El Ministerio del Interior ha aprobado este lunes el protocolo que permitirá a las personas extranjeras pedir la rectificación de sexo y nombre en los documentos expedidos por la Policía Nacional. Los documentos a los que afecta esta medida son, nueve según detalla Interior, “la Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) en todas sus modalidades; el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea (CRUE); la cédula de inscripción de extranjero indocumentado; el título de viaje de indocumentado; los resguardos de registro y formalización de protección internacional; los documentos acreditativos de solicitante en trámites de protección internacional y de apatridia; y los certificados de residente y no residente”. La Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) calcula que hay unas 65.000 personas transmigrantes que pueden beneficiarse de este protocolo.
El ministerio dirigido por Grande-Marlaska establece los mecanismos para que la Policía Nacional pueda hacer esa rectificación para los extranjeros, un derecho recogido desde 2023 en la ‘ley trans’
El Ministerio del Interior ha aprobado este lunes el protocolo que permitirá a las personas extranjeras pedir la rectificación de sexo y nombre en los documentos expedidos por la Policía Nacional. Los documentos a los que afecta esta medida son, nueve según detalla Interior, “la Tarjeta de identidad de extranjero (TIE) en todas sus modalidades; el certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea (CRUE); la cédula de inscripción de extranjero indocumentado; el título de viaje de indocumentado; los resguardos de registro y formalización de protección internacional; los documentos acreditativos de solicitante en trámites de protección internacional y de apatridia; y los certificados de residente y no residente”. La Federación Estatal LGTBI+ (Felgtbi+) calcula que hay unas 65.000 personas transmigrantes que pueden beneficiarse de este protocolo.
Cuando una persona trans llega a España, si en su país de origen no se reconoce el cambio de sexo, todos los documentos se expiden con su deadname (el nombre anterior a su transición). “Así ocurre en el 99% de los casos”, apuntan desde la organización LGTBIQ+ Nós mesmas, que también trabaja con personas migrantes. “Si en el país de origen no se reconoce su realidad, tampoco lo van a consignar en sus documentos. Esto complica mucho todo”, añaden.
A partir de este martes, esto se soluciona: las personas extranjeras podrán solicitar la rectificación de sexo y nombre en los documentos expedidos por la Policía Nacional. El protocolo contempla dos posibles situaciones. Por un lado, cuando la persona extranjera solicita la modificación registral por imposibilidad de hacerlo en su país de origen. En ese caso, la Brigada de extranjería y fronteras solicitará a Exteriores un informe que lo acredite. Una vez confirmado ese hecho, “se procederá al cambio en el registro central de extranjeros y a la emisión del nuevo documento”, ha explicado desde Interior.
La otra situación es cuando la persona extranjera ya ha efectuado el cambio en su país de origen. En ese caso, bastará con la presentación del pasaporte o título de viaje en vigor que lo acredite, junto con el documento del que se solicita la actualización.
“Se trata de justicia y de ahorrar humillaciones absolutamente innecesarias”, ha declarado la senadora y también diputada madrileña Carla Antonelli (Más Madrid), “es el cumplimiento de una obligación legal que lleva dos años en un limbo legal”. La ley trans (la 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI) especifica, en el artículo 50, que “las personas extranjeras que acrediten la imposibilidad legal o de hecho de llevar a efecto la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, al nombre en su país de origen” puedan hacerlo en los documentos que se les expidan. Sin embargo, esto no estaba ocurriendo porque el Ministerio de Interior no había detallado las instrucciones para hacerlo cumplir. Con la publicación del protocolo, que firma el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, se subsana ese vacío.
“Este protocolo devuelve dignidad a un colectivo doblemente vulnerable: un documento que refleja quién eres, es la llave de la vida cotidiana y digna: desde alquilar una vivienda hasta sacar un bono de transportes”, ha incidido Antonelli. Diversas entidades y organismos ―Plataforma trans, la Felgtbi+ el Defensor del pueblo, así como sentencias judiciales― llevan tiempo reclamando a Interior que publicase las instrucciones oportunas para reconocer la identidad de las personas migrantes. La Federación, que representa a más de 50 organizaciones LGTBI+ de todo el territorio, consideraba que se estaban “incumpliendo los principios constitucionales de igualdad, dignidad y no discriminación, así como los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos”.
El 23 de junio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que desde su departamento se aprobaría este protocolo en la primera quincena de julio. Lo dijo durante una intervención en el Senado, en una respuesta a la senadora Antonelli, que le había cuestionado sobre el asunto.
Entonces, el ministro reconoció las limitaciones del procedimiento cuando la persona trans migrante no podía llevar a cabo el cambio de nombre y sexo en su país de origen y se comprometió a impulsar “con carácter urgente” un mecanismo que facilitara la tramitación “tanto para las personas solicitantes como para las distintas instancias administrativas implicadas”.
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