La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, dueño de la empresa de gafas Hawkers, entre otros negocios. El magistrado instructor había archivado la causa contra él y otros cinco sospechosos de introducir, presuntamente, dinero en Europa proveniente de un “fraude” de 4.850 millones de dólares (3.778 millones de euros) derivado de un “supuesto préstamo que se firmó en marzo de 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic” porque concluyó que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción argumentaba que todavía quedaban muchos flecos por esclarecer si había existido un blanqueo de capitales antes de llegar a esa conclusión y los magistrados le han dado la razón.
El instructor había archivado la investigación por blanqueo de capitales y la Fiscalía Anticorrupción había presentado un recurso
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha obligado al juez Santiago Pedraz a reabrir la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, dueño de la empresa de gafas Hawkers, entre otros negocios. El magistrado instructor había archivado la causa contra él y otros cinco sospechosos de introducir, presuntamente, dinero en Europa proveniente de un “fraude” de 4.850 millones de dólares (3.778 millones de euros) derivado de un “supuesto préstamo que se firmó en marzo de 2012 por parte de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administrador Atlantic” porque concluyó que los hechos ya habían sido enjuiciados en Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción argumentaba que todavía quedaban muchos flecos por esclarecer si había existido un blanqueo de capitales antes de llegar a esa conclusión y los magistrados le han dado la razón.
“Se ha justificado por el Ministerio fiscal que los concretos actos de corrupción en Venezuela objeto de las presentes actuaciones no han sido analizados por la resolución extranjera”, indica el escrito de la Sala de lo Penal, “de lo que infiere la relevancia de las diligencias interesadas”. Esto quiere decir que los magistrados también entienden que lo que se investigó en el país que dirige actualmente Delcy Rodríguez no tiene relación con el mencionado préstamo que se concedió por PDVSA y, por tanto, sí hay margen para continuar con las pesquisas españolas.
El germen de esta causa fue una petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza) el 10 de septiembre de 2024 para que España aportara información a un asunto que se llevaba allí sobre lavado de dinero relacionado con la petrolera venezolana y con la Oficina Nacional del Tesoro de aquel país. Lo llamaban ‘Operación Bolívar’. Anticorrupción decidió iniciar una investigación que se centra en “la operación de saqueo del Estado venezolano” mediante “operativas de cambio de divisa” canalizadas a través del petróleo, como contó EL PAÍS.
La investigación se llevó en secreto desde junio hasta noviembre del pasado año e implicaba tanto a Betancourt como a su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, al empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga y a otras tres personas (Ana Graciela Convit, Graciela Guruceaga y Lilia-Cristina López). A los principales investigados se les vincula con los bolichicos, un grupo de empresarios de Venezuela que consiguió amasar una fortuna en el país al calor del chavismo entre 2009 y 2011.
La Fiscalía Anticorrupción considera que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de euros. Con esos fondos, se han abierto sociedades y se han comprado acciones de todo tipo. Los funcionarios venezolanos que fueron sobornados ya han reconocido su implicación ante las autoridades de Estados Unidos y han sido declarados culpables y condenados allí y ahí coloca el origen delictivo.
El juez Pedraz, sin embargo, entendió el pasado mes de marzo que no había quedado acreditada la “perpetración de delito alguno”. “La justicia venezolana es la competente para investigar y enjuiciar los delitos que cometen sus ciudadanos en su territorio. Y, visto que en el presente caso ha determinado que el préstamo […] es conforme a la legalidad de dicho país y no constituye delito, la resolución dictada al efecto tiene eficacia jurídica internacional, máxime a la vista del convenio [firmado] entre España y Venezuela sobre ejecución de sentencias penales de 1994”, resolvió el magistrado.
Pero para Anticorrupción el asunto se había “cerrado prematuramente” porque lo que se analizó en Venezuela no fue la corrupción entre “los empresarios y los funcionarios corruptos”, que era lo que estaba en el foco en España. Además, el fiscal veía una “contradicción” en el hecho de que Pedraz hubiera acordado previamente la testifical de algunos testigos venezolanos y, sin escucharlos, hubiera decidido archivar directamente. En concreto, desde el 9 de octubre estaba pendiente la toma de declaración de cinco empresarios para lo que se había acordado una comisión rogatoria a Estados Unidos: Luis Carlos de León, exdirector financiero de La Electricidad de Caracas (filial de PDVSA); Abraham Edgardo Ortega Morales, exdirector ejecutivo de planificación financiera de la petrolera; Luis Fernando Vuteff, empresario argentino y yerno del líder opositor venezolano Antonio Ledezma, condenado en Estados Unidos por blanqueo de capitales; Álvaro Ledo Nass, abogado también procesado en Estados Unidos y Carmelo Antonio Urdaneta, alto funcionario del ejecutivo bolivariano.
La importancia de esas declaraciones es esencial para acreditar los actos de corrupción en Venezuela”, explicaba el fiscal. Por ejemplo, porque algunos de ellos como Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico general del Ministerio de Energía y Petróleo, se declararon culpables ante la Justicia de Washington y esto provocó la condena de más de tres años de cárcel para él y más de dos años para Abraham Ortega.
Además, el último escrito de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apuntaba la posibilidad de pedir una comisión rogatoria a Venezuela para que aportaran datos de las pesquisas allí. La Audiencia Nacional ha estimado así el recurso de Anticorrupción y cree se ha acordado un “sobreseimiento” “prematuro” por lo que es necesario seguir investigando y tomar declaraciones a los testigos.
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