Interior actualizó hace un año el protocolo de protección de personas ante el cambio de las amenazas

El Ministerio del Interior modificó, en febrero del año pasado, el protocolo que, durante 13 años, se había utilizado para determinar qué personas deben tener protección de las fuerzas de seguridad y cómo. La instrucción interna que recogía el cambio lo justificó entonces en el “tiempo transcurrido” desde que entró en vigor la anterior norma ―2012, poco después de que ETA anunciase el fin de los atentados, pero aún no se hubiera disuelto― y en la necesidad de adaptar el procedimiento “al contexto actual, en lo que este último afecta a la valoración de las circunstancias y factores a considerar a la hora de determinar la necesidad o conveniencia de que se adopten medidas de protección”. De este modo, Interior plasmaba en un documento el cambio de la amenaza del terrorismo etarra, que obligó a dar protección a centenares de personas durante años, a una más difusa que encuentra su altavoz en redes sociales y que se traduce en múltiples amenazas de todo tipo a políticos y personajes públicos.

El documento en el que se recoge la modificación, bautizado como “Instrucción para regular la prestación de servicios de protección de personas” y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incide en que, más allá de determinados cargos públicos y personalidades extranjeras de visita en España, Interior debe seguir dando escolta a aquellas personas que los expertos policiales consideren que se enfrentan a “un especial riesgo debido a circunstancias personales, profesionales o laborales”. Este punto sustenta la reciente decisión del departamento de Fernando Grande-Marlaska, muy protestada por los sindicatos policiales, de poner escolta a la periodista y analista política Sarah Santaolalla. Interior ha declinado concretar a este diario cuántas personas reciben protección al mantener esta información bajo la ley de secretos oficiales en el protocolo en vigor. No obstante, fuentes policiales apuntan a que en la actualidad este número fluctúa entre 150 y 200.

Entre las novedades incluidas en la instrucción en vigor desde el año pasado, estaba la creación de una denominada Comisión de Coordinación de los Servicios de Seguridad y Protección de Personas, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de la que forman parte responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y preside el director del Gabinete de Estudios y Coordinación, puesto que en la actualidad ocupa el comisario Eugenio Pereiro. Esta comisión es la responsable de elaborar el “catálogo de cargos públicos con necesidad de protección”, que no será nominal, y en el que se incluyen “personalidades o cargos pertenecientes a las instituciones del Estado para los que una amenaza o riesgo a su seguridad personal suponga, además, un grave perjuicio o detrimento en el normal funcionamiento de las referidas instituciones, para la seguridad pública o para la defensa nacional”. También es la que debe aprobar qué personas ajenas a las altas instituciones del estado reciben protección.

Los responsables policiales fijarán también los elementos a tener en cuenta al realizar el análisis de riesgo que determina quién recibe protección y de qué tipo, tras valorar “la amenaza, la probabilidad de materialización y los factores de vulnerabilidad”. Este estudio es elaborado por las fuerzas de seguridad a iniciativa propia o a petición de Interior, y de él depende el operativo que se asignará a cada uno: protección estática (seguridad permanente en su domicilio y lugar de trabajo), dinámica (durante sus traslados) o contravigilancias (controles aleatorios en los alrededores de lugares a los que acuda). El protocolo contempla también un registro con las personas protegidas por las fuerzas de seguridad en el que se detalla su identidad ―salvo en el caso de testigos y peritos protegidos por su participación en causas contra el crimen organizado, a los que se identifica con una clave―, institución, órgano o colectivo al que pertenece y “fechas de asignación y cese del servicio”. Esa ficha debe contemplar también los “medios humanos y materiales asignados” para protegerle, así como los “hechos relevantes ocurridos durante la prestación del servicio”.

El protocolo recoge que las fuerzas de seguridad tendrán una entrevista con la persona amenazada en la que se le transmitirá una serie de recomendaciones “al objeto de lograr la máxima eficacia y efectividad en su prestación”. Y añade que, en caso de que esta “de forma grave o reiterada” desoiga las normas poniendo “en un grave riesgo su integridad y la del propio servicio de seguridad y protección” para valorar las medidas a tomar, se informará de ello al ministerio para que adopte las medidas pertinentes. El documento contempla incluso que algunas de las labores policiales en estos operativos sean realizadas “por empresas de seguridad privada”. Esto ya se hizo durante los años del terrorismo de ETA para dar protección a políticos en Euskadi. El documento ―que analiza también qué hacer cuando la persona protegida se desplaza fuera de su localidad de residencia a otros puntos de España o el extranjero― detalla que, al menos, una vez cada seis meses las fuerzas de seguridad harán un nuevo análisis del riesgo en el que se valorará si el dispositivo continúa activo, se modifica o se suprime.