La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado este jueves la pena que solicita para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto ideado por quien fuera su jefa y antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre). El ministerio público, que exigía inicialmente una condena de seis años de prisión para el exdirigente del PP por esta línea de investigación del caso Lezo, ha movido ficha en la fase final del juicio que acoge la Audiencia Nacional y ha anunciado que, debido al tiempo que ha tardado en celebrarse la vista, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas y plantea que se condene a González a cinco años de cárcel.
El ministerio público aprecia la atenuante de dilaciones indebidas y reduce ligeramente su reclamación hasta los cinco años de prisión
El ministerio público aprecia el atenuante de dilaciones indebidas y reduce ligeramente su reclamación hasta los cinco años de prisión
La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado este jueves la pena que solicita para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por el presunto amaño de contratos del Canal de Isabel II para la puesta en marcha de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública en el centro de la capital (un proyecto ideado por quien fuera su jefa y antecesora en el cargo, Esperanza Aguirre). El ministerio público, que exigía inicialmente una condena de seis años de prisión para el exdirigente del PP por esta línea de investigación del caso Lezo, ha movido ficha en la fase final del juicio que acoge la Audiencia Nacional y ha anunciado que, debido al tiempo que ha tardado en celebrarse la vista, aprecia la atenuante de dilaciones indebidas y plantea que se condene a González a cinco años de cárcel.
“Esa adjudicación permitió enriquecerse a los familiares del acusado Ignacio González a cambio de no hacer nada, a costa de los fondos públicos del Canal de Isabel II”, ha arremetido después la fiscal Ana Cuenca durante su alegato final. Hace tiempo que se aventuraba que el ministerio público daría el paso de este jueves. En el primer juicio del caso Lezo, celebrado el pasado septiembre y centrado en supuestas irregularidades en la compra en 2001 de la sociedad colombiana Inassa por parte de Canal (con un sobreprecio millonario), Anticorrupción ya redujo su petición de pena para los procesados en esa vista oral (donde estaban acusados otros excargos del PP).
Este jueves, el ministerio público ha planteado la misma rebaja de pena para las otras cuatro personas que se sientan en el banquillo por delitos de cohecho: además del expresidente autonómico, su hermano Pablo Manuel González; su cuñado José Juan Caballero; José Antonio Clemente, socio de estos familiares del mandatario; e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II.
Este macrosumario de la Audiencia Nacional se abrió hace una década. González fue detenido en 2017 y, tras casi un lustro de pesquisas, se le envió finalmente al banquillo para afrontar tres juicios. En esta primera vista contra él, la Fiscalía sostiene que el exvicepresidente de Aguirre urdió una trama para, desde la cúspide del Canal de Isabel II, “impulsar” un plan para “beneficiar” a su cuñado y hermano, mediante la subcontratación de su empresa, Tecnoconcret (TCT), para trabajos de construcción y explotación del campo de golf habilitado en las instalaciones de la sociedad pública.
El exmandatario del PP negó esa tesis este miércoles: “Jamás he pedido nada en favor de nadie”, dijo durante su declaración como acusado. “Jamás he hecho nada, ni he pedido nada a nadie de la Comunidad, ni del Canal ni de ningún sitio donde he estado. Nada en favor de nadie. Ni he recibido nada”, apostilló ante el tribunal.
Esta vista del caso Lezo, que arrancó el 13 de octubre, se encuentra inmersa en su recta final. Tras la declaración de los procesados del miércoles, las partes han comenzado este jueves a exponer sus conclusiones a los magistrados. Primero, las acusaciones: Fiscalía, Comunidad de Madrid, PSOE (personado como acusación popular) y Ayuntamiento de la capital. A continuación, las defensas. El tribunal dará después la oportunidad a los imputados de ejercer su derecho a la última palabra y, de inmediato, prevé dejar el juicio visto para sentencia.
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