La Abogacía del Estado considera que lo que realmente pretende Vox al llevar la ley de nietos al Tribunal Supremo no es solo eliminar el derecho al voto de los nacionalizados por esa norma, sino revocar la concesión de esas nacionalidades. Así lo exponen los servicios jurídicos del Gobierno ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el recurso a la demanda que presentó Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ha derivado en la suspensión temporal del derecho al voto de miles de nuevos nacionalizados. La Abogacía aprecia en el partido de Santiago Abascal un “claro perjuicio ideológico” porque considera que los nacionalizados por esta vía, al ser descendientes de exiliados, “van a optar mayoritariamente por opciones políticas de izquierdas” en futuras elecciones. “Nada de esto se sustenta en la más mínima prueba, siquiera sea indiciaria”, advierte la Abogacía en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El Gobierno recurre la petición del partido de Abascal contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que descartó fiscalizar las nacionalidades de la Ley de Memoria Democrática
El Gobierno recurre la petición del partido de Abascal contra el acuerdo de la Junta Electoral Central que descartó fiscalizar las nacionalidades de la Ley de Memoria Democrática
La Abogacía del Estado considera que lo que realmente pretende Vox al llevar la ley de nietos al Tribunal Supremo no es solo eliminar el derecho al voto de los nacionalizados por esa norma, sino revocar la concesión de esas nacionalidades. Así lo exponen los servicios jurídicos del Gobierno en el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo a la demanda que presentó Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ha derivado en la suspensión temporal del derecho al voto de miles de nuevos nacionalizados. La Abogacía aprecia en el partido de Santiago Abascal un “claro perjuicio ideológico” porque considera que los nacionalizados por esta vía, al ser descendientes de exiliados, “van a optar mayoritariamente por opciones políticas de izquierdas” en futuras elecciones. “Nada de esto se sustenta en la más mínima prueba, siquiera sea indiciaria”, advierte la Abogacía en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS
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