La Fiscalía investiga a los concejales que retrasaron la anulación de la licencia del Algarrobico

La Fiscalía de Almería ha abierto una investigación para aclarar si siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras (Almería, 8.458 habitantes) cometieron un delito de prevaricación al retrasar la votación sobre la anulación de la licencia del hotel del Algarrobico. Estaba prevista para el pasado 17 de junio en un pleno municipal, pero entonces cinco ediles del PSOE y dos no adscritos decidieron posponer la decisión. Ello soliviantó a entidades ecologistas como Greenpeace o Salvemos Mojácar y ésta última lo denunció ante el ministerio fiscal porque lo consideró una “desobediencia inadmisible” y “un acto de prevaricación manifiesta”. La licencia que permitió la construcción del inmueble, símbolo de la especulación salvaje en la costa, fue anulada finalmente el 7 de julio tras un ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Aquella jornada a mediados de junio era muy señalada porque, más de dos décadas después, estaba previsto que en ella se cancelase el permiso que el consistorio almeriense otorgó para levantar el hotel en el año 2003, cuando estaba en manos socialistas. La sorpresa llegó cuando cinco concejales del PSOE, una exedil del PP y otro no adscrito determinaron retrasar la votación cinco días. Lo hicieron porque, sostenían, eran necesarios nuevos informes que determinaran qué indemnización correspondería a la empresa promotora de la construcción si la licencia se anulaba, a pesar de que desde Greenpeace y Salvemos Mojácar han explicado que la Audiencia Nacional ha fallado en distintas ocasiones que la compañía no tiene derecho a ella, como también ha confirmado el Tribunal Supremo. “Lo que hicieron fue una triquiñuela para no tramitar nada y volver a retrasar todo porque en el ayuntamiento no quiere derribar”, asegura José Ignacio Domínguez, abogado de Salvemos Mojácar.

El movimiento de los concejales del PSOE no gustó a la dirección del partido y, ese mismo día, el secretario general de los socialistas almerienses, José María Martín, anunció laapertura de expedientes disciplinarios y comunicó la expulsión temporal de todos ellos. Tampoco a las organizaciones ecologistas que llevan más de 20 años luchando contra el mamotreto que aún permanece en pie en la playa aunque su suelo ha sido declarado como no urbanizable. Salvemos Mojácar denunció entonces a la fiscalía lo ocurrido y se centró en los siete concejales: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández. Ahora, como respuesta, el organismo público ha decidido abrir diligencias de investigación para evaluar si los representantes públicos incurrieron en un delito de prevaricación administrativa. “Es la respuesta habitual: se presenta una denuncia y se estudia”, cuentan fuentes de la fiscalía, donde señalan que se ha requerido al ayuntamiento el acta del pleno celebrado en junio y que explique el motivo por el que fue suspendido. Información que ya ha sido remitida por parte del municipio.

Tampoco gustó el movimiento a Greenpeace, que interpuso un recurso ante el TSJA —al que también se sumaron la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco)— pidiendo que la justicia obligara al ayuntamiento a anular la licencia o que ejecutara la medida. En su respuesta, pocos días después, el TSJA ordenaba al consistorio dictar una resolución para anular la licencia de obras. Otorgó un plazo de 20 días para ello y, si no lo hacían, advirtió que el propio tribunal podía dejarla sin efecto. No hizo falta, porque en otro pleno extraordinario celebrado el 7 de julio se aprobó finalmente esa anulación gracias a los votos del alcalde, Salvador Hernández (Ciudadanos) y los siete concejales que estaban presentes, ya que otros cuatro ―el no adscrito, Felipe Cayuela; dos del PSOE; y la tránsfuga del PP, Ángeles Carrillo― abandonaran la sala en el momento de la votación. Los socialistas que sí votaron a favor pudieron permanecer en las filas del partido.

Salvemos Mojácar ha celebrado las diligencias abierta por la fiscalía. Para la entidad es “una buena señal de que desde la Fiscalía se ve un posible delito que es preciso investigar”, aseguran, según recoge Europa Press. Los responsables de la entidad esperan que esta acción “siente precedente” y terminen “condenándose unas actuaciones inaceptables por parte de dichos ediles”. La asociación sostiene que actuaciones similares han hecho que se acumulen más de 20 años de retrasos para la demolición del hotel, que aún no será efectiva “porque las administraciones no quieren hacer su trabajo”, según se queja Domínguez. “El ayuntamiento tiene la obligación de restablecer la legalidad urbanística, que es demoler, pero la Junta también podría hacerlo”, añade. “Lamentablemente, es probable que haya más años de pleitos”, concluye al explicar que la empresa promotora del hotel aún puede recurrir la anulación de la licencia.