una creciente preocupación internacional. No se trata de un proceso abrupto, sino de una erosión paulatina, sofisticada y legalista del Estado de derecho, tal y como explican Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su Cómo mueren las democracias.
Los diagnósticos son claros. En septiembre de 2022, se produjo un contundente pronunciamiento del Parlamento Europeo en el que señaló que la inacción y la falta de sanciones internas en el seno de la UE había contribuido a la consolidación de una “autocracia electoral”. Más adelante, fueron el instituto V-Dem, Freedom House o la Economist Intelligence Unit los que la calificaron como “autoritarismo electoral”, “parcialmente libre” o “régimen híbrido”.
Este éxito —si se puede denominar así desde la perspectiva de sus promotores— ha convertido Hungría en un referente para las derechas radicales europeas y globales. Budapest se ha transformado en un nodo ideológico y estratégico donde convergen actores políticos que comparten una visión soberanista, antiliberal y profundamente crítica con las instituciones multilaterales. Esta hoja de ruta, a la que en 2016 se sumó el ultraconservador polaco Jaroslaw Kaczynski, cuyo objetivo fue llevar el modelo de Budapest a Varsovia, se sostenía sobre una contrarrevolución cultural tradicionalista, el soberanismo y la instauración de un régimen iliberal. Una unión quebrada por las diferentes visiones geopolíticas tras la invasión rusa de Ucrania y la ulterior derrota electoral en Polonia de los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS).
En este contexto, el respaldo internacional a Orbán adquiere una relevancia particular. La visita del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, muestra el aval explícito de sectores de la derecha estadounidense a la experiencia húngara. Un apoyo que no es menor, ya que legitima el modelo de Orbán como una alternativa viable dentro del mundo occidental al tiempo que refuerza su discurso de resistencia frente al “globalismo liberal”. Al mismo tiempo, Budapest mantiene una relación fluida con Vladímir Putin y actúa en múltiples ocasiones como un actor disruptivo dentro de la UE, bloqueando o diluyendo iniciativas comunitarias contra Moscú. Es una ambivalencia estratégica cada vez más insostenible para el resto de los socios europeos. Si a lo anterior sumamos la estrecha relación con Benjamín Netanyahu, con quien Orbán comparte afinidades ideológicas, tenemos una triple conexión —Estados Unidos, Rusia e Israel— que convierte Budapest en un centro de articulación de las derechas radicales globales, un espacio donde se ensayan alianzas y discursos que luego se proyectan hacia otros contextos nacionales.
Sin embargo, por primera vez desde 2010, el liderazgo de Orbán se enfrenta a una incertidumbre real. Las encuestas ya no le son claramente favorables, y su principal adversario, Péter Magyar, un antiguo miembro de su mismo partido, Fidesz, ha logrado articular una alternativa competitiva a través del partido Tisza. Esta ruptura interna resulta significativa, ya que no se trata de una oposición tradicional, sino de una disidencia surgida desde el propio régimen, con un candidato que conoce a la perfección sus fortalezas y debilidades y que está sabiendo cómo ganar la batalla discursiva a su maestro Orbán.
Así, estas elecciones plantean varias incógnitas fundamentales. La primera es si un Gobierno que cuenta con apoyos —explícitos o implícitos— de actores tan diversos como Washington, Moscú y Tel Aviv puede ser derrotado en las urnas. Una eventual pérdida de poder de Orbán pondría en cuestión la idea de que los regímenes híbridos son intrínsecamente resilientes y difíciles de desbancar por las vías democráticas.
La segunda incógnita es aún más delicada: en caso de una derrota ajustada, ¿aceptará Orbán el resultado electoral? La experiencia comparada muestra que los líderes de sistemas híbridos tienden a cuestionar los resultados cuando estos amenazan su continuidad. La legitimidad del proceso electoral, ya erosionada por años de desigualdad en la competición política, podría verse aún más comprometida en un escenario de impugnación o conflicto institucional.
La tercera cuestión interpela directamente a Bruselas. Si Péter Magyar pierde por un margen estrecho en un contexto de claras asimetrías, ¿cómo reaccionará la Unión Europea? Hasta ahora, la respuesta comunitaria ha sido, en el mejor de los casos, ambivalente. Los procedimientos sancionadores y la condicionalidad de los fondos europeos han tenido un impacto limitado y no han logrado revertir las dinámicas iliberales. Una nueva victoria de Orbán en condiciones controvertidas pondría a prueba la credibilidad de la UE como garante de los valores democráticos.
Por último, la posible caída de Orbán tendría implicaciones de gran alcance para sus aliados en Europa. Partidos como Vox, integrados en el Parlamento Europeo en el grupo Patriotas, han mirado a Hungría como un modelo de éxito político y como una prueba de que es posible desafiar el consenso liberal desde dentro de las instituciones. Orbán ha sido, en este sentido, no solo un aliado, sino un referente simbólico. Una derrota electoral podría debilitar este imaginario y generar un efecto dominó en el ecosistema de la derecha radical europea. No se trataría necesariamente de un colapso inmediato, pero sí de una pérdida de impulso y de legitimidad. Por el contrario, una victoria —especialmente si se percibe como cuestionable— podría reforzar la narrativa de que el modelo húngaro es exportable y eficaz.
Hungría se encuentra, por tanto, en una encrucijada. Las elecciones no solo determinarán el futuro político del país, sino que ofrecerán una respuesta —al menos provisional— a una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto es posible revertir, por vías democráticas, un proceso sostenido de erosión del Estado de derecho?
El desenlace tendrá consecuencias que irán más allá de Budapest. En un momento en el que las democracias europeas enfrentan desafíos internos y externos, el caso húngaro se ha convertido en un espejo incómodo que refleja tanto las vulnerabilidades del sistema como las limitaciones de la respuesta comunitaria. Lo que ocurra en estas elecciones marcará, en buena medida, el horizonte político del continente en los próximos años.
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