Junts per Catalunya acelera sus maniobras para poder intervenir en el control de la llegada de personas migrantes. Mientras el equipo de siete diputados que comanda Míriam Nogueras en el Congreso sigue presionando al Gobierno para lograr la transferencia a Cataluña de las competencias sobre inmigración, alcaldes del partido y representantes municipales se han activado para marcar perfil en un asunto que definen como crucial a nivel social y con capacidad para decantar el mapa político en Cataluña, tras la irrupción de la fuerza de ultraderecha independentista Aliança Catalana. En Figueres, Junts ha aprobado una moción donde censura la regularización de personas migrantes decidida por el Gobierno y la tacha de medida “irresponsable y con graves consecuencias económicas y sociales”.
La dirección del partido insiste en reclamar el traspaso de la inmigración mientras sus alcaldes buscan marcar perfil
Junts per Catalunya acelera sus maniobras para poder intervenir en el control de la llegada de personas migrantes. Mientras el equipo de siete diputados que comanda Míriam Nogueras en el Congreso sigue presionando al Gobierno para lograr la transferencia a Cataluña de las competencias sobre inmigración, alcaldes del partido y representantes municipales se han activado para marcar perfil en un asunto que definen como crucial a nivel social y con capacidad para decantar el mapa político en Cataluña, tras la irrupción de la fuerza de ultraderecha independentista Aliança Catalana. En Figueres, Junts ha aprobado una moción donde censura la regularización de personas migrantes decidida por el Gobierno y la tacha de medida “irresponsable y con graves consecuencias económicas y sociales”.
Junts ha centrado sus argumentos en el Congreso de los Diputados en demandar que Cataluña pueda asumir la toma de decisiones sobre inmigración, y para que la negociación con los emisarios del PSOE y Podemos no embarranque, ha evitado atacar frontalmente el proceso regulatorio activado por el Gobierno.
El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, sí critica abiertamente la regularización por tratarse de un “cheque en blanco” que impacta en “asuntos tan cabales como la lengua y la cultura”. La moción, aprobada en el pleno de este jueves, defiende que los flujos migratorios tienen que ser “legales, ordenados, sostenibles y vinculados a las necesidades reales de Cataluña”. El texto apunta que es menester “un sistema claro para una integración real, basado en derechos y deberes, y que se centre en la participación plena de la persona recién llegada en la vida cultural, cívica y económica de Cataluña”. Abunda en la idea de que ciudades como Figueres “ya afrontan grandes dificultades en la gestión de servicios básicos como la atención social, la vivienda, la educación, la sanidad, la convivencia y la seguridad”.
La consejera de Igualdad de la Generalitat, Eva Menor, ha manifestado en el Aquí Catalunya de la Ser que los miedos acerca del proceso de regularización “forman parte de muchos prejuicios que están sobre la mesa” y señala al entorno actual en el que “el discurso del odio genera mucho miedo ”.
En Girona, donde Junts forma parte del pacto de gobierno con la CUP, la teniente de alcalde Gemma Geis exige “diez años de empadronamiento” para poder acceder a la promoción de cincuenta pisos de alquiler social para jóvenes que se está construyendo. “Estas viviendas tienen que servir para dar oportunidades a los jóvenes de Girona”, ha defendido Geis, y ha remachado que “los recursos públicos son, primero, para la gente de la ciudad”.
La idea de usar el padrón para endurecer el acceso a la vivienda asequible ya la han difundido otros alcaldes de Junts, entre ellos el de Sant Cugat del Vallès o el de Vic.
El pasado mes de septiembre Podemos —junto a PP y Vox— frenó en el Congreso la ley para hacer efectiva la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat. Pero la semana pasada el asunto vivió una suerte de resurrección cuando Junts accedió a modificar el preámbulo de la ley. Esa parte del texto generaba el rechazo de Podemos y la formación, mediante su secretaria general Ione Belarra, lo llegó a calificar de “racista”. Belarra acusó al el secretario general del partido independentista catalán, Jordi Turull, de “extender su discurso de odio contra las personas migrantes”.
Junts defiende que el redactado original de la ley ya era un “texto muy técnico” y que, por lo tanto, no va a aceptar modificar nada “del articulado”. Pero sin cerrar la puerta a tocar el preámbulo.
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